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Activan diligencias sobre finanzas de Hermosilla y Sergio Muñoz

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Los 510 mensajes entre Luis Hermosilla y el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, revelan dos cosas: una estrecha amistad y una relación de conveniencia mutua en términos labores. El detective obtenía influencia y el abogado información confidencial de causas judiciales.

De eso dan cuenta sus conversaciones que están siendo pesquisadas desde enero por la Fiscalía, luego de que el 25 de noviembre del 2023, el Ministerio Público lograra extraer desde el teléfono de Hermosilla 777.256 páginas con sus diálogos de WhatsApp.

Solo una parte de estos chats corresponden a Muñoz. El resto es un misterio, por ahora, pero el volumen de lo detectado, quizás, permite entender la inquietante declaración del ministro de Justicia, Luis Cordero, durante el lunes: “Es una investigación cuyos indicios no proyectan muy bien (…) Espero que por el bien de todos sea bastante acotado, porque si no es así las consecuencias pueden ser bien lastimosas en general”.

Hasta el momento, y según la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Muñoz, la investigación está centrada en la comisión del delito de violación de secreto en contra del exjefe policial por haber revelado a Hermosilla información de, al menos, cinco causas: minera Dominga, casino Enjoy, gastos reservados de Héctor Espinosa (su antecesor), el caso Raúl Torrealba y la indagatoria sobre Felipe Guevara.

Sin embargo, entre los investigadores también existe una duda no menor: ¿el traspaso de información fue sólo una cuestión de amistad y poder? Por el momento, en la causa solo se han logrado reunir antecedentes en esa dirección, aunque ya se activaron diligencias para tener un panorama más completo.

Fiscalía activa diligencias sobre las operaciones financieras de Hermosilla y el exdirector de la PDI. En la imagen, el antecesor de de Muñoz en la PDI. Foto: Agencia Uno.

Por lo mismo, el 22 de enero, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) “remitir al Ministerio Público todos los antecedentes de Reporte de Operaciones Sospechosas, Reportes de Operaciones en Efectivo, Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, y en general toda operación que obre en su poder respecto” de Luis Hermosilla y Sergio Muñoz.

Además, se solicitó que “asimismo, conforme a vuestras coordinaciones, requerir información si los ciudadanos antes individualizados registran cuentas corrientes, depósitos dinerarios y/o cuentas bancarias en Bancos en el extranjero”.

Cuatro días después llegó la respuesta de la UAF, a través de su director, Carlos Toloza, quien pidió más antecedentes de la causa a la Fiscalía para poder dar curso al requerimiento de información.

“Al respecto cabe hacer presente que los requerimientos de información que se envíen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), deben indicar de manera explícita la existencia de una investigación vigente por el delito de lavado de activos y/o de un delito precedente, tipificado en la Ley N° 19.913, pues solo en dichos términos este Servicio se encuentra legalmente autorizado a dar respuesta a su solicitud”, se lee en el documento.

El abogado de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, indicó que su representado “actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda ni a un acuerdo ilegal, lo hizo de mutuo propio”.

Fiscalía activa diligencias sobre las operaciones financieras de Hermosilla y el exdirector de la PDI. En la imagen, el abogado Juan Carlos Manríquez.

Otro de los requerimientos de información que despachó la Fiscalía fue el del 19 de enero -45 días antes del allanamiento a la casa de Muñoz- al Ministerio del Interior. La misma fiscal Parra solicitó al gobierno que le enviara “copia de los contratos y resoluciones relacionadas con el Sr. Luis Hermosilla Osorio (…) y remitir un listado de las causas en las que el Sr. Luis Hermosilla Osorio, asumió el patrocinio del Ministerio del Interior, indicando las fechas en que este tuvo la calidad de abogado patrocinante o apoderado”.

Si bien no se especificaba en qué causa se estaba pidiendo esa información, sí se consignaba el “RUC” (registro judicial) del caso, el cual es distinto al del denominado caso Audio. El 23 del mismo mes, la Fiscalía le advertía a Interior, a través de un correo electrónico, que “hago presente que se trata de una investigación reservada. Ruego favor acusar recibo”.

Sin embargo, el 16 de febrero el Ministerio Público volvió a la carga, pues aún no recibía la información. Parra, otra vez, despachó un oficio en que pedía “rendir cuenta a la Fiscal que suscribe respecto del Requerimiento de Información” en un plazo de tres días hábiles.

El 23 de febrero llegó a la Fiscalía la respuesta de la propia ministra del Interior, Carolina Tohá. Allí le detalló y remitió los decretos que daban cuenta de las asesorías de Hermosilla para el gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022.

“La información que en este acto se proporciona, corresponde a la suscripción de 6 (seis) contratos suscritos con el investigado, que obran en poder del Departamento de Gestión de Personas, a saber: Decreto Exento TRA N° 280/430/2018; Decreto Exento TRA N° 280/352/2020; Decreto Exento TRA N° 280/979/2020: Decreto Exento TRA N° 280/980/2020; Decreto Exento TRA N° 280/975/2021; y Decreto Exento TRA N° 280/412/2022″, dice el oficio.

Cada uno de estos oficios forman parte de la investigación de la Fiscalía, la cual, hasta el cierre de esta edición seguía estaba aún en etapa de formalización.

La audiencia de formalización de Muñoz, si bien estaba fijada para las 9.00 de la mañana, se postergó en 30 minutos, momento en que el fiscal Francisco Lanas comenzó a leer uno a uno los dos grupos de hechos que se le imputaban a Muñoz.

Lanas leyó uno a uno los mensajes que Muñoz envió a Hermosilla y los cuales habría -según la tesis de la Fiscalía- revelado información de las causas de la minera Dominga, la del casino Enjoy; la del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba; la del exintendente y alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara; y la de los gastos reservados del exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

Treinta minutos después que comenzada la formalización la jueza Francis Fell tomó la palabra y dirigiéndose a Muñoz le preguntó: “¿Entendió los hechos?”.

Ante la pregunta, el otrora director de la policía civil afirmó el micrófono de la mesa de imputados y respondió: “Los entiendo perfectamente”, para la luego bajar su cabeza, tal y como la tuvo gran parte de la audiencia.

Posterior a eso, fue el turno de la fiscal regional Lorena Parra quien comenzó a argumentar las razones para solicitar la prisión preventiva de Muñoz.

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Eduardo Macaya: OS-9 incauta celular de jefe operativo de Cárcel de Rancagua

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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.

La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.

Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.

Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.

Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.

Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.

Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.

Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.

Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.

Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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