Hace unos días, la Dirección del Trabajo generó un intenso debate entre los actores del mercado laboral luego de publicar un dictamen en el que limitó que, ante la ausencia de un acuerdo entre las partes de la relación laboral, los empleadores distribuyan la primera parte de la reducción de jornada en minutos.
En dicho documento, el servicio sostuvo que en el evento de no existir acuerdo para la adecuación de la jornada diaria de trabajo, el empleador deberá, en el caso de que la jornada laboral se encuentre distribuida en cinco días, reducir al menos una hora al término de la jornada diaria en alguno de los días que forman parte de la jornada semanal. Así, se descartó la fórmula de distribución en minutos, ante denuncias de trabajadores de que se les estaban rebajando las jornadas en apenas 12 minutos al día.
Y si bien el pronunciamiento fue respaldado por varias federaciones y sindicatos, entre los expertos y el mundo privado el texto fue duramente criticado, ya que “no respetaría lo establecido en la ley”, polémica que desencadenó que la comisión de Trabajo del Senado invitara al director del Trabajo, Pablo Zenteno, y a la ministra de la cartera, Jeannete Jara, para explicar los puntos que llevaron a que el servicio emitiera dicho documento.
“Cuesta entender por qué algunos senadores pudieran hacerse partícipes de la interpretación de los 12 minutos, realmente, porque no es lo que se conversó en ningún momento”, dijo la ministra Jara ante parlamentarios.
El debate
El inicio de la polémica radica en que la Ley establece que, a falta de acuerdo, el empleador deberá “efectuar la adecuación de la jornada reduciendo su término, en forma proporcional entre los distintos días de trabajo, considerando para ello la distribución semanal de la jornada”.
Y si bien para algunos parlamentarios el pronunciamiento de la DT no respetaría esto, para Zenteno y Jara sí lo haría. De hecho, el titular de la DT reiteró que el dictamen en cuestión, además de respetar el espíritu de la ley, va en línea con los otros dictámenes entregados sobre la Ley de 40 horas. “No existe ninguna contradicción desde el punto de vista del ejercicio de la facultad dictaminadora”, sostuvo el director del Trabajo.
Sin embargo, sus palabras no convencieron a todos los parlamentarios. El senador RN, Rodrigo Galilea, de hecho, se mostró sumamente crítico y comenzó cuestionando que la DT incluyera un comentario de él en el polémico dictamen.
“Me pareció de mal gusto citar dentro de la resolución a un senador, en este caso yo, para justificar una interpretación con la que yo no estoy de acuerdo”, partió cuestionando Galilea, agregando que lo óptimo hubiese sido que la problemática en torno a si se podía o no distribuir la reducción se resolviera en el Congreso.
“Se lo digo de corazón, ministra. Yo hubiera solucionado esto de manera muy distinta a cómo lo están haciendo, porque esta ley no merecía terminar con una implementación que está llena de controversias”, planteó.
Sus palabras generaron eco en el senador Evopoli, Luciano Cruz-Coke, quien agregó que “acá hubo una planificación de muchas empresas que, a días de implementarse la norma en la práctica, se ven sorprendidos con un dictamen que cambia de criterio, que es intempestivo y que muy probablemente va a terminar en la Corte”, criticó.
El senador socialista, Gastón Saavedra, por su lado, respaldó el actuar de la DT, recalcando que su rol es aclarar las incertidumbres. “El señor que está acá presente tiene que hacer la interpretación que corresponde para el cumplimiento de la ley”, sostuvo, agregando que la DT “tiene que decir cómo cumplir la ley, y la jornada laboral es por hora”.
Luego fue el turno de la ministra Jara, quien cuestionó la postura de los senadores de oposición. “Cuesta entender por qué algunos senadores pudieran hacerse partícipes de la interpretación de los 12 minutos, realmente, porque no es lo que se conversó en ningún momento”, dijo la secretaria de Estado.
“Cuando se empieza a forzar esto y a dividirlo en minutos, no tiene nada que ver con lo que aquí se legisló, del tenor literal del artículo tercero transitorio, ni de lo que se conversó en el acuerdo tripartito”, cuestionó Jara, recalcando que como Gobierno harán un intenso acompañamiento a las empresas para aplicar la reducción de jornada.
Por último, Zenteno reiteró que sus pronunciamientos los han hecho “en el marco de esta institución y este es un dictamen que efectivamente tiene un fundamento. Tuvo una reflexión jurídica a partir de una regla básica que se establece en el artículo 19 del Código Civil, y es que cuando evidentemente hay dudas sobre el tenor literal, hay que consultar el espíritu de la norma”.
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Después de 13 años y una crisis de proporciones de por medio, los caminos de PwC y La Polar se vuelven a cruzar.
En junio de 2011, la multitienda informó al mercado las millonarias repactaciones unilaterales que había aplicado a sus clientes sin su consentimiento, desencadenando una crisis financiera en el retailer.
Los ejecutivos de La Polar, encabezados en ese momento por Pablo Alcalde fueron señalados por las autoridades y políticos como los principales responsables del escándalo.
Pero no estaban solos. En una segunda línea se ubicó PwC, la consultora externa que había auditado los estados financieros de la multitienda.
“Agradecemos la confianza de quienes lideran en el presente Empresas La Polar S.A, que son otros ejecutivos, otros directores y otros accionistas. Es otra empresa. Y PwC también es otra firma. Con otros socios, otros equipos y aprendimos mucho de todo lo ocurrido”, dijeron desde PwC.
La compañía, en ese entonces encabezada por Luis Enrique Álamos sufrió una fuga de clientes, en especial, una de sus mayores cuentas, Bci, que en 2012 decidió no seguir con sus servicios.
Nuevamente juntos
Pero después de 13 años, tanto La Polar como PwC cambiaron. Y mucho. El mayor ejemplo son los controladores de la multitienda, hoy comandada por Leon Vial, y por el lado de la auditora, actualmente es dirigida por Renzo Corona.
Ya sin la presión de las AFP – que hoy no tienen el peso accionario de 2011- La Polar convocó a su junta ordinaria de accionistas para el 25 de abril pasado, votando, entre otras materias, la elección de la auditora externa.
Según consta en el acta de la última junta ordinaria de accionistas, el directorio recibió cotizaciones de parte de EY (UF 16.975 y 19.273 horas), KPMG (UF 14.500 por 12.050 horas) y PwC (UF 12.980 y 12.410 horas).
El entonces vicepresidente de La Polar (hoy presidente tras la renovación de la mesa directiva), Manuel Vial Claro, presidió la asamblea e indicó que el directorio y el comité de directores acordaron proponer a a PwC como auditora externa.
En el acta de la asamblea de La Polar, se expresó que, tal como se había informado previamente a los accionistas a través del sitio web de la compañía, “la razón que motivó su proposición fue, fundamentalmente, su vasta experiencia en la industria con clientes similares”.
La votación de la “Big Four” como la auditora contó con el 90,74% de la aprobación de las acciones presentes en la junta. Aunque hubo tres excepciones: Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes se abstuvo; la corredora de bolsa de LarrainVial concurrió con la mayoría de sus acciones y se abstuvo con una parte menor; y 166 acciones que representaba Bci Corredor de Bolsa aprobó la idea, mientras 105 millones de acciones se abstuvo.
El declive de las AFP y la negociación de Bulnes
Hace varios años era común ver a los fondos de pensiones dentro de los principales accionistas de la empresa de retail, mientras que hoy ninguna de las AFP figura en el listado de los 12 principales accionistas, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al cierre de marzo.
Esa posición fue la que las llevó a tomar un protagonismo cuando estalló el caso, representando los intereses de los minoritarios, llegando a reclamar en tribunales contra exgerentes de La Polar y PwC, aunque nunca contra el exdirectorio de la multitienda.
En septiembre de 2021, la Corte Suprema, resolvió los recursos de AFP Provida y AFP Capital, fallando en contra de PwC Chile, y obligando a la “Big Four” a pagar una indemnización a los fondos de pensiones afectados por el caso.
Finalmente, en febrero de 2022, PwC logró sellar -tras la negociación liderada por el abogado y excanciller, Felipe Bulnes- un acuerdo en torno a indemnizaciones por US$ 64 millones a las AFP y Moneda.
La respuesta de PwC
Desde PwC Chile sostuvieron a DF que “luego de las juntas de accionistas 2024, PwC Chile sigue siendo la firma más reconocida del país, auditando al 38% de las empresas IPSA y el 37% de las IGPA, además de varias centenas de empresas que confían en la calidad de nuestros equipos, y en el prestigio y vasta experiencia construida en los 110 años que llevamos en el país”.
En ese contexto, manifestaron que “para nosotros es un orgullo que las juntas de accionistas y directorios depositen su confianza en nuestras capacidades como auditores externos”.
Consultados específicamente por la decisión de La Polar, señalaron: “en este caso particular, obviamente agradecemos la confianza de quienes lideran en el presente Empresas La Polar S.A, que son otros ejecutivos, otros directores y otros accionistas. Es otra empresa. Y PwC también es otra firma. Con otros socios, otros equipos y aprendimos mucho de todo lo ocurrido”.
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El gobierno de Xi Jinping anunció su intento más contundente hasta el momento para rescatar el asediado mercado inmobiliario chino, relajando las reglas hipotecarias e instando a los gobiernos locales a comprar viviendas no vendidas mientras las autoridades están cada vez más preocupadas por el lastre del sector sobre el crecimiento económico.
El paquete de apoyo también incluye requisitos de pago inicial más bajos para los compradores de viviendas y unos 300.000 millones de yuanes (US$ 42.000 millones) de financiación del banco central para ayudar a las empresas respaldadas por el gobierno a comprar el exceso de inventario de los promotores. Esas propiedades luego se convertirían en viviendas asequibles.
Si bien los inversionistas en acciones aplaudieron la noticia (lo que hizo que el índice de acciones de los promotores subiera casi un 10% el viernes), no está nada claro si el plan para poner fin a la crisis inmobiliaria tendrá éxito.
El financiamiento anunciado por el banco central de China es sólo una fracción de lo que algunos analistas dicen que se necesita para abordar el desajuste entre oferta y demanda en el sector inmobiliario, y muchos compradores potenciales están esperando que los precios caigan aún más antes de intervenir.
Sin embargo, el anuncio del viernes subrayó el renovado enfoque de Xi en apuntalar la segunda economía más grande del mundo, que enfrenta una serie de desafíos, desde el aumento de los aranceles estadounidenses hasta el desempleo juvenil históricamente alto. La pregunta ahora es si las autoridades pueden reunir la combinación adecuada de poder financiero y ajustes de políticas para apuntalar la confianza sin volver a los excesos especulativos de décadas anteriores.
“Esto es un poco similar al rescate de instituciones financieras que atraviesan la Gran Crisis Financiera”, dijo Zhu Ning, profesor de finanzas del Instituto Avanzado de Finanzas de Shanghai, durante una entrevista con Bloomberg TV. “Pero al final, a menos que el gobierno central intervenga y extienda su propio crédito al mercado inmobiliario, es un poco difícil o demasiado prematuro para nosotros creer que estamos fuera de peligro”.
Se estima que el programa de préstamos se traducirá en 500.000 millones de yuanes de crédito en total para la compra de viviendas, dijo el banco central. Esto está por debajo de las estimaciones de los analistas, que sitúan la financiación necesaria entre 1 billón y 5 billones de yuanes, dependiendo de la escala y la velocidad con la que el gobierno asimila el inventario de viviendas.
Los mercados reaccionaron positivamente. El índice inmobiliario de la Bolsa de Valores de Shanghai subió un 6,2%. Un indicador de Bloomberg de las acciones de los desarrolladores chinos aumentó un 9,6%, llevando las ganancias al 16,8% este año.
El anuncio marca una nueva fase para la postura de Beijing sobre la propiedad, siete años después de que Xi dictara que “las casas son para vivir, no para especular”. Las últimas medidas, si bien potencialmente aliviarán la presión sobre los promotores, acelerarán los planes de Xi de aumentar la vivienda pública.
Paquete de medidas
El viceprimer ministro He Lifeng destacó ante los funcionarios durante una reunión el viernes que “el sector inmobiliario está relacionado con los intereses de las masas y con la cuestión más amplia del desarrollo económico”.
También enfatizó la necesidad de impulsar los llamados “tres grandes proyectos” que involucran vivienda asequible, renovación urbana e infraestructura pública.
El viernes, el banco central redujo el ratio mínimo de pago inicial para compradores por primera vez al 15%, un mínimo histórico, según Yan Yuejin, director de investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo E-house de China. Los compradores de segundas viviendas ahora deben aportar un 25%, y ambas medidas representan un recorte de 5 puntos porcentuales.
Cada ciudad aún tendrá que tomar sus decisiones sobre las tasas hipotecarias, después de que se eliminó el mínimo a nivel nacional. Las localidades pueden decidir si aún mantienen un tipo mínimo de tasa hipotecaria y su nivel.
Más de tres años después de que China impusiera restricciones estrictas a la deuda de los promotores, las empresas inmobiliarias, incluida China Vanke Co., respaldada por el estado, están al borde del abismo. En conjunto, han incumplido pagos de US$ 124 mil millones de deuda. Está amenazando la estabilidad social a medida que aumentan las protestas y el inventario de viviendas sin vender ronda el máximo en ocho años.
Con las obras de construcción paralizadas y los promotores en mora, alrededor de 5 millones de personas corren el riesgo de sufrir desempleo o reducción de ingresos. Las imágenes de zonas de edificios vacíos y obras públicas incompletas se convirtieron en símbolos globales de la menguante confianza de la nación y el descontento con el manejo de la economía por parte de Xi.
Las autoridades están dando una sensación de urgencia, ya que los datos oficiales del viernes mostraron que los precios de las viviendas en abril registraron las caídas intermensuales más pronunciadas en una década. Una serie de medidas adoptadas el año pasado no lograron detener la espiral descendente.
El viceprimer ministro He también dijo que las autoridades locales deberían recomprar o retirar parcelas de tierra que se han vendido pero siguen inactivas, como medio para aliviar las tensiones de flujo de caja de los promotores.
El programa de représtamo del banco central consiste en financiación barata ofrecida a los prestamistas. Proporciona dinero por valor del 60% del principal de los préstamos bancarios otorgados a empresas estatales regionales seleccionadas cuidadosamente por los gobiernos locales para comprar viviendas no vendidas a precios razonables.
China también podría considerar herramientas de financiación, incluidos bonos soberanos especiales y bonos especiales de gobiernos locales, según Bruce Pang, economista jefe para la Gran China de Jones Lang LaSalle Inc.
Eso podría exacerbar el nivel de deuda pública, que se disparó al 56% del producto interno bruto el año pasado.
Reducir las tasas hipotecarias
China comenzó a reducir el piso nacional de las tasas hipotecarias en 2022 y permitió a las localidades que sufrieron las mayores caídas establecer sus propias tasas mínimas. Tales medidas han llevado a una caída en la tasa promedio de las hipotecas recién otorgadas al 3,69% en el primer trimestre (la más baja desde que comenzaron los registros en 2009), pero no lograron estimular la demanda de compra.
Según el banco central, más del 40% de las ciudades ya han reducido el mínimo de la tasa hipotecaria o lo han eliminado a finales de marzo.
“La relajación de la política es sólo una relajación marginal de las restricciones crediticias”, dijo Raymond Yeung, economista jefe para la Gran China de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. “Dudo que estas medidas puedan alterar las expectativas de los hogares sobre las perspectivas inmobiliarias”.
Se espera que estas medidas reduzcan aún más los márgenes de los prestamistas estatales chinos. La prolongada crisis inmobiliaria ya ha reducido los márgenes de interés netos y ha aumentado los préstamos incobrables.
El margen de interés neto de los bancos chinos cayó a un mínimo histórico del 1,69% a finales del año pasado, muy por debajo del umbral del 1,8% que se considera necesario para mantener una rentabilidad razonable.
“Los efectos dependerán de si los consumidores se animarán”, dijo Shen Meng, director del banco de inversión Chanson & Co, con sede en Beijing. Si no se ejecuta bien “es poco probable que estimule la demanda e induzca un cambio estructural”.
Una baja de 50 puntos base en la Tasa de Política Monetaria (TPM) sigue tomando fuerza para la reunión del Consejo del Banco Central de mayo. Así lo revela la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 22 y 23 de mayo, publicada este viernes por el Banco Central.
Dicha magnitud de recorte ubicaría la tasa clave en 6%.
A su vez, el sondeo se alinea con los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de la semana pasada, y proyecta una baja de sólo 25 puntos base en la RPM del 18 de junio.
En tanto, para las reuniones de julio, septiembre y octubre también el Consejo se inclinaría por un recorte de 25 puntos en la tasa clave. A modo de contexto, en la encuesta anterior, se esperaba que el instituto emisor pausara los recortes en la reunión del 16 y 17 de octubre.
Para mayo de 2025, la TPM se ubicaría en 4,75%.
En cuanto a los factores de sensibilidad para las decisiones en torno a la tasa de referencia, los más relevantes para el mercado son la inflación y el entorno internacional. Más atrás se ubican las condiciones financieras locales y el dinamismo de la demanda.
Cabe señalar que el sondeo consulta a los responsables de las decisiones financieras representantes de las diferentes industrias del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile.
IPC y tipo de cambio
En materia inflacionaria, la EOF pronostica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentaría una variación mensual de 0,2% en mayo, de 0% en junio, y de 0,4% en julio. Con todo, las expectativas a 12 y 24 meses se ubican en la meta de 3%.
En la encuesta anterior, las expectativas a un año estaban en 3,5%.
Sobre el tipo de cambio, los operadores financieros esperan que este llegue a un valor de $ 900 en un plazo de siete días hacia adelante, y que se mantenga en esa cifra en 28 días. El mayor factor de sensibilidad sería el cobre y el dólar global.
En la EOF post RPM de abril, el mercado esperaba un precio del dólar en $ 970 para un horizonte de 28 días. Dicha encuesta fue publicada el 19 de abril. A la fecha, la divisa norteamericana se ubica cercana a $ 900, incluso bajando de dicha cifra.