El Ministerio de Hacienda resolvió extender por una semana el trabajo prelegislativo con representantes de casi todos los partidos políticos, en busca de alcanzar un acuerdo en el proyecto de impuesto a la renta.
Ayer, se realizó la que sería la última reunión en torno al tema, donde algunos de los representantes de las tiendas políticas presionaron al Ejecutivo para que cambie la propuesta original que pretende elevar el impuesto a la renta desde los $ 3,2 millones mensuales, la cual no concita total apoyo.
También se solicitó que la creación del sistema dual de tributación implique una simplificación del régimen actual.
En la cita, Hacienda reveló que espera recaudar 1,1% del PIB con aumentos de impuestos a la renta, a las personas y reducción de exenciones tributarias.
Asimismo, detalló que los beneficios fiscales, como reducción de impuesto corporativo, deducciones y regímenes PYME, le restarán 0,5% del PIB a la recaudación.
Así, se acordó tener una nueva reunión el jueves para intentar resolver los puntos en discordia.
El exministro y representante del PPD en la instancia, Álvaro García, sostuvo que hay acuerdo respecto de las características generales que debe tener la propuesta. “Esto es que hay que financiar ciertos gastos sociales indispensables y eso requiere de mayores tributos”.
El presidente de RD, Diego Vela, sostuvo luego del encuentro que “se ha ido avanzando en ver cómo incentivar la inversión, generar más crecimiento, pero también aumentar la capacidad recaudatoria”. Sobre la propuesta de subir la tasa marginal a quienes perciben desde $ 3,2 millones al mes, dijo que “se plantearon diversas posturas y lo que más se busca es que el impuesto sea progresivo, pero no se ha cerrado una fórmula”.
Sobre la simplificación del sistema, Vela explicó que “un punto que salió es que hay que generar una mayor simplificación del sistema tributario y un camino para lograr eso es el sistema dual, pero la idea es poder discutirlo con mayor profundidad la próxima reunión”.
Modificar el tramo exento
Tras el encuentro, el diputado DC, Eric Aedo, indicó que “estamos en proceso de afinar un entendimiento”, recordando que los votos DC están para impulsar la inversión con la rebaja del impuesto corporativo de un 27% a un 25%, pero que “le volvimos a decir al ministro que no estamos disponibles para que el impuesto a la renta que se pretende incorporar afecte a la clase media”.
Aedo informó que el miércoles la bancada DC almorzó con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien “le explicamos que nos parece de contrasentido que si en la propuesta rechazada el año pasado el tramo estaba en los $ 4,5 millones, ahora la propuesta baje ese tramo”.
Pero se mostró esperanzado en una nueva propuesta: “Creo que se van a abrir a un cambio, porque en forma sorpresiva el PC también defiende a la clase media y eso deja en evidencia que no hay apoyo para una medida que comience en $ 3,2 millones”.
Sobre la simplificación del sistema, Aedo dijo que “llevamos más de 10 años discutiendo si es sistema integrado, dual o semi integrado. Eso lo van a revisar los equipos técnicos en la próxima reunión para buscar un acuerdo en qué sistema tributario vamos a adoptar y no estar a los pocos meses haciendo la reforma de la reforma, que es una experiencia que no se quiere repetir”.
El representante de Demócratas en la mesa, Juan Alberto Pizarro, señaló que en materia de impuestos personales es clave fijar una hoja de ruta en el largo plazo para ir “abordando progresivamente los ajustes que el sistema requiere. Entregar sostenibilidad a la recaudación fiscal pasa por abordar las debilidades actuales en la medida que el país vuelva a crecer con fuerza”.
En la cita, representantes de la oposición, como la UDI, RN y Evópoli, plantearon una hoja de ruta para modificar el tramo exento del impuesto personal, sujeto a incrementos en el crecimiento económico y de cobertura de servicios públicos para los contribuyentes más vulnerables y de clase media.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.