Hace dos años que el precio del cobre no era tan atractivo. Ahora, no solo acumuló un alza de 18% entre enero y abril, sino que las proyecciones alcistas por el precio del metal se han acelerado.
Uno de los más optimistas ha sido Citi. Desde mediados del año pasado, analistas del banco estadounidense han proyectado un rally del precio del commodity hacia 2025. A inicios de abril, cuando el metal transaba en torno a los US$ 8.800 por tonelada (unos US$ 3,9 la libra), los analistas de la entidad elevaron aún más su pronóstico a un precio promedio de US$ 10 mil, o US$ 4,53 por libra, al cierre de este año, para avanzar a US$ 12 mil (US$ 5,44) hacia 2026. Dos semanas después, el metal ya operaba cercano a esos niveles.
Desde entonces, el cobre ha registrado bajas moderadas. Pero, parece resistir en un precio por sobre los US$ 4. Hay quienes ya hablan de un “súper ciclo”. Un escenario que, de cumplirse, ayudaría a elevar las perspectivas de crecimiento de la economía chilena.
Pero expertos locales ponen una cuota de cautela. Gustavo Lagos, miembro del Comité Consultivo del Precio del Cobre, asegura que “los fundamentales” de la industria no han cambiado.
Es más, el diagnóstico de que el mundo necesitará mucho más cobre del que actualmente produce es ya conocido por empresas, gobiernos, analistas y también por el mercado financiero.
Sin embargo, desde inicios de año una serie de factores han coincidido para generar un alza del precio, especialmente durante abril. “Los precios han ido muy por delante de los fundamentos existentes… A más de US$ 10 mil por tonelada, el precio refleja más las expectativas sobre la evolución del mercado a mediano y largo plazo que su situación actual”, afirma Eleni Joannides, analista de Copper Markets, Metals & Mining de Wood Mackenzie.
Expectativas vs. presente
Parte de los fundamentos que no han cambiado es la ausencia de un déficit físico del metal. Después de la escasez de suministro que impulsaron los precios en 2021 y 2022, el mercado del cobre estuvo prácticamente balanceado el año pasado, según cálculos del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG, por su sigla en inglés). Para 2024, el think tank incluso proyecta un superávit de 196 mil toneladas, en parte por una demanda menor a la prevista en su cálculo inicial.
Según el ICSG, la desaceleración económica de China llevará a un aumento de 2% de la demanda por cobre refinado en 2024, menos del 2,7% que habían proyectado en octubre pasado. Para 2025, la demanda crecería 2,5%, con un superávit de 94 mil toneladas para ese año.
Las cifras del ICSG desafían los pronósticos de un déficit creciente, que debería producirse desde este año y agravarse hacia 2030. “Si el mercado físico no reacciona a corto plazo, no nos sorprendería que los precios retrocedieran desde los elevados niveles actuales”, apunta Joannides.
Apuestas alcistas
“Es un reflejo más de lo que se espera que pase, a lo que estamos viendo en los inventarios”, agrega un analista senior de una de las principales productoras de cobre.
Se refiere así al momentum generado por una combinación de eventos puntuales y los ambiciosos pronósticos sobre la demanda esperada.
El primer evento que influyó en la industria fue la salida de la mina Cobre Panamá, de la minera First Quantumm a finales de noviembre de 2023. El cierre por orden judicial, tras meses de protestas, significó la salida del equivalente al 1% del suministro global y de un potencial de producción de 350 mil toneladas de cobre futuro.
Dos meses después, la economía china comenzó a dar señales de estabilización, alimentando las expectativas de una recuperación del sector industrial. ICGS registró un incremento de 14% en la demanda de China en los dos primeros meses del año, que contrastó con una caída en países desarrollados como EEUU, Japón y la Unión Europea. Con un 50%, China es el principal consumidor de cobre del mundo.
De ahí que las expectativas de un repunte de su demanda dieron el siguiente impulso al precio del metal desde fines de febrero.
Pero, dada la caída de las tarifas por el procesamiento del metal, en una acción inédita, las fundidoras chinas (que tienen 42% del mercado) acordaron un recorte de producción en marzo. Revisando la evolución del precio, puede verse que este fue el punto que desató la ola alcista. El retiro del cobre ruso (3,8% del global) de la rueda de la Bolsa de Metales de Londres, debido a sanciones, influyó en menor medida, ya que se espera su reingreso al mercado vía negociación directa con China u otros países aliados a Moscú.
Otro factor clave ha sido el ingreso de capitales. “No es que haya una reducción súbita de los inventarios, pero obviamente hay una mayor demanda o una expectativa de ello. Hoy los mercados reaccionan muy rápidamente a estas señales. No ha pasado solo con el cobre, también con otros metales. Los fondos de inversión ven un atractivo en los commodities, por diversos motivos, por lo que pasa en China (con la transición energética), las energías renovables y las tasas de interés en Estados Unidos”, apunta Lagos.
La oferta de BHP por Anglo American, valorando esta última en US$ 39 mil millones, con el objetivo de aumentar sus activos de cobre alimentó aún más el ánimo alcista, especialmente entre los fondos de inversión.
Además, los inversionistas tienen suficientes proyecciones alcistas para alimentar el atractivo de apostar por el cobre.
Tranfigura, el principal trader de commodities del mundo, proyecta que el mundo requerirá 36 millones de toneladas de cobre en 2034, 10 millones más que en 2023. Pero la consultora McKinsey estima que ese monto se adelantará para 2031. Las cifras de S&P Global Intelligence son aún más dramáticas con una demanda por 50 millones de toneladas esperada para 2035, si es que se avanza con los planes y metas de reducción de emisiones. La cifra implica duplicar la producción actual de cobre.
Todos los análisis tienen elementos en común: la apuesta por el avance de la transición energética, especialmente en China; nuevos polos de crecimiento (y con ello construcción y urbanización) como India e Indonesia; y el mayor consumo de energía por la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial.
“El cobre es el metal con el mayor potencial a sufrir una verdadera escasez de suministro en los próximos años”, declaró a inicios de abril Jeremy Weir, CEO de Tranfigura, en una cumbre de commodities en Suiza. La declaración coincidió con una serie de otras publicaciones desde la casa de trading asegurando que las alzas recientes del metal son sólo el inicio.
“Nunca se sabe bien qué interés tiene Tranfigura y sus cálculos, como que los centros de datos aumentarán la demanda de cobre en 1 millón de toneladas anual, simplemente no calza con las estimaciones… Son muchos los que este tipo de declaraciones buscan capturar los titulares”, asegura el analista de una de las grandes mineras consultado por Señal DF.
Según el experto, los pronósticos recientes anticipando alzas de hasta 50% en el precio del cobre hacia 2025 (Goldman Sachs proyecta US$ 15. mil por tonelada, unos US$ 6,8 la libra) sólo buscan alimentar el buen momento del metal para atraer capitales.
El nuevo escenario
Podría ser una estrategia útil para la propia industria, que requiere ver precios más atractivos para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos que aumenten la oferta en un futuro. “El mercado del cobre siempre tendrá un déficit estructural a largo plazo, incluso sin la demanda adicional que pueda surgir de la Inteligencia Artificial, los semiconductores y los centros de datos. Existen suficientes proyectos (mineros), la pregunta es con qué rapidez puede incentivarse su puesta en marcha”, plantea Joannides.
En su última proyección, publicada al cierre de abril, el Banco Mundial anticipó que la producción de esta materia prima crecerá de forma “modesta” este año. Una de las principales limitantes sería la baja en la ley de mineral (menor concentración de cobre) en minas sudamericanas, principalmente en Chile. Mientras, en 2025 el mayor impulso a la producción, según ICGS, vendría de la apertura de minas grandes en Rusia y la República Democrática del Congo.
Independientemente de la entrada en línea de estos dos proyectos, la mayoría de las proyecciones apuntan a un déficit, de entre 6 y 10 toneladas según el autor, hacia mediados de la próxima década.
Lagos, quien anticipó en agosto pasado que el precio promedio para 2024 sería de US$ 4,50 por libra, cree que más que un “súper ciclo” se debe hablar de un “nuevo escenario”. Uno en el que, independiente de movimientos puntuales de precio, se puede esperar una mayor demanda debido al desarrollo -ya sea más rápido o lento- de las energías renovables, los autos eléctricos y la digitalización.
De ahí la necesidad de aumentar la producción. Pero con precios bajo los US$ 4 o US$ 10 mil por tonelada no existen los incentivos para la industria. “Las mineras y sus inversionistas tienen un incentivo de corto o mediano plazo. Por eso, tienen que ver un precio sostenido por encima de esos niveles, más en torno a los US$ 12 mil, (unos US$ 5,4 la libra), para poner en marcha nuevos proyectos”, sostiene el analista de una gran minera, lo que coincide con cálculos de algunos bancos de inversión.
El desafío y la oportunidad para Chile si el metal sigue subiendo
Independiente que entre o no en un “súper ciclo” o que el cobre alcance las más optimistas proyecciones, que lo elevan a los US$ 5 – US$ 6 la libra hacia 2025, de mantenerse en sus niveles actuales ya significaría buenas noticias para el fisco chileno y las proyecciones de crecimiento. “Esto puede fortalecer la inversión del sector minero que, de hecho, es el sector que está llevando la inversión en Chile. Esto también puede tener un efecto en términos de la disponibilidad de recursos fiscales para la inversión en programas sociales, siempre cuando en estos recursos adicionales sean manejados de acuerdo con la metodología del balance estructural”, afirmó a Señal DF Adolfo Rodríguez-Vargas, economista en la oficina de Chile de la OCDE. Según el cálculo realizado por la Dirección de Presupuestos en el Informe de Política Fiscal del cuarto trimestre 2023, una variación de un centavo de dólar en el precio del cobre respecto a lo presupuestado tiene un impacto de US$ 27,8 millones, sumando cambios en los ingresos de Codelco y las mineras privadas. El Presupuesto 2024 fue realizado en base a un precio promedio de US$ 3,86. Si el precio promedio en el año sube a US$ 4, la diferencia de 14 centavos generaría unos US$ 389,2 millones extra para el fisco. El ingreso se elevaría a US$ 1.779 millones si se llega a los US$ 4,5 por libra. De ahí que la clave es que el alza del precio del cobre no sea sólo temporal. Cálculos elaborados por Juan Ignacio Guzmán y Patricio Faúndez, CEO y analista senior de GEM Mining Consulting, muestran que el impacto sería aún mayor para el resto del país. Según sus estimaciones, cada dólar que genera la industria del cobre se convierte en US$ 4,5 de beneficio para el resto del país, debido a su impacto cadena en proveedores, servicios, comunidades, etc. Faúndez destaca que esto se compara con un impacto mucho más limitado del litio, que generaría solo US$ 1,9 para el resto del país fuera de las mineras. “Deberíamos dar prioridad en aumentar nuestra capacidad de producción de cobre”, insiste Faúndez, dado el mayor efecto multiplicador de esta industria. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), la producción minera de cobre en Chile alcanzó las 5 millones de toneladas en 2023. La cifra es un 13% menos que los 5,75 millones que el país produjo hace una década, en 2014. Los cálculos son confirmados por los del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG), que muestran una caída de 7,5 puntos porcentuales en la participación mundial de Chile en la producción de cobre de 31,8% en 2013 a 24,3% en 2022. En el mismo período, Perú aumentó su participación en 3,8 puntos porcentuales, y la República Democrática del Congo en 5,8 puntos. Según los cálculos de Faúndez y Guzmán, si Chile lograra sumar su producción máxima de 8 millones de toneladas, el país recibiría un aporte extra del cobre por US$ 24 mil millones y el PIB podría crecer en alrededor de 5%.
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Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMDG) están en el ojo de todos. Nacieron a mediados de la década pasada como una apuesta para diversificar la matriz energética e impulsar pequeños proyectos de ERNC (de hasta 9 MW), y así eliminar las barreras de entrada, fomentando el ingreso de nuevos actores al sector eléctrico.
Con el tiempo, estos proyectos han ido pasando a manos de grandes inversionistas; fondos internacionales y globales de inversión, situación que los tiene en la mira del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, el 23 de enero de este año, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo, ofició a todas las empresas con el objetivo de conocer sus respectivas estructuras societarias. Hoy tras siete meses, el ente ya tiene el listado, y está trabajando en el proceso de consolidación, con la finalidad de tener una radiografía clara de quienes son y a qué inversionista o grupo controlador pertenecen.
La razón que hay tras esta inquietud, es que a la fecha existen 828 unidades de PMGD en operación en Chile, de las cuales 77,2% son solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de 3.252 MW, que se ubican mayoritariamente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío. A ellos se sumaría otros 2.336 MW que se encuentran en construcción, siendo el 96% solar fotovoltaico.
El punto de mira, es que lo que partió como una apuesta para que pequeños proyectos abrieran las puertas a las renovables, hoy se han convertido en un actor relevante y con ciertas ventajas al contar con un precio garantizado.
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El factor precio
Para los críticos, el precio estabilizado implicaría un subsidio irregular del cual gozan estos desarrollos, lo cual distorsiona el proceso competitivo al aumentarle el costo a un subconjunto de generadores, incluso renovables, que deben pagar a los PMGD.
Dada la gran cantidad de oferta de pequeños generadores que existe en el horario diurno, el costo marginal se está yendo a US$ 0, lo que es una clara señal de mercado que muestra que existe exceso de energía en dicho horario.
Es así como los fotovoltaicos, que representan más del 90% de la capacidad instalada PMGD, acumulan traspasos –por parte de otros generadores- que superan US$ 500 millones anuales.
La alerta para los actores del sistema, que promueven una revisión o adecuación reglamentaria de los Decretos Supremos N88 y N125 (que regulan a estos proyectos) es que, para 2025, existirán casi 5.000 MW de solar fotovoltaico de capacidad instalada en el país, para una demanda máxima a nivel nacional de aproximadamente 10.000 MW durante las horas diurnas. Por lo tanto, en 2025 sobre el 40% de la demanda nacional durante el día se podría abastecer solo con PMGD.
Otra consecuencia, tiene que ver con el aumento del vertimiento de energía en el sistema y el consecuente aumento de los costos marginales nulos en horario diurno, ya que mientras los pequeños tienen un alto precio por su energía, el resto de los generadores debe botar la propia y vender el resto a precio nulo, debiendo asumir además el costo de pagar por la energía PMGD, costo que es traspasado a los clientes.
Al respecto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) asegura que “el cargo por precio estabilizado había sido fluctuante, hoy ha estado subiendo permanentemente y con valores que van desde los 4 a los 7 US$/MWh en el corto plazo y que incluso pueden llegar a cerca de US$ 10 en el mediano plazo, si siguen entrando proyectos con régimen de precio de nudo. En términos comparativos, lo que pagan los clientes (tanto libres como regulados) por precio estabilizado ha sido en algunos meses más de lo que se paga por toda la transmisión nacional. Es urgente que hagamos algo con este tema. Hoy, el cargo por precios estabilizado es uno de los principales cargos sistémicos”.
Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles, explica que esta es una industria atomizada con una variedad de participantes. “Hay empresas internacionales y locales, desarrolladores, PYME y fondos de inversión, de impacto y de pensiones. Esto es un éxito del propósito legislativo de la ley corta que justamente buscaba, con la regulación de PMGD fomentar la entrada de nuevos actores a la industria. Los pequeños generadores por su condición de distribuidos, contribuyen a mejorar y fortalecer la red de distribución existente y constituyen un aporte fundamental a la descarbonización de la matriz”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, Darío Morales, defiende estas iniciativas, señalando que se han invertido más de US$ 3.000 millones en centrales de generación ubicadas estratégicamente cerca de los centros de consumo, además de aproximadamente US$ 100 millones en refuerzos a las redes de distribución. Agrega que es necesario mejorar la regulación en este contexto, “tener generación próxima a los centros de consumo no solo reduce las pérdidas de transporte de energía, sino que también permite a estas unidades ofrecer servicios que mejoran la continuidad y la calidad del suministro para los clientes conectados a las redes de distribución”, explica.
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La otra discusión
En forma paralela, los PMGD también están siendo objeto de discusión ante los cambios que se quieren hacer en el decreto que los regula y que contempla un régimen transitorio que permite continuar vendiendo a un precio estabilizado. A través de una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, se está estudiando la situación de estos proyectos, lo que podría implicar una revisión del precio estabilizado y su formulación. Esto tiene en alerta a los inversionistas de proyectos que han visto en el mercado chileno una opción de inversión relevante, toda vez que existe un precio estabilizado (y para algunos asegurado) de US$ 70 MWh. En paralelo, la CNE anunció cambios en la norma técnica de conexión.
Pero la industria también está en alerta por otro punto no menor. En el marco de la estabilización tarifaria, surgió la idea de que los PMGD le vendan energía a las empresas distribuidoras, es decir, a clientes regulados. El problema que levantan con esta propuesta, es que hace ya varios años que las generadoras no logran vender toda la energía que está comprometida en sus contratos con regulados, por lo cual, abrirle espacio a los PMGD no tiene a nadie contento; ni a los incumbentes, ni a las renovables que tienen de esos contratos, por tanto, desde todos los sectores anticipan que se vienen tiempos de nuevas discusiones y batallas en el sector eléctrico.
EL MAPA DE LOS PMGD, QUIÉNES ESTÁN TRAS LOS PROYECTOS
Más allá de la discusión, el desarrollo de los PMGD ha implicado el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, lo que ha ido cambiando el mapa y diversificando las empresas e inversionistas. Partieron como proyectos de pequeños inversionistas, pero con el tiempo, su atractivo precio estabilizado, comenzó a llamar la atención de los grandes. Estos son:
Carbon Free: firma canadiense, que en Chile cuenta con alrededor de 361 MW en 50 proyectos.
Aediles: La canadiense gestiona la cartera de 47 proyectos PMGD de BlackRock en Chile, que suman 297 MW.
CVE Group (Cap Vert Énergie o Changing Visions of Energy): de origen francés, cuenta con una cartera de proyectos PMGD por 255,8 MW en operación y construcción.
oEnergy: fundada en 2013 por los ingenieros chilenos Ricardo Sylvester y Yuri Andrade para el desarrollo, construcción y operación de plantas fotovoltaicas en el segmento PMGD. Cuenta en la actualidad con 49 proyectos y 173 MW en operación y construcción.
Matrix Renewables: empresa española cuenta en Chile con una cartera de PMGD de aproximadamente 430 MW en 79 proyectos de energías renovables en operación, desarrollo y construcción. Respaldada por el Grupo TPG, plataforma global de inversión de impacto que gestiona en el mundo activos por unos US$ 18.000 millones a través de The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund y cuyos fundadores son el cantante de U2 Bono y Jeff Skoll, exfundador de eBay, y cuenta entre sus accionistas a Jim Coulter, Richard Branson (Virgin Group) y Paul Polman (exChairman de Unilever).
Solek: es una empresa de origen checo que explota y tiene en construcción cerca de 40 centrales fotovoltaicas en Chile con una capacidad de 250 MW.
Grenergy: empresa española que en Chile cuenta con 80 plantas y unos 146 MW en operación y construcción. Hace unos meses inauguró el proyecto a Gran Teno de 240 MW (la planta con baterías más grande de Chile) y Oasis Atacama el proyecto de almacenamiento que tiene una capacidad de más de 4,1GWh, y cerca de 1GW solares, actualmente en construcción.
Reden: cuenta con 180 MW. Sus dueños son el consorcio formado por los grupos financieros administradores de fondos: Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG).
Sonnedix: de propiedad del fondo de inversión estadounidense JPMorgan Asset Management -en Chile su presidente es el exsubsecretario de Energía y presidente de Acera, Sergio del Campo-, cuenta con 125 MW en Chile.
Toesca Asset Management: fundada en 2016 por Alejandro Reyes, Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Alejandro Montero, ex Celfin Capital, ha incursionado en los PMGD contando con alrededor de 109 MW.
Otros actores son: Inter Energy asociado al fondo de inversión Brookfield (45 MW), S-Energy de capitales coreanos (65,7 MW), Prime Energía de EnfraGen (126 MW), Chile Solar (27 MW),Inversiones Consorcio Energético Nacional (45 MW), Sun Grow Power (31 MW), Langa (27 MW), Next Energy (27 MW), Solar Pack (27 MW), Enel Green Power (24,5 MW).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.