En medio de la suspensión de la semana regional que se acordó en el Senado, tras el homicidio de tres carabineros en Cañete, la Cámara Alta ha estado abocada a discutir la ley antiterrorista.
Alojada en la Comisión de Constitución, luego de su paso por la de Seguridad, la iniciativa fue votada, junto con las 42 indicaciones que fueron ingresadas por los senadores. Durante la jornada de este jueves, a contar de las 16.00 y hasta las 19.00 horas, en sesión especial, el Senado discutirá y votará el proyecto.
De prosperar ese paso, el proyecto llegará a la Cámara de Diputados.
Luego de que la Comisión de Constitución despachara el proyecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá -quien estuvo en la comisión-, sostuvo en X que “ha habido en el pasado numerosos intentos de tener una ley en forma, que funcione, moderna, y una y otra vez esos intentos se han visto frustrados por falta de acuerdos. Aquí ya llevamos dos comisiones que han aprobado el proyecto”.
“Esperemos que cuando llegue a Sala suceda lo mismo y después tenga una tramitación positiva en la Cámara de Diputados”, complementó la titular de Interior.
En ese contexto, es que desde las distintas bancadas ya se alistan para lo que será la discusión en el pleno del Senado y la posterior votación.
En la derecha, fuentes de la bancada de la UDI aseguran que sus senadores se dedicaron al estudio en detalle de la iniciativa, pero que en general, agregan las mismas fuentes, tienen una buena valoración del contenido y esperan que se apruebe por una amplia mayoría de votos.
Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli) señaló que “tanto la ministra del Interior, como el fiscal nacional y la oposición, estamos bastante alineados en lo que requerimos para que la ley antiterrorista no tenga que ser reemplazada, en términos de eficacia, por la ley común”.
“Lo que presumo que va a suceder, debiese pasar por una amplia mayoría respecto de las modificaciones que se han introducido, que creo que han sido muy atingentes a la realidad nacional”, complementó Cruz Coke.
Desde el oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) tuvo una buena valoración de la iniciativa, destacando, a su juicio, cuatro ventajas con las que contaría. “Permite perseguir y sancionar a los integrantes de una banda terrorista antes de que cometan los delitos porque se configura una serie de características que permite perseguir con menos pruebas, con menos exigencias que las que antes había para calificar de asociación terrorista”.
Además, consideró Castro, “mejora las técnicas de investigación, que permiten incluso la interceptación territorial de comunicaciones, o el registro de equipos informáticos, o la captación de imágenes o sonidos con agentes encubiertos”.
La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, calificó de “buena noticia” el avance de esta iniciativa legal. Sobre su contenido, afirmó que “uno de los puntos en que creemos que es posible avanzar más es en las herramientas tecnológicas y de investigación con que cuentan tanto las policías como el Ministerio Público”.
“Creemos necesaria la incorporación de una indicación para que en todo vehículo policial se integren cámaras de seguimiento y sistemas de posicionamiento global”, complementó Rincón.
En paralelo a la discusión en el Senado, la Cámara baja se encuentra discutiendo distintas iniciativas en las instancias de comisión.
De hecho, las comisiones de Constitución y de Seguridad están sesionando unidas para discutir el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.
El martes, luego de una acalorada discusión, el presidente de la instancia unida, Miguel Ángel Calisto, suspendió la sesión. “El ánimo no está para seguir”, afirmó Calisto pasadas las 23.00 horas, después de más de 13 horas de debate.
La polémica surgió con la discusión de una indicación propuesta por el Ejecutivo, que establece que “debe evitarse apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro”, lo que reabrió la controversia sobre el concepto de letalidad del armamento, con alusiones a las víctimas del estallido social.
Al respecto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) señaló que “es correcto abrir la discusión sobre las características de los armamentos” y que se encuentra “disponible” para debatir alguna indicación en esa línea.
“Los que nos interesa es cómo somos capaces de proteger a toda la ciudadanía, dándole seguridad a nuestras policías de que al hacer uso de su arma de fuego lo hagan sin tener miedo de que van caer detenidos”.
Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) señaló que tiene “dos preocupaciones”. La primera es que “las Fuerzas Armadas emplean armamento letal”, por lo tanto, “tenemos que tender que estarán en posición de usar las armas que tienen”. Además, consideró Schalper, “toda arma puede tener potencialidad letal”.
“Lo correcto es hablar de armamento y entender que hay que presumir el uso adecuado de ese armamento”, consideró Schalper.
Las comisiones unidas retomarán la discusión este jueves a las 10.00 horas, hasta total despacho.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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