Este miércoles los regidores del Municipio de Santiago, Juan Mena (Ind) y Rodrigo Mekis (Chile Vamos) acudió a la Contraloría para hacer una nueva presentación sobre los antecedentes de la compra de la ex clínica Sierra Bella, en la que acusaron a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) de transgredir la ley del Ministerio de Hacienda sobre responsabilidad fiscal que establece que los servicios públicos requieren autorización de esa cartera para contraer obligaciones de pago futuras.
En el documento de ocho páginas, los regidores, junto con Adriana Morán Moya (ex concejal de Santiago 2016-2020) detallan su cuestionamiento al sostener que en realidad “es evidente que el precio de compra previamente detallado, Se acordó en 3 cuotas, lo que crea una obligación futura por parte de la Municipalidad de Santiago. Lo anterior consta en la cláusula tercera del contrato suscrito entre el Alcalde (en representación del Municipio) y la empresa Inmobiliaria San Valentino SPA”.
Los concejales acusan que al pactar esta forma de pago, el municipio omitió un “trámite indispensable para la vigencia del contrato, este es la autorización previa del Ministerio de Hacienda” establecido en el artículo 14 de la Ley N° 20.128. Este sostiene que “los organismos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, Necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse en contratos de arrendamiento de bienes con opción a compra o adquirir el bien arrendado en otro título y para celebrar cualquier tipo de contrato o convenio que dé lugar a obligaciones de pago futuras. para obtener la propiedad o el uso y goce de ciertos bienes, y ciertos servicios”, explicó.
Y agregan que “por lo tanto, al violar un requisito legal, previo al convenio con la referida empresa, la Municipalidad de Santiago, incurre en una transgresión notoria de la norma, actuando por tanto fuera de sus atribuciones, violando lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución”. ”.
La presentación se da luego de otras tres realizadas previamente en la Contraloría y que forman parte de los antecedentes de la investigación administrativa contra el municipio para esclarecer por qué accedió a pagar $8.200 millones a la Sociedad San Valentino por el inmueble ubicado en la calle Sierra Bella cuyo avalúo el impuesto es de $1.940 millones, pero que se había ofrecido en portales públicos por $3.347 millones.
Esto, sumado a dos denuncias que se han presentado en las últimas semanas en el Juzgado 7 de Garantías de Santiago a fin de esclarecer si hay o no delito en la compra cuestionada, por lo que la Fiscalía ya abrió una investigación.
“Por parte del municipio, al día de hoy, a pesar de que en todos los consejos comunales y en las comisiones municipales hemos solicitado que nos brinden antecedentes, no nos han enviado nada (…). YPor eso todas las cartas que se han enviado son para transparentar el proceso en virtud de la celeridad con que se lleva a cabo esta operación y la falta de precedentes que tenemos los regidores, que se nos omite.”, comentó el concejal Mena a La Tercera.
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