Si bien no deja de ser considerado como el gran pionero que hizo realidad el paradigma de los autos eléctricos, es un hecho que Tesla ha perdido brillo. En una industria ya poblada de nuevos competidores, los inversionistas se preguntan qué tanto está dispuesto a persistir Elon Musk en el segmento principal de la compañía.
Después de que la acción de Tesla cayera durante abril a su precio más bajo en 16 meses, hubo dos saltos importantes: primero, la empresa informó en su comunicado de resultados que adelantará para antes del segundo semestre de 2025 el lanzamiento de modelos más asequibles. Luego, reveló que obtuvo un permiso regulatorio clave para desarrollar servicios de conducción autónoma en China.
Pero este último impulso se desvaneció, mientras los pronósticos de resultados para el segundo trimestre se revisan continuamente a la baja: el Ebitda caería 18% interanual. Por el contrario, el índice Nasdaq de empresas tecnológicas conquistaba nuevos máximos históricos.
¿Qué te pasó, Tesla?
“Se anticipa que el margen bruto de la compañía sufrirá una compresión relevante, mostrando niveles de 2017. Pero creo que el mercado estará mucho más atento a novedades respecto a los planes relacionados a los robotaxis, a si entregan o no más detalles relacionados a sus planes de crecimiento en China y sobre todo a los desarrollos relacionados a la producción de vehículos más económicos”, dijo el portfolio manager de DVA Capital, Felipe Mercado.
Este eventual foco responde a que “hay muchas dudas relacionadas a si efectivamente la compañía está dando un giro y planea transformarse en una firma de Inteligencia Artificial (IA) que despliega su software de conducción autónoma a través de robotaxis, o si sigue comprometida con la electrificación del parque automotriz, con el lanzamiento de un modelo más económico”.
Las recientes tarifas de importación a vehículos eléctricos (EV, por su sigla en inglés) implementadas por la administración Biden han llevado a pensar que el ambiente podría ser más propicio para que Musk decida traer al mercado estos modelos más baratos. Sin embargo, el dueño de Tesla ha eludido pronunciarse respecto de si está determinado a materializar esta iniciativa.
Los robotaxis
Missy Cummings, directora del Mason Autonomy and Robotics Center (MARC), abordó en detalle el problema de los robotaxis en un seminario para clientes organizado por Deutsche Bank. Probablemente están lejos de ser una realidad, ya que las empresas siguen enfrentando desafíos tecnológicos y regulatorios que alejan la meta de lograr un modelo de negocio rentable, dijo Cummings según un recuento de la instancia.
Además la académica hizo hincapié en que Tesla podría quedarse atrás de otras firmas de robotaxis, debido a que sus vehículos aún no cuentan con el hardware necesario -se podría ver forzada a implementarlo tardíamente- y su propuesta de IA integrada de extremo a extremo plantea riesgos importantes.
El paso adelante en China no ha despejado la gran incertidumbre. Si bien abre la puerta al mayor mercado de EV, poco se conoce sobre la iniciativa en términos concretos, salvo que se lograría a través de un acuerdo con la compañía local Baidu para el licenciamiento de mapas.
Mercado, si bien reconoció las ventajas de este último punto, reparó en que “acá nuevamente volvemos a las dudas que el mercado tiene sobre el éxito de los vehículos autónomos”. Además “no existe información sobre el costo que acarrea esta asociación para la compañía y si tiene o no un impacto económico significativo para sus operaciones en China”.
Decir “autos eléctricos” ya no equivale a decir Tesla, como pudo haber sido en la práctica hace algunos años, ya que BYD se está alzando como un digno rival de la estadounidense. De hecho, se espera que este año el fabricante chino entregue un total de 1,83 millón de EV, cifra casi idéntica a la que se espera de Tesla, de acuerdo con las estimaciones de consenso en Bloomberg. Para BYD, esto representaría la mitad de sus envíos totales de vehículos.
Alza del cobre
¿Las alzas que ha tenido el cobre suponen un problema para Tesla? Manuel Losa, senior investment manager de Pictet Asset Management, espera que presione los márgenes de la industria en general. Sin embargo, “las tasas de interés, la escala, el continuo desarrollo de esta tecnología y la competencia seguirán siendo las principales claves”. Asumiendo que el mercado se comporta de manera racional, indicó que “cualquier subida y bajada de precios de commodities serán un pass-through al cliente final”.
Mercado hizo los números: si el cobre de un EV abarca entre 90 y 110 kilogramos incluyendo batería, cableado y otros componentes, un eventual 100% de aumento en los precios del cobre se traduciría en algo más de US$ 1.050 de costo adicional. Y dependiendo del modelo Tesla, este sobrecosto representaría del orden de 0,8% y 2,7% del precio final.
En medio del auge de nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) generativa, el año pasado la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, abrió la discusión en esta materia y creó la Mesa “Legislando sobre Inteligencia Artificial” con el fin de aportar insumos para regulaciones y políticas públicas.
Se crearon cinco submesas de trabajo integradas por más de 100 actores de la academia, industria y sociedad, las que elaboraron un documento con propuestas en ética, industria y desarrollo, políticas públicas, educación y talento, y responsabilidad y sesgos, el que se entregó al ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).
Para dar continuidad a este trabajo, la Mesa de IA solicitó una reunión con la ministra de CTCI, Aisén Etcheverry. El encuentro se realizó este martes y participaron los 10 chair de las submesas y la senadora Ximena Rincón, quien presidía la comisión Desafíos del Futuro cuando se conformó la mesa.
La senadora calificó la reunión como “positiva” y señaló que hay muchos temas de esta propuesta que se incluyeron en el proyecto de ley de IA del Ejecutivo, y “otras que la idea es que sigan revisándose” y acompañen el proceso legislativo.
Comité y recursos para IA
En la reunión se acordó crear un comité técnico para asesorar al Ejecutivo en temas de IA, el que estará compuesto por los 10 líderes de las submesas y que sesionará una vez al mes.
La senadora Rincón señaló que el objetivo de esta instancia es acompañar la discusión legislativa y de políticas públicas.
“Hay una convicción que no todo requiere ley y que hay muchas cosas que se pueden ir avanzando a través de definiciones y coordinaciones del Gobierno o que se implementen en el sector productivo o educacional”, dijo.
En tanto, la chair de la submesa de Industria y Desarrollo, y CEO de Singularity Chile, Bárbara Silva, comentó que con este comité se busca “que el diálogo continúe, se levanten temas para hacer coordinaciones cruzadas entre los distintos ministerios y detectar oportunidades para la IA desde la política pública”.
Durante la reunión también se acordó poner “especial énfasis” en cómo aplicar IA en todos los ministerios durante la discusión de la próxima Ley de Presupuestos.
La senadora Rincón señaló que la IA se puede aplicar, por ejemplo, a las listas de espera en salud y en el ámbito de la seguridad y crimen organizado.
“El año pasado tuvimos más de 70 mil personas esperando y creemos que tiene que ver con gestión y no necesariamente de recursos”, dijo.
En noviembre de 2019, menos de un mes después del “estallido social”, el Congreso aprobó un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. El efecto inmediato significó evitar un alza de 9,2% promedio en las cuentas de la luz. Esta fue una de las medidas de la agenda social anunciada por el exPresidente Sebastián Piñera, que benefició a las familias chilenas. Así, las tarifas fueron congeladas para los clientes regulados hasta diciembre de 2020, medida que posteriormente fue extendida, debido a la pandemia.
Se comentó, en su minuto, que esta decisión permitiría, además, adelantar la rebaja de tarifas que se esperaba a partir de 2023, como consecuencia del ingreso de energías renovables y otros contratos más baratos -lo que al parecer no era tal-, como también porque se neutralizaría el efecto del dólar, que en los días posteriores al estallido sufría los efectos del over shooting o sobrerreacción, característica del tipo de cambio.
Con el alza de tarifas eléctricas ha pasado lo que siempre ocurre con los malos acuerdos: nadie quiere pagar las cuentas cuando el momento llega.
No había nadie que no sacara cuentas alegres en noviembre de 2019. Se hablaba del profundo análisis técnico realizado y del diálogo político transversal que había posibilitado que, en menos de tres días de tramitación, se aprobara este gran acuerdo. Pero como siempre pasa con los malos acuerdos, nadie quiere después pagar las cuentas y ahora llegó el momento de hacerlo.
El congelamiento de las tarifas llevó a que las empresas de generación eléctrica registraran una cuenta por cobrar en sus balances. Y como en toda firma -PYME, mediana o grande-, llega el momento de pasar por caja una cuenta por cobrar, aunque uno pueda dar plazo a los clientes. En la actualidad, esa cuenta por cobrar o ese activo que tienen las generadoras alcanza a US$ 6 mil millones, lo que equivale a 2 puntos del PIB. Dado que Chile es un país serio, y como tal tiene una reputación que cuidar, se deben pagar las obligaciones con las empresas generadoras que, además, son extranjeras.
Y, como no hay mal que dure 100 años ni deuda que no se pague, la semana pasada se supo que, a partir de julio de este año, las cuentas de la luz comenzarán a reajustarse para pagar esa deuda. Por esta razón, se registrarán incrementos de hasta 30%, en pleno invierno, cuando el consumo de luz es mayor y donde un alza de esta magnitud afectará sobremanera a las familias más vulnerables. Como mitigación, se aplicarán subsidios para el 1,5 millón de familias en tales condiciones.
Lo extraño es que, ahora, el oficialismo presiona por frenar las alzas, preocupado por su efecto en la inflación, siendo que en su momento fueron las mismas personas las que aprobaron los retiros de los fondos de pensiones que desembocaron en la inflación anual de 14%. Pareciera que si frenamos el aumento de las tarifas eléctricas viviríamos, entonces, en una suerte de país mágico donde los ajustes se postergan para siempre, en una especia de esquema de Ponzi. Pero la realidad es otra; en los juegos de caja los billetes son de papel, pero en la realidad los compromisos que se asumen se respetan y las cuentas se pagan.
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JAVIERA CÉSPEDES Socia Mizón Abogados IAN HENRÍQUEZ Doctor en Derecho U. DE Los Andes
JAVIERA CÉSPEDES Y IAN HENRÍQUEZ
La ética no es solo una cuestión de conciencia, sino un pilar fundamental en el actuar de las personas, especialmente de quienes desempeñan funciones públicas. En el contexto del derecho chileno, la obligación de incorporar la ética en la conducta de los funcionarios públicos es clara y está bien establecida. Tanto la Constitución, como la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, consagran el principio de probidad, definiéndolo como la obligación de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal, siempre priorizando el interés general sobre el particular. Sin embargo, la realidad muchas veces muestra una brecha entre la teoría y la práctica.
El último “Reporte sobre principales resultados de auditoría 2022”, de la Contraloría General de la República al servicio público, revela un panorama preocupante: contabiliza 13.178 observaciones, con un monto objetado por más de $ 2.191.776.699.242, equivalente a cerca de 3,4% del presupuesto fiscal de ese año. Estos números reflejan no solo un problema de coherencia en el respeto al principio de probidad, sino una crisis en las instituciones públicas, agravado por la falta confianza de la ciudadanía en las mismas y exacerbado por casos de corrupción y la creciente influencia de la narco-cultura.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU incluyen entre sus propuestas prevenir la corrupción. En ese marco, Chile debiera avanzar tanto en la creación de normas, como en asegurar su cumplimiento.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que el actuar ético sea una constante en la carrera funcionaria? La respuesta podría estar en la educación y en la creación de incentivos. No basta con la existencia de códigos de ética; es imprescindible mejorar la formación ética de los funcionarios, desde su incorporación al servicio público y a lo largo de toda su carrera. Incluso, podría llevarse un registro de las consultas canalizadas donde se destaquen las buenas y las malas prácticas que se han visto en las instituciones, no solo para lograr un adecuado monitoreo de las consultas y denuncias, sino también para lograr un mejor autocontrol y autocrítica por parte de quienes ejercen la función pública.
Implementar un sistema de distinciones y retribuciones, que además de las económicas incluya reconocimientos simbólicos, podría ser una estrategia efectiva para incentivar la ética individual. Esta medida no solo premiaría el desempeño honesto, sino que también construiría una cultura institucional más íntegra para nuestro país. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente en el objetivo 16, destaca la importancia de prevenir la corrupción como un camino hacia el desarrollo sostenible. Chile, al integrar la probidad administrativa en esta agenda, debe avanzar no solo en la creación de normas, sino en asegurar su cumplimiento efectivo.
En conclusión, la ética en el servicio público no puede quedarse solo en el ámbito de las buenas intenciones. Requiere de acciones concretas, educación continua y sistemas de incentivos que promuevan y premien el actuar probo. Solo así podremos enfrentar los desafíos actuales y construir una administración pública que sea realmente un reflejo de integridad y servicio al bien común.