Académico de la FEN concluye que reorganizar la industria de AFP introduce riesgos a los afiliados y no sería la mejor alternativa para aumentar las pensiones
Más allá del 6% de cotización adicional, la división de la industria de AFP es una de las materias que ha estado en el centro del debate previsional durante los 18 meses que lleva la reforma de pensiones del Gobierno en el Congreso.
El tema también forma parte de los seis ejes que definieron los senadores de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta junto al Ejecutivo para ordenar la discusión en torno al proyecto de ley.
Si bien pareciera haber consenso entre los distintos sectores políticos respecto de que se deben hacer cambios a la industria para fomentar la competencia, además de algunos mecanismos para alinear mejor los incentivos con los afiliados, la propuesta de división de funciones -de inversión y de soporte- tal como está establecida en la iniciativa de La Moneda, no logra convencer.
El autor del informe dijo que “la propuesta del Gobierno es un cambio radical al sistema porque es un cambio a su institucionalidad de fondo y no mejora las pensiones”.
Un estudio encargado por la Asociación de AFP al economista y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Claudio Bonilla, analizó la eficiencia económica y los efectos en las pensiones de la reorganización de la industria propuesta por el Ejecutivo.
En el documento de Bonilla y Asociados Consultores, el economista concluyó que “no existen razones indirectas para proponer la reorganización industrial del sistema de pensiones”.
A su juicio tendría efectos negativos: “La propuesta de reorganización industrial del sistema parece ser de altísimo riesgo para los afiliados, no solo por el probable aumento en costos del sistema, sino que además por el riesgo de captura de la industria por el sistema político, con todas las fallas del Estado asociadas a dicha captura, y que no contribuye en aumentar las pensiones, objetivo final de cualquier reforma”, consignó el análisis.
Bonilla sostuvo a DF que “la propuesta del Gobierno es un cambio radical al sistema porque es un cambio a su institucionalidad de fondo y no mejora las pensiones. Hay mucha falta de estudio actuarial para las propuestas que se hacen y, a mi juicio, las propuestas son demasiado osadas, arriesgadas, sin los estudios y los cálculos previos”.
Comisiones
El documento consideró que “el ente estatal (gestor del FIP), generaría un doble cobro sobre los fondos de los afiliados, lo cual es muy probable que haga que la pensión final terminara siendo más baja que con la situación actual si todo lo demás en el análisis permaneciera constante”.
Además, estimó que limitar el cobro de comisiones de gestores especializados de fondos -sin considerar la rentabilidad, sumado a la “exposición latente a las fallas del Estado hacen presagiar que la propuesta como un todo no sería la mejor alternativa para aumentar las pensiones”.
El PhD en economía de la Universidad de Texas, señaló que “si el Estado tuviera una AFP o un Inversor de Pensiones estatal y compitiera con las reglas del juego claras y fuera neutralmente competitivo como se describe en el informe, ningún problema, la gente elige qué es lo que le gusta y quizás hay personas que prefieren irse al Estado”.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.