La mayor diferencia que la directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Andrea García, ha notado desde su ingreso en 2014 al servicio, es el desplazamiento de los cultivos hacia el sur del país. Recuerda que la producción vitivinícola, de trigo y maíz hace 10 años estaba presente en la Región Metropolitana y actualmente ni siquiera está en O’Higgins.
“Tenemos vides (planta de uva) hasta en Los Lagos y antes se concentraban principalmente de la Quinta Región a Ñuble y hoy día se ha ido todo desplazando hacia el sur. Hemos visto cómo se ha empezado a correr la frontera productiva hacia el sur”, señala.
Aquello no es sorpresa: Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático y el sector agropecuario es uno de los más expuestos a los factores climáticos, marcado por una mega sequía de 13 años, inundaciones e incendios forestales.
Andrea García, directora nacional de Odepa. Foto: Julio Casto
Por lo mismo, a principios de junio el Consejo de Ministros aprobó el plan de adaptación al cambio climático para el sector silvoagropecuario, el primero de una cartera en ser aprobado desde la entrada en vigencia de la Ley de Marco de Cambio Climático en 2022, que hace obligatorio el sistema de monitoreo, reporte y verificación, dándole plazo de cinco años para su implementación y generación de reportes anuales.
El objetivo de la actualización, cuenta García, es “mantener la productividad en condiciones que son cada vez más complejas”.
De esta manera, el plan cuenta con 12 medidas y cinco líneas estratégicas. Estas corresponden al manejo silvoagropecuario e integración de técnicas para la adaptación, enfocado en la construcción de sistemas productivos que se adapten al cambio climático, como, por ejemplo, el desarrollo de variedades que tengan relación con la disponibilidad hídrica y más tolerante a la sequía.
También se propone la gestión de riesgos agro-meteorológicos para disminuir la vulnerabilidad ante eventos extremos y el reforzamiento de la Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios en la Subsecretaría de Agricultura.
También, medidas en la línea de la implementación de infraestructura, equipamiento y soporte productivo; fomento de la sustentabilidad agroambiental; y gestión integrada del recurso hídrico.
Desplazamiento de cultivos
García señala que ya se han dado casos de personas que han tenido que adaptar sus cultivos, principalmente eliminándolos de ciertos territorios o desplazándolos desde la zona centro y centro-norte hacia el sur, movimientos que seguirán pasando.
“El cambio climático excede las posibilidades de nosotros, pero efectivamente vamos a tener que ir adaptando ahí cultivos. Necesitamos estar permanentemente haciendo un análisis”, dice.
Un caso son los frutales como los nogales, que han incrementado su superficie en la Región del Biobío en un 93% entre 2013 y 2023; al igual que las cerezas, que aumentaron sus cultivos en La Araucanía en 328% en el mismo período.
Además, en el caso de los cereales, el maíz grano se desplazó desde la RM y tuvo un alza en su participación territorial en Ñuble y Biobío desde un 16% a 28% en 10 años. Por su parte, en 2025 se empezará a sembrar de forma comercial en Maule y Ñuble una nueva variedad de arroz, desarrollada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, por su ciclo vegetativo más corto y ahorro de agua.
Frente a los últimos impactos como las inundaciones por lluvias, la directora de Odepa indica que el mayor aprendizaje ha sido que la necesidad de construir sistemas resilientes es fundamental.
“El trabajo de adaptación al cambio climático, si bien es un trabajo que es liderado por el Ministerio de Agricultura, debe ser abordado por el Estado en su conjunto y también por la ciudadanía, por el sector privado, por la academia, por todos”, dice.
Odepa y ultimas alzas en precios: “Cuando uno analiza la superficie afectada, lo que se ve es que debieran ser puntuales”
Acerca de las últimas alzas de precios en frutas y verduras, la directora nacional de Odepa, Andrea García, las atribuye a un efecto estacional del invierno al cual se han sumado temas climáticos, como los temporales de las últimas semanas.
“Entonces se observan alzas en precios de hortalizas que no necesariamente se van a ver afectadas en el futuro, pero que sí tiene que ver con la posibilidad de cosechas”, dice la ingeniera en biotecnología molecular.
Esto por la dificultad para cosechar debido a las inundaciones, el transporte y la logística, y el acceso a las ferias libres en ciertas zonas.
“Todo eso va incidiendo para que efectivamente tengas alzas en los precios de los alimentos. Pero cuando uno analiza la superficie afectada, lo que se ve es que esas alzas debieran ser puntuales, pero en el momento en que esto se seca ya debiéramos poder cosechar”, explica la directiva.
Así, señala que “el llamado siempre es a preferir aquellos productos que no han sido afectados y que se mantienen los precios y que estacionalmente están disponibles”.
En cuanto a las experiencias de temporales e inundaciones de los últimos años, la directora nacional apunta a que un buen consejo para los agricultores es diversificar, aunque no siempre sea factible.
“Siempre es positivo para efectos de tener una mayor resiliencia sembrar en terrenos que no estén en el borde de los cursos de los ríos. El año pasado lo vimos muy dramáticamente, que teníamos mucha superficie sembrada en lugares que tradicionalmente el río corre”, indica García.
Una sociedad del fondo de LarrainVial y Grupo Patio “LV-Patio Renta Inmobiliaria I” inició acciones penales en contra de miembros del holding que opera el Hotel Renaissance, ubicado en Vitacura.
La sociedad LV-Patio Renta Inmobiliaria I SpA (LV-Patio I) ingresó una ampliación de querella contra los hermanos Julio, Gustavo y Mariano Salvador Carrillo, propietarios indirectos del edificio y operadores del Hotel Renaissance, por el eventual delito concursal de ocultamiento de bienes.
LV-Patio I acusó que, en medio de un procedimiento concursal contra Hotech S.A. -de los hermanos Salvador Carrillo y operadora del hotel- por una deuda de arrendamiento en su edificio Patio Kennedy, se traspasó el contrato de explotación del hotel a una nueva sociedad relacionada a los querellados.
Lo anterior, “con la única finalidad de disminuir el patrimonio de la empresa deudora para perjudicar a sus acreedores”, aseguró la ampliación de la querella, ingresada por los abogados socios de Giroux Vial, Cristophe Giroux y Salvador Vial.
Consultados por DF, la defensa de Mariano y Gustavo Salvador Carrillo, encabezada por el abogado Cristián Olave, sostuvo que lo acusado por LV-Patio I “se tratan de temas civiles-comerciales y no son hechos constitutivos de delitos”.
Origen del conflicto
La relación comercial entre LV-Patio I y los querellados comenzó en abril de 2019. En dicho año, el fondo “LV-Patio Renta Inmobiliaria I” adquirió a través de su sociedad el edificio de oficinas New Century (hoy Patio Kennedy) a Banco Itaú, inmueble en que se mantenían dos plantas arrendadas a Hotech S.A., que operaba el Hotel Renaissance.
Sin embargo, en abril de 2020, Hotech S.A. “no pagó más las rentas acordadas ni otras prestaciones a las que estaba obligada, tales como, gastos comunes que le correspondían”, relató la querella.
Es a raíz de estas deudas, en julio de 2021, LV-Patio I inició una demanda civil de arrendamiento en contra de Hotech S.A.
En marzo de 2022, el tribunal ordenó liquidar un crédito a petición de la sociedad del fondo, “en virtud de la cual Hotech S.A. debía pagar a LV Patio la suma de $ 864.404.834”, apuntó el texto. Para ello, el tribunal ordenó el embargo de los muebles del Renaissance, “diligencia que se concretó el 1 de junio de 2022”, agregaron.
Pero, tras ese procedimiento, se notificó que la operación del hotel ya no estaba siendo realizada por Hotech S.A., sino que por Administraciones y Operaciones Hoteleras Hotech Spa, constituida por Julio Salvador y en la que sus hermanos figuran como administradores.
El traspaso
Así, LV-Patio I detalló que en enero de 2022, Ibérica Limitada -holding inmobiliario dueño del Hotel Renaissance y donde participan indirectamente los querellados- dio en arrendamiento el establecimiento y la operación del hotel a Hotech SpA, contrato antes en manos de Hotech S.A., la deudora de LV-Patio.
En esa fecha, “(Hotech) llevaba casi un año sin cumplir sus obligaciones con LV-Patio I, representándose con absoluta certeza los hermanos Salvador Carrillo que en cualquier momento serían demandados, lo que ocurrió pocos meses después en julio de 2021”, sostuvo la querella.
“Pudieron seguir beneficiándose de los ingresos obtenidos por el establecimiento de comercio que explotaba Hotech S.A., el que quedó bajo la operación de una sociedad relacionada a ellos mismos y al mismo tiempo, burlar los derechos de los acreedores, al dejar a la empresa deudora (Hotech S.A.) sin ningún activo relevante, frente a un pasivo superior a los $ 1.800 millones”, sentenció la querella.
La comisión de Seguridad del Senado aprobó, en votación dividida, una indicación del Ejecutivo que faculta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para solicitar el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en determinados casos de investigaciones contra el crimen organizado.
Esto, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de inteligencia financiera que impulsa el Gobierno.
A favor se manifestaron los senadores Iván Flores (DC), Paulina Vodanovic (PS) y Jaime Quintana (PPD), mientras que se abstuvieron Manuel José Ossandón (RN) y José Miguel Durana (UDI).
Luego de un intenso debate y de dudas de la oposición respecto a las garantías para evitar un mal uso de la información bancaria a la que se tendrá acceso sin autorización judicial, el tema logró avanzar y aprobarse en particular el texto. Tanto Durana como Ossandón señalaron que no se oponen a la medida y que la UAF les da confianza, pero se abstuvieron para tener un debate mayor en la Sala cuando se discuta el proyecto en las próximas semanas.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “debe quedar claro que no hay funcionarios que estén dedicados a observar las compras de supermercados de clientes bancarios. Acá se trata de una institución como la UAF, que en los años que tiene de existencia jamás ha dado mal uso a esa información y menos con una finalidad política como se ha planteado en la discusión pública”.
Agregó que “se trata de un procedimiento que implica levantar secreto sin autorización judicial, pero con un conjunto de normas que mantiene reserva y que están afectos los funcionarios a sanciones tan graves o superiores a la de cualquier funcionario bancario”.
El director de la UAF, Carlos Pavez, indicó que dicho organismo cuenta con reportes de los sujetos obligados y puede pedir autorización judicial para tener acceso a información bancaria, pero que eso implica afectar la oportunidad de las indagaciones. Por eso, destacó que “esta modificación nos permite cumplir de mejor manera nuestra misión con las debidas garantías, resguardo y buen uso de la información” para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo quedó la norma?
El texto aprobado señala en lo central: “Si los antecedentes que se soliciten estuvieren amparados por el secreto bancario, la solicitud deberá ser realizada por el director mediante resolución fundada y secreta, previo requerimiento de quien ejerza la jefatura de la división a cargo de la inteligencia financiera”.
Agrega que “el requerimiento de la jefatura y la resolución del director que recaiga sobre ella deberá individualizar a la o las personas naturales o jurídicas afectadas por esta medida y la o las entidades destinatarias de la solicitud de información, y deberá justificarse en el carácter indispensable de dichos antecedentes para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones, y la imposibilidad de obtenerlos en el ejercicio de las demás atribuciones que establece este artículo”.
También, se precisa que “la información obtenida bajo el procedimiento a que se refiere este párrafo tendrá el carácter de secreta y sólo podrá ser utilizada para los fines señalados precedentemente y respecto de la o las personas y la o las entidades determinadas en la resolución respectiva, debiendo utilizarla solo para los fines del análisis correspondiente, sin perjuicio de la entrega de los antecedentes que realice al Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el inciso tercero de este artículo”.
Queda explícito que los antecedentes que se recaben sólo podrán ser conocidos por el director de la UAF y los funcionarios que estén involucrados en el análisis de la operación específica de que se trate y que “dichos funcionarios estarán obligados a mantener el secreto. Su infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo”, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
SQM informó este lunes que llegó a un acuerdo anticipado con sus trabajadores. El presidente del sindicato, Helmo Leiva, explicó que “este proceso constituye un ejemplo de participación democrática desde su inicio. Hemos levantado información de las bases, definiendo objetivos precisos con nuestros socios y, finalmente, han sido los trabajadores quienes decidieron libre, informada y mayoritariamente aceptar la propuesta de la empresa”.
Este convenio permite robustecer la estructura de la relación laboral, centrándose en el incremento de los sueldos base, que en algunos casos supera el 8% de aumento, y “generando un bono de negocio que nos permitirá fortalecer los próximos procesos colectivos y lograr un desarrollo de diversos aspectos estructurales del convenio colectivo. Es un gran hito para nosotros los trabajadores del litio”, señaló la tesorera de la organización sindical, Sandra Sanhueza.
“A partir de ahora, podremos abordar necesidades específicas de nuestros socios, como lo es el traslado de nuestros asociados de regiones, donde la empresa está comprometida en mejorarlos a corto plazo y lograr que se reduzcan los tiempos de traslado y así disfrutar y compartir más tiempo con sus familias, buscando ser una empresa más equitativa que reconozca el talento y el valor de los trabajadores y trabajadoras”, indicó el director Cristian Varas.
“También hemos instalado y reforzaremos materias como la protección de la maternidad y la discapacidad, buscando hacer de SQM una empresa de inclusión permanente”, puntualizó la secretaria Karla Navarro.
Acuerdo SQM-Codelco
Finalmente, el presidente del sindicato SQM Salar, Helmo Leiva, y miembro del Consejo Regional de Salares y Litio del Gobierno Regional de Antofagasta, afirmó: “Este acuerdo nos permitirá proyectarnos en la nueva asociación público-privada entre SQM y Codelco. En esa nueva etapa, los trabajadores y trabajadoras tendremos un rol determinante para asegurar la sustentabilidad del Salar de Atacama, el respeto al medio ambiente y a las comunidades, como también su integración y, por sobre todo, el desarrollo de su riqueza para contribuir a sobrellevar las enormes necesidades de la sociedad chilena. Los trabajadores y trabajadoras son el real motor de la producción y la verdadera riqueza del salar”, señaló Leiva.