Diseñar acciones de preparación, mitigación y apoyo en la recuperación tras ocurrida una emergencia, contribuyendo con ello al desarrollo e integración de capacidades que permitan la reducción del riesgo de desastres en Chile. Ese es el objetivo central de la alianza suscrita el 7 de diciembre pasado entre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -en representación de sus seis gremios empresariales socios- y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
Y si bien el convenio se realizó semanas antes de las catástrofes en la región de Valparaíso y en la zona sur del país, su firma ha sido crucial para lograr una coordinación entre el mundo privado y el público luego de los siniestros, según confirma Matías Concha, presidente de la comisión de Prevención de Riesgos y Desastres de la CPC.
El también consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) explica que aunque el foco de esto es trabajar desde la prevención, también contempla una arista de cómo reaccionar y ayudar cuando la emergencia ya está en curso. Así, la finalidad es que el sector privado active y ponga a disposición las ayudas y apoyos en función de los requerimientos que vaya solicitando el Gobierno.
“Queremos entregar las mejores cartas en el momento oportuno (…) por eso es crucial la coordinación,y en función de lo que se requiere, cada una de las ramas y sus socios se activa”, explica Matías Concha.
Para el vocero, lo clave es “ser ordenados, no se necesita todo de una vez. Nosotros queremos entregar las mejores cartas en el momento oportuno, cuando la autoridad lo requiera y en función de cómo evolucione la emergencia”.
Por eso, agrega, “es crucial la coordinación, y en función de lo que se requiere, cada una de las ramas y sus empresas socias se activa”.
Acá, subraya, lo que se busca es dar soluciones.
“No se trata de pelear protagonismo y ver quién ayuda más, no. Acá lo central es ayudar, apoyar a manejar y abordar la situación. Gran parte de los desafíos públicos y emergencia pueden ser abordados de manera mucho más efectiva con una adecuada colaboración público-privada”, dice Concha.
El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, y el director Nacional de Senapred, Álvaro Hormazábal, en la firma del convenio.
Las ayudas
A la fecha, y según confirma Concha -y con mucha coordinación producto del convenio-, el sector privado ha efectuado apoyos directos de diversa índole a raíz de las emergencias.
CMPC, Arauco y la Corporación Chilena de la Madera (Corma) han sido cruciales en el control de incendios.
La Cámara Chilena de la Construcción, y su sede en Valparaíso, agrega Concha, ha sido “fundamental en la coordinación de primera línea con apoyos importantes de AngloAmerican, Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Colbún, entre otros”, precisa.
No han sido las únicas ayudas activadas. Sodimac, Rosen, Walmart e Easy han estado “muy atentos en los suministros, unido a un silencioso ejército de muchísimos y diversos actores del sector privado que me es difícil incluirlos a todos, pero sólo me queda agradecer el incondicional apoyo en los momentos más difíciles”, destaca el ejecutivo.
Ayuda inicial que, además, ha contado con el trabajo complementario de fundaciones privadas muy activas, como Hogar de Cristo, Techo, Red Alimentos, Movidos por Chile y Desafío Levantemos Chile. “Cada uno ha estado muy activo en que la ayuda llegue en el momento oportuno”, subraya el vocero.
Pero el rol del sector privado no se acota al manejo de la emergencia en sí misma. El convenio también contempla activar apoyos en toda la fase de rehabilitación, en donde es crucial el rol de cooperación para la atención rápida en beneficio de los sectores afectados.
Los desafíos
Con todo, para Concha la emergencia aún es un tema en desarrollo y que no se limita a la región de Valparaíso.
“Los incendios de O’Higgins al sur y el fuerte aumento de la intencionalidad de los incendios en la macrozona sur, habla de cómo la importancia de la coordinación con las policías, los patrullajes preventivos y reacción temprana empiezan a ser claves para detener esta vorágine”, sostiene.
En el entendido que la solución de fondo viene por la aplicación de un plan de mitigación, para el dirigente “la palabra clave es la coordinación y reacción rápida durante la etapa de emergencia”, enfatizando que esta coordinación debe ser entre todos los actores.
Por eso, sostiene, el problema de fondo es mucho más profundo, ya que implica muchos factores, además de incluir la mitigación y resiliencia en todos los instrumentos de planificación y ordenamiento.
“A nivel de Estado se está avanzando en los levantamientos y coordinaciones para construir una institucionalidad para enfrentar los desastres, lo cual es algo que el convenio con el Senapred busca ser un aporte”, expone Concha junto con mencionar que el sector privado seguirá a disposición para ayudar.
“En estos momentos, tenemos que poner lo mejor de nuestra parte, ya sea en el sector público y privado para que la solución ante un escenario de desastre llegue a las personas en forma oportuna y efectiva”, acota.
#Alianza #entre #Senapred #CPC #emergencias
Si quieres leer el artículo original puedes acceder desde este link:
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.