La empresa de casinos de juego Marina del Sol S.A. informó ayer lunes en la noche la renuncia de Vicente Figueroa Salas a su cargo de gerente general del centro que esa compañía opera en la ciudad de Talcahuano.
Mediante un hecho esencial, la compañía informó que la salida del ejecutivo se hará efectiva a contar del día 25 de julio de 2024. De acuerdo a fuentes cercanas a la empresa, la empresa está buscando a su reemplazo en el cargo al frente de la gestión del principal casino de la red de cuatro establecimientos que Marina del Sol opera en el país.
Cabe destacar que Figueroa asumió su puesto como uno de los gerentes generales de la compañía a principios de 2021. Esto, luego de pasar la gerencia general del Casino de Viña del Mar y de Rinconada, ambos operado por Enjoy.
Además, cabe recordar que Figueroa fue presidente de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) entre 2011 y 2014.
Los impactos del cambio climático implican un potencial riesgo para la estabilidad del sector financiero, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Y si bien esta situación no constituye una nueva amenaza, constantemente emergen nuevos desafíos que afectan a las entidades fiscalizadas por el regulador.
Para enfrentar esta situación, en diciembre de 2023 la CMF creó el comité de Riesgos Climáticos y Ambientales, integrado por 14 directivos de la Comisión. Además, se estableció una secretaría técnica compuesta por 12 profesionales que apoyan el trabajo del comité, preparando documentación, proponiendo iniciativas y concretando proyectos.
“Este comité surge de la necesidad observada por el Consejo de la CMF de crear una gobernanza institucional que permita gestionar adecuadamente los desafíos que nos impone el cambio climático, involucrando a todas las áreas relevantes en esta tarea”, explicó a DF la secretaria técnica del comité de Riesgos Climáticos y Ambientales del regulador, Pamela Searle.
Pamela Searle, Secretaria Técnica del Comité de Riesgos Climáticos y Ambientales de la CMF.
El comité tiene como tarea principal promover la divulgación de los riesgos climáticos, fomentar la integración de estos en la gestión del sistema financiero, y, además, promover el desarrollo de un mercado verde.
La instancia se estableció como una estructura orgánica que ordena y centraliza todos los requerimientos y necesidades de la CMF en esta materia y a la vez, comunica tanto a la institución como a la sociedad la importancia y urgencia de abordar los desafíos del cambio climático.
Este comité tiene como obligación reportar los avances del trabajo directamente al Consejo de la Comisión, conformado por la presidenta, Solange Berstein, la vicepresidenta Bernardita Piedrabuena, y los comisionados, Augusto Iglesias, Catherine Tornel y Beltrán de Ramón.
Ejecución estratégica
El comité será el actor clave para hacer operativa la estrategia de la CMF frente al cambio climático y se encargará de abordar los tres grandes desafíos propuestos por el ente regulador en esta materia.
Según Searle, el comité tiene como tarea principal promover la divulgación de los riesgos climáticos, fomentar la integración de estos en la gestión del sistema financiero y, además, promover el desarrollo de un mercado verde.
Para cumplir sus objetivos, la Comisión monitorea y analiza constantemente el avance de organismos internacionales en esta materia, además de participar en instancias transfronterizas que abordan el cambio climático, como el Network for Greening the Financial System (NGFS), red que agrupa bancos centrales y supervisores financieros comprometidos con la acción climática.
También, participa en iniciativas de capacitación y colaboración regional con entidades como la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), promoviendo estándares comunes y facilitando el intercambio de mejores prácticas entre los reguladores financieros de la región.
“Además, tenemos el enorme desafío de apoyar y facilitar el desarrollo de un mercado verde que contribuya a financiar la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible”, sostuvo Searle.
Puesta en marcha
Tras su primera sesión, el comité aprobó un plan de trabajo para 2024 y 2025, que, según Searle, abarca cuatro grandes áreas: mejorar la normativa de divulgación ambiental en las empresas; apoyar la implementación de la taxonomía verde para facilitar la identificación por parte de los inversionistas de actividades económicas medioambientalmente sostenibles; integrar los riesgos climáticos en la regulación prudencial; y avanzar hacia la cuantificación de dichos riesgos.
Para lograr esto, se establecieron plazos dependiendo del avance, la complejidad y prioridad que le asigne el Comité. No obstante, los planes de trabajo son bianuales.
“Es relevante mencionar que el funcionamiento de ambas instancias se proyecta como permanente en el tiempo, entendiendo que los desafíos que impone el cambio climático no van a reducirse ni extinguirse en el futuro cercano”, agregó la secretaria del Comité.
Instituciones financieras
Según sostuvo Searle, los temas asociados al cambio climático “son interdisciplinarios e impactan transversalmente a todos nuestros fiscalizados”.
La funcionaria agregó que es necesario un trabajo colaborativo entre la CMF y las instituciones que fiscaliza para poder abordar de manera integral la temática. Por esto, cada proyecto en el que trabaja el comité y la secretaría técnica está asociado a un producto final específico, por lo tanto, todos los avances logrados por estas instancias se difundirán a través de guías, documentos de trabajo, documentos de política, normativas en consulta o seminarios, para las entidades fiscalizadas.
“Los temas ambientales y relacionados al cambio climático son actualmente tanto una oportunidad como una amenaza real a la estabilidad financiera de nuestro país y necesitan ser incorporados en la gestión de riesgos, tanto a nivel macro como micro. Es prioritario velar porque nuestros fiscalizados divulguen información climática y ambiental relevante tanto en tiempo como en forma para la correcta toma de decisiones”, concluyó Searle.
De vasta trayectoria en el sector salud, con pasados en el Banco Mundial, McKinsey y asesorando a la OMS, además de un master en Salud Pública en la Universidad John Hopkins, el doctor Cristián Baeza hoy reside en Washington, donde es director ejecutivo del Center for Healthy Development.
Sin embargo, desde allá no se ha despegado de la discusión que la crisis de las isapres desató acerca del sistema de salud chileno y, de hecho, dirigió la comisión técnica que asesoró al Senado para la ley corta. Ahora, Baeza también formará parte de la mesa que creó la Cámara Alta para generar propuestas para una reforma más amplia al sector.
Baeza está convencido de que los cambios deben ser muy profundos, dice en conversación con DF: “Es como ese juego en que alguien construye una torre y va sacando palitos de a uno. Cuando uno saca suficientes, la torre se desarma entera y uno tiene que preocuparse de armarla, de responder (…) Sin cambios estructurales, lo que va a ocurrir es una desestabilización muy significativa del mercado”.
Fonasa “es una empresa gigantesca, y, sin embargo, se maneja como un servicio público con muchísimas restricciones”, dice.
A Baeza no le sorprendería que, en un año y medio, la cobertura de las aseguradoras privadas bajara a entre un 10% y un 8% de la población, y que “tengamos isapres que salgan del sistema”.
Esto, proyecta el especialista, se dará con mayor fuerza cuando se elimine la declaración de salud, lo que el Gobierno se comprometió a ingresar al Congreso a más tardar en octubre. Si bien estima que esto es un “imperativo ético y técnico”, Baeza afirma que desencadenará una serie de reformas necesarias.
Fonasa en crecimiento
Para Baeza, que también fue director de Fonasa durante el Gobierno de Eduardo Frei, uno de los principales problemas es que el seguro público no ha sido foco de modificaciones. Y esto para él cobra relevancia debido a que, con las alzas de precios que vendrán con la ley corta, la fuga de afiliados al sistema público se profundizaría. Si hoy las aseguradoras privadas cubren a alrededor de un 13% de la población, el doctor dice que no le sorprendería que, en un año y medio, esto bajara a entre un 10% y un 8% y que “tengamos isapres que salgan del sistema”.
En ese sentido, considera que Fonasa “es el seguro cuasi único ya existente, con muy pocas reformas y con un problema de gobernanza muy significativo. (…) Fonasa fue muy descuidado en esta discusión”.
Si bien con la ley corta se creó la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), con la que el servicio podrá licitar a seguros privados, considera que su implementación no será sencilla, principalmente porque, al ser voluntaria, se podría dar un fenómeno de selección adversa y que solo la gente que más necesita los seguros los tome. “Cuando eso ocurre, los precios son siderales”, plantea.
Por otro lado, esgrime que cuando hay un incremento significativo de los usuarios, también debe reflejarse en el presupuesto de Fonasa. Sin embargo, en lo que más hace hincapié, es en la necesidad de cambios en la gobernanza.
“Hoy es un servicio del Ejecutivo y está absolutamente a merced de lo que cada Gobierno, cada cuatro años, se le ocurra que el Fondo tiene que hacer”, apunta. En ese sentido, considera que Fonasa -similar a la CMF- debería tener un directorio, capaz de remover al director nacional con causa y de coordinarse con autonomía con las carteras de Salud y Hacienda, aumentando sus atribuciones.
“Hay muchas barreras políticas e institucionales que hacen muy difícil que Fonasa pueda ejercer plenamente su rol (…) Fonasa es un definidor de precios, conduce al mercado público y privado. Es una empresa gigantesca, y sin embargo se maneja como un servicio público con muchísimas restricciones”.
Salud y política
Baeza sostiene que detrás de estos cambios, el país debe buscar una “revolución cultural sanitaria”, en el sentido de cómo se aborda el sistema con una población en envejecimiento. “No existe ningún país en el mundo que vaya a resolver el problema de las enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, construyendo más hospitales”, afirma.
Con esto, se refiere a que en Chile todo el sistema se basa en pagos por prestaciones determinadas (lo que se conoce como fee-for-service), modalidad de pago “que a nosotros, los médicos, no nos pone ni un incentivo a mantener a la gente sana (…) Es indispensable que tanto Fonasa como las isapres contraten a los prestadores para que vean el riesgo de salud en todo el ciclo vital y no solo cuando se enferma”.
En este escenario, Baeza lamenta que el Gobierno no participe en la mesa que se formó para la reforma. “Todavía espero que ocurra (…) El Poder Ejecutivo tiene las potestades de iniciar el proceso de formulación de leyes en temas de seguridad social”, señala.
Lo crucial, asevera, es que el sistema tenga coherencia. Y es por eso que recalca la importancia de introducir cambios en Fonasa. “Cuando un seguro único monopsónico se transforma en algo capturado por intereses que no son necesariamente los de la gente, se nos complica la vida y eso hay que resolverlo (…) la gente tiene que tener la alternativa de poder elegir otros seguros como válvula de escape y, en ese sentido, a mí me parece que Chile debería tener un sistema multiseguro”, analiza. Y enfatiza: “La participación del sector privado es crucial, justamente para resolver esos problemas de diversidad”.
El iris de los ojos saltó desde los debates médicos a aquellos de protección de datos en el país. Primero, porque una empresa privada optó por pagar con bitcoin para obtener dicha información; y, hace unos días, por el hecho de que el director del Registro Civil, Omar Morales, informara que se espera comenzar a medirlo en forma voluntaria desde 2026.
Un paso que genera cierta inquietud entre entendidos en la materia, quienes advierten sobre la falta de resguardos oficiales en el país de dichos antecedentes.
“Preocupa que hoy todavía no exista una institucionalidad que pueda fiscalizar y aplicar sanciones de manera expedita en la materia”, afirma el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, quien recuerda que aún se tramita en el Congreso el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales.
Esta instancia, explica la directora de protección de datos del estudio de Abogados Prieto, Romina Garrido, protegería los derechos de las personas ante al tratamiento que le den a esa información las empresas o el Estado.
Bernardo Navarrete, presidente CPLT. Romina Garrido, estudio Abogados Prieto. Jeannette von Wolfersdorff, exintegrante de la comisión de Transparencia y Probidad. Marcelo Drago, expresidente del CPLT. Fernando Fernández, CEO de AltLegal. Fotos: Verónica Ortíz y Rodolfo Jara
Es más, dice que hay un capítulo especial en el proyecto que regula los datos como los biométricos. Así, se establece que el consentimiento siempre debe ser expreso y claro, con altas medidas de seguridad.
Pero, cuestiona, “llevamos 10 años discutiendo una reforma a la ley de protección de datos, que hoy está paralizada en el Congreso sin justificación”.
Naverrete recuerda que la actual Constitución garantiza el derecho a la protección de datos personales, incluidos los de carácter biométricos, o sea, aquellos que permitan el reconocimiento de personas en función de rasgos físicos como huella dactilar, retinas, iris, cara, o de conducta.
“Urge que se termine el último trámite legislativo, y que se instale la Agencia de Protección de Datos Personales en Chile”, opina la exintegrante de la comisión de Transparencia y Probidad, Jeannette von Wolfersdorff, sobre todo porque estima que “se crean riesgos altos cuando organizaciones privadas coleccionan datos biométricos de personas, sin mayores restricciones y regulaciones”.
Las inquietudes
Para el presidente del CPLT el empadronamiento de iris por la autoridad estatal es un tema “complejo”, aun cuando entiende que hay una preocupación por el tema de la seguridad en el actual contexto.
“¿Qué sucede si el día de mañana se filtran todos esos datos? Como ya ha pasado en otros órganos del Estado, alguien hackea la base de datos de iris en el país, eso no tiene vuelta atrás”, se pregunta el académico y experto en temas de protección de datos, Marcelo Drago.
De ahí que considera indispensable un debate sobre la necesidad de acumular esos datos en el Registro Civil con los objetivos que hoy ya se cumplen con la huella digital.
“No porque las tecnologías estén disponibles hay que adoptarlas necesariamente sin analizar los riesgos que eso implica”, dice.
Von Wolfersdorff opina que el registro de estos datos por agencias públicas -como el Registro Civil- requiere cumplir estrictas reglas en materia protección de datos, y asegurar un gobierno corporativo adecuado para ello. Sean datos de huellas o datos de iris, todo es replicable y advierte que “podrá ser usado en forma fraudulenta: hay implantes de iris, o lentes de contacto que tienen un iris dibujado y pintado”.
Garrido señala que la discusión sobre el escaneo de iris ya está instalada en varios países: “Es un dato biométrico, sensible y especialmente protegido en las legislaciones, porque es un dato llave, es decir, único y alguien que lo obtiene va a tener esa información que te distingue de cualquier otra persona para siempre”.
Y añade que cuando el enrolamiento lo hace una empresa de manera privada “surgen suspicacias, para qué y sobre todo si se está sometiendo a algún tipo de regulación” y precisa que “han sido las agencias de protección de datos personales que existen en varios países las que han preguntado a estas empresas sus prácticas, cómo almacenan los datos, la forma de consentimiento y si estos datos se pueden eliminar”.
Si hay un incidente de seguridad, se extravían o son copiados por un tercero, el abogado y CEO de AltLegal, Fernando Fernández, sostiene que tanto el Registro Civil como cualquier organismo público o privado debe tener responsabilidades y tomar medidas de seguridad para que “esos datos se mantengan confidenciales y sean utilizados únicamente para los fines que fueron recabados”.
A su juicio, “lo que debiera suceder es -más allá de una multa- que el jefe de servicio pueda enfrentar una responsabilidad administrativa, eso queda claro en la ley en trámite”.