Luego de tres extensas jornadas de formalización, hoy se conoció la medida cautelar del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien es imputado por varios delitos de corrupción que habrían sido cometidos en el contexto de la pandemia por Covid-19.
A eso de las 9.16, ante la mirada atenta del jefe comunal, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución. “Este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión (…). Nadie debe recibir un trato preferencial y las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables sin considerar factores extralegales”, dijo la magistrada en la parte introductoria.
La jueza recordó que esta etapa procesal corresponde a la formalización de cargos y no de juicio oral, por lo tanto, “el estándar de convicción que establece el Artículo 140 del Código Procesal Penal para imponer medidas cautelares más intensas no es el mismo que se requiere para una sentencia condenatoria que exige convicción más allá de toda duda razonable”.
Luego de relatar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y repasar los argumentos de la defensa, Moya presentó las medidas cautelares. La jueza dijo que las medidas de menor intensidad son “insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento” debido a la cantidad de delitos y las penas que estas tienen. En sentido, considerando que su libertad representa un “peligro para la seguridad de la sociedad”, la jueza decretó prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El alcalde deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
José Muñoz Becerra, quien fuera encargado de ventas de Achifarp entre julio y noviembre del 2020 y luego secretario ejecutivo de la asociación desde noviembre a junio del 2022, quedó con la misma medida de prisión preventiva. El médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno.
Fue el miércoles cuando la fiscal Giovanna Herrera, de la fiscalía Centro Norte, comenzó su extensa acusación contra el alcalde de Recoleta y contra otros siete imputados en la causa. Los delitos que imputa la persecutora contra el jefe comunal son estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal.
Algunos de esos presuntos delitos involucran compras de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), donde Jadue era presidente del directorio, con la empresa proveedora Best Quality. La empresa, acusando que no se pagó la totalidad de los dinero, se querelló contra Jadue por estafa en 2020. Ese fue el punto de partida de la causa. El perjuicio, según la fiscalía, sería de más de mil millones de pesos.
La fiscal Giovanna Herrera había pedido la prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra. Para Sendra la fiscalía había pedido arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a coimputados. Por su parte, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había pedido que su representado quedara sin ninguna medida.
El plazo investigativo es de 120 días.
El jueves, la fiscal especializada en delitos económicos expuso sobre el presunto fraude al Fisco de Jadue. En ese sentido, dijo que los dineros aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir Interferón en época de coronavirus fueron para pagar las millonarias deudas de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Lo mismo con la aprobación de platas para comprar glucómetros.
Respecto al cohecho, la autoridad comunal lo habría cometido el 1 de julio de 2020 en una reunión con la empresa Best Quality, en la que le ofreció convertirse en proveedora de la Achifarp, y de próximos proyectos, a cambio de entregar una “bonificación” de productos avaluados en más de $ 20 millones.
“El imputado Jadue realizó maniobras defraudatorias en su propio municipio”, dijo en las jornadas previas la fiscal. Además, Giovanna Herrera, apuntó a la existencia de un “móvil electoral”.
En la causa, el Ministerio Público acusa también a María Eugenia Chadwick, directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta; Eduardo Carmelo Sendra Arratia; director del Centro de Salud de Alta Resolutividad SAR de Recoleta; Raúl Daniel Moraga, exsecretario ejecutivo de Achifarp; José Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo Achifarp; Álvaro Javier Castro Robles, representante legal de Best Quality SpA, Patricio Esteban Zavala Espinoza y María Constanza Matus Pérez.
En las jornadas previas el tribunal ya decretó las medidas cautelares para varios de ellos: arraigo y firma mensual para Raúl Moraga; firma quincenal, arraigo, prohibición de acercamiento a la municipalidad y a los coimputados. para María E. Chadwick; arraigo nacional para Álvaro Castro; firma mensual y arraigo nacional para María Constanza Matus. En el caso de Patricio Zavala, aún no ha sido formalizado.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.
Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.
Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.
Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.
“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.
Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.
Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.
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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli,padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.
En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.
Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.
Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.
Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.
El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.
Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, másla resolución del Tribunal Constitucional.“Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.
El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.
Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.
Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.
En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.
Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.
Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.
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