Continúan las repercusiones luego de que la Dirección del Trabajo (DT) aclarara el mecanismo para aplicar la primera rebaja de la jornada laboral desde 45 a 44 horas, ante denuncias de que empleadores estaban distribuyendo la primera hora de reducción a través de los cinco días de la semana, estableciendo por ejemplo que a algunas personas se les acortara su jornada en 12 minutos por día.
En cambio, el regulador señaló en un nuevo dictamen ayer que la reducción debe ser de una hora al día efectiva y no fraccionada entre distintos días.
Aquello ha generado diversas reacciones entre los gremios empresariales, advirtiendo principalmente que se iría en contra de la gradualidad en la implementación de la rebaja de jornada a 40 horas desde el 2028.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, calificó el dictamen de la DT como de “última hora” y que “no respetaría el sentido de gradualidad” en la nueva jornada laboral.
“NJos preocupa que este tipo de dictamen se emita a una semana de la entrada en vigor de la ley que se promulgó hace un año, tiempo en el que las empresas realizaron un análisis de su estructura organizacional, evaluaron el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio, tomaron decisiones respecto a la operación e hicieron cambios en los contratos de trabajo para cumplir lo requerido en la ley”, manifestó la dirigenta gremial.
Asimismo, la titular del comercio capitalino advirtió que se estaría imponiendo una “fórmula específica” de recorte de jornada: “La DT interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada máxima semanal, limitándola a una disminución total de 1 hora, cuyo principal objetivo es la adecuación de la estructura empresarial a esta modificación legal, en 1 día a la semana, considerando que la propia Ley no establece esa distinción”.
“Podría incluso considerarse contraria a la gradualidad con que se pretende implementar la ley, que fue justamente una de las negociaciones y acuerdos principales de la tramitación, pues para el día en concreto en donde se materialice la reducción, no habrá, en la práctica, gradualidad alguna”, agregó Vial.
Por su parte, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) también se manifestó en contra del dictamen del regulador, calificándolo de una “imposición fuera de norma”.
El presidente de Achiga, Máximo Picallo, señaló que la nueva norma afecta de manera relevante al sector, considerando que las empresas ya han tomado sus decisiones internas para hacer este ajuste en virtud de las necesidades y regímenes internos de cada organización, adaptándose a sus propias realidades y a lo que exige la ley, “por lo que sacar este conejo del sombrero a última hora, nos parece del todo inadecuado e improcedente, ya que contraviene la propia normativa”.
“La Dirección del Trabajo no puede imponer un aspecto que no está contemplado en la norma y menos hacerlo con este grado de sorpresa, casi encima de la entrada en vigor de la ley. En el caso de la gastronomía, en su mayoría son empresas PYME, para las que este proceso de reducción de la jornada laboral es muy complejo, entre otros aspectos, porque es un rubro que funciona con un régimen laboral particular, que obliga a hacer este ajuste de forma muy planificada para cumplir con la disposición, donde se ha programado con los trabajadores esa reducción, y no se pueden cambiar las reglas establecidas a última hora, y menos aún, si no está contemplado en el cuerpo legal”, cerró el dirigente.
Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos, (Asimet) también cuestionaron el pronunciamiento, y señalaron que el dictamen “cambia las reglas del juego”.
“Nos sorprendió que a una semana de este plazo la Dirección del Trabajo emitiera un dictamen aclaratorio que echó por tierra este trabajo. No es recomendable que se cambien las reglas del juego a última hora cuando como sector productivo ya nos habíamos adecuado a la normativa. Esto nos lleva a pensar que la autoridad desconoce cómo funciona en la práctica el sector productivo”, dijo el presidente de Asimet, Fernando García.
El dirigente gremial, además, planteó que esto no ayuda a construir un clima de confianza.
“Hace unos días escuchamos al Presidente de la República afirmar que el deber del Estado es generar un clima de confianzas que le dé viabilidad a la inversión. Ciertamente, este tipo de anuncios, emitidos a última hora, no van en esa dirección, y retrasan aún más el camino hacia la reactivación económica que necesita retomar hoy el país con urgencia, principalmente para generar más puestos de trabajo de calidad para los chilenos”, concluyó García.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.