Subdivisión de predios y espacio a la corrupción

Señor Director:

Desde mediados del año 2022, el Ministerio de Agricultura, el SAG y Conaf, atribuyéndose facultades que la ley no les otorga, han dejado en un terreno nebuloso y turbulento los procedimientos de subdivisión de predios rústicos, ya que quedó bajo el criterio de cada funcionario la autorización de entregar o no una subdivisión, o de permitir la apertura de caminos interiores en los predios particulares. Ese poder muchas veces es mal usado, con lamentables consecuencias.

Hace unos días un funcionario de la oficina Puerto Varas del SAG denunció a otro funcionario el cobro indebido de más de 10 millones de pesos para certificar una subdivisión. El suceso, de amplia cobertura comunicacional, hace sospechar que no es una situación aislada y da para pensar que se pueden replicar en otras oficinas del SAG a lo largo del país. Es muy raro que algunas solicitudes se aprueban de manera muy expedita y otras demoran más de 200 días sin respuestas claras.

Desde nuestro punto de vista, es urgente que las autoridades se pronuncien sobre estas denuncias y se hagan cargo de mejorar las leyes actuales respecto de la subdivisión de predios rurales. Creemos que es urgente establecer un reglamento claro que norme los criterios y los procedimientos para tramitar tanto los certificados de subdivisión como los permisos de edificación que sean solicitados.

Hoy existen proyectos de ley en el Congreso en esta materia, pero que requieren del impulso del Ejecutivo para acelerar su tramitación. Probablemente ninguno de ellos es el ideal, pero permite iniciar las discusiones e ingresar indicaciones que mejoren su contenido.

Jorge A. Guevara

Gerente Chile Rural A.G.