DIRECTOR:
En la última década, el fenómeno criminal en Chile se ha complejizado, aumentando la gravedad y violencia de los delitos a manos del crimen organizado vinculado especialmente al narcotráfico, lo que ha generado una sensación de inseguridad sin precedentes entre los ciudadanos. Esta situación ha puesto en jaque la capacidad de persecución penal y reacción del Ministerio Público y otros actores del sistema de persecución penal.
La reforma que hoy se discute en el parlamento sobre Fortalecimiento del Ministerio Público se destaca entre otros esfuerzos legislativos anteriores porque va acompañada de un presupuesto que la hace seria y realista. En los próximos cuatro años, el número de fiscales se irá incrementando en 205 y de funcionarios técnico-administrativos en 614, lo que permitirá reorganizar el trabajo de las Fiscalías locales y regionales; fortalecer la respuesta en asuntos de flagrancia e inyectar celeridad a las investigaciones y procedimientos judiciales.
Pero esta reforma también aborda cuestiones de transparencia, victimología y probidad. Se crea un registro público de instrucciones del fiscal nacional, fiscal supraterritorial y fiscales regionales. Se fortalece la atención a víctimas y testigos mediante la creación de una División para estos fines, con especial enfoque en víctimas de delitos con connotaciones sexuales. Se crea la Unidad de Integridad y Probidad Interna para investigar oportunamente y prevenir delitos de corrupción en el Ministerio Público.
Nuestra visión es positiva para el proceso de transformación y modernización que, a partir de esta reforma, se implementará en el Ministerio Público, permitiéndole enfrentar de manera más sólida la violencia criminal y los nuevos modelos del crimen organizado.
Silvana Adaros
Derecho Académico UNAB