El último año ha sido turbulento para las salmoneras. El panorama tuvo su punto álgido a mediados de 2023 cuando se votó la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y que -tras movilizaciones masivas de trabajadores en el sur- terminó en un empate en el Congreso que salvó a la salmonicultura de ser removida de reservas nacionales y forestales, zonas que, en ese momento, concentraban alrededor del 60% de las concesiones operativas.
Luego, el sector trató de avanzar en una agenda en común con las autoridades, pero según el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, los esfuerzos no tuvieron efecto y el Gobierno no ha tomado en cuenta a la industria.
Un nuevo foco de conflicto se abrió a partir del convenio entre Sernapesca y la ONG Oceana, en el marco de la Ley de Escapes, que busca generar una plataforma para fiscalizar a las salmoneras, accediendo a información confidencial de sus centros de cultivo como la carga de antibióticos y la biomasa.
“Nos reunimos con la ministra (Maisa Rojas) hace más de un mes y le planteamos nuevamente la necesidad de armar esta agenda, y no tuvimos respuesta de ningún tipo”.
– Se dijo que el acuerdo de Sernapesca con Oceana generó indignación en el sector. ¿Es efectivo?
– La verdad es que quedamos absolutamente sorprendidos. Nos parece insólito que esto haya ocurrido, porque lo preguntamos y nos lo negaron; entonces es una falta de claridad en el proceso. Y quiero aclarar: no estamos contra la transparencia, si no todo lo contrario, abogamos porque ojalá los servicios públicos puedan tener la mejor y oportuna información.
Ahora, la misma información que se supone que van a sacar con esta plataforma, SalmonChile la publica desde hace ocho años, por lo tanto, si ellos quieren repetir esta información, feliz de que lo hagan, pero la forma en que lo hicieron nos parece increíble.
– ¿Cómo ha evolucionado la relación de la industria y el Gobierno?
– Después de la Ley SBAP, nos reunimos vía lobby con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, y con el ministro de Economía, Nicolás Grau, donde dimos vuelta la página de esto. Esto fue en noviembre del año pasado y a principios de diciembre, le mandamos a ambos ministros una agenda técnica de trabajo con cada punto que queríamos trabajar y que eran parte de lo que nosotros llamábamos “la asfixia”, a las cuales estábamos siendo expuestos. Y es súper frustrante: han pasado seis meses desde que mandamos esto y no hemos avanzado nada.
– ¿Por qué no se ha logrado un diálogo entre salmoneras y las autoridades?
– Hemos querido establecer un diálogo con agendas concretas para poder destrabar la actividad. Resulta bien incomprensible que, por un lado -y lo vimos recientemente en la Enade- el Presidente de la República diga que están por el crecimiento y que quieren reactivar al máximo el país, pero en definitiva, las acciones de algunas autoridades de este mismo Gobierno, y específicamente en el caso de la salmonicultura, no apuntan al mismo lado.
Nos reunimos con la ministra hace más de un mes y le planteamos nuevamente la necesidad de armar esta agenda, y no tuvimos respuesta de ningún tipo. Quedamos como en nada y esa es la verdad: no hemos visto ningún avance en la agenda que mandamos en diciembre del año pasado. Por otro lado, tampoco hemos podido reunirnos nuevamente con el ministro Grau, le hemos pedido audiencias y nos han sido negadas.
– ¿Las cenas en la casa de Pablo Zalaquett trabaron las conversaciones?
– Siempre nos hemos reunido con las autoridades a través de los conductos de transparencia, y de la ley de Lobby. En la práctica, hemos visto una falta de diálogo enorme entre la industria y los ministros sectoriales que permita avanzar al desarrollo en el sur del país.
– ¿Qué desprolijidades de la autoridad han podido evidenciar?
– Cuando conversamos con la Subsecretaría de Pesca y nos señalaron que ellos iban a sacar primero la Ley de Pesca, revisamos el proyecto de la nueva norma y curiosamente no estaba el artículo 158 (que permite la acuicultura en ciertas áreas protegidas), artículo que defendieron los trabajadores en la Ley SBAP. O sea, lo mismo que se discutió en el SBAP, que en definitiva el Poder Legislativo zanjó, se les olvidó prorrogarlo.
¿Es un olvido? ¿Es una desprolijidad? Entonces, cuando el Gobierno dice que quiere generar confianza y pasan estas cosas, uno queda súper consternado. Y después, para sellar esto, vienen el convenio entre Oceana y Sernapesca.
– ¿Esto es causante de lo que ustedes llaman “la asfixia”?
– Sí, y adicionalmente se están emitiendo nuevos reglamentos y resoluciones de manera permanente; se cambian y se deja una serie de conceptos bastante amplios y subjetivos. Entonces, no es que no queramos ser fiscalizados -porque queremos y pedimos tener los más altos estándares ambientales- pero lo que queremos es claridad.
– ¿Como industria tienen alguna autocrítica?
– Por supuesto. Desde hace años hemos hecho una autocrítica en distintos aspectos y creemos que hay mucho por mejorar en nuestro actuar. Esto en el sentido ambiental o en términos de relacionamiento comunitario. Por ejemplo, posterior a la situación de marea roja, nos dimos cuenta de que teníamos que buscar una forma distinta de relacionarnos con las comunidades y los grupos de interés.
Hemos hecho cambios, pero también tenemos muchos espacios de mejora todavía. Tenemos que seguir reduciendo, por ejemplo, el consumo de antibióticos, donde ya nos fijamos metas de reducción.
Acuicultura y el paro en Puerto Coronel: “Una pérdida reputacional gigantesca”
Ya van 46 días desde que inició el paro en Puerto Coronel, lo que ha significado pérdidas importantes para varios sectores, incluido la salmonicultura. En este sentido, Arturo Clément expresó que espera que se resuelva luego ya que “hay un efecto súper importante para el comercio exterior y para los productos de exportación chilenos”. Agregó: “Hay una pérdida reputacional gigantesca, porque no estamos cumpliendo nuestros compromisos”. En esa línea, señaló que SalmonChile tiene más de 100 contenedores paralizados en Coronel, que no han podido salir hace seis semanas. Frente a esto emplazó a las distintas partes involucradas, incluido al Gobierno, para que tomen un rol activo para solucionar este problema. “No puede ser que un puerto importante para las exportaciones esté paralizado seis semanas”, sostuvo.
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Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.
La espectacular ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París comenzó el viernes por la noche con una flota de barcos que transportaban a 10.500 atletas a lo largo del río Sena, la primera versión al aire libre del espectáculo que se espera sea visto por mil millones de personas.
Sin embargo, el evento se vio ensombrecido por un acto de sabotaje criminal que afectó a la red ferroviaria de alta velocidad de Francia en las primeras horas de la mañana y provocó un caos en el transporte en todo el país. Una fuerte lluvia comenzó a caer aproximadamente a los 30 minutos del espectáculo de tres horas, un escenario de pesadilla para los organizadores de la representación teatral que contó con un elenco masivo de bailarines, dos orquestas y un grupo de estrellas del pop, incluida Lady Gaga haciendo una actuación con tintes de cabaret.
“Estamos preparados para este magnífico acontecimiento”, afirmó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, antes de la ceremonia, añadiendo que no se habían detectado amenazas específicas. El sabotaje ferroviario “no tendría consecuencias directas sobre los Juegos Olímpicos ni sobre la ceremonia”.
Lady Gaga lleva el cabaret a la ceremonia de apertura de los Juegos de París en el Sena
A media tarde se habían formado largas filass para que los poseedores de entradas ingresaran al perímetro altamente seguro a lo largo del río Sena, donde se esperan 320.000 espectadores a lo largo de los muelles adoquinados de la época medieval. El formato del evento requirió una fuerte seguridad: 45.000 policías fueron desplegados en tierra y en el aire, utilizando helicópteros, drones y francotiradores colocados en los tejados.
El clima también puso a prueba a las docenas de capitanes de barcos experimentados que impulsaron el desfile, quienes navegaron precisamente a la velocidad adecuada para mantener el espectáculo en línea. Algunos espectadores huyeron de los muelles para refugiarse mientras llovía a cántaros.
El presidente Emmanuel Macron recibió a más de 100 jefes de estado en la plaza Trocadero, al otro lado del río desde la Torre Eiffel, donde los atletas desembarcaron para un desfile final y una actuación esperada por la favorita francófona Céline Dion. Jill Biden, esposa del presidente estadounidense, y otros líderes asistieron previamente a una recepción en el palacio del Eliseo.
El espectáculo de tres horas contó con bailarines de ballet en el tejado del Louvre, mientras que cientos de bailarines modernos y breakdancers actuando en los muelles y en algunos de los barcos. Los artistas lucieron trajes hechos a mano por modistos franceses, incluidos Louis Vuitton y Dior de LVMH.
Cuando Reboul le propuso la idea a Tony Estanguet, jefe del comité organizador de París, el dos veces ganador de la medalla de oro reaccionó con un estupor que rápidamente se convirtió en entusiasmo. “Será ambicioso, audaz y totalmente loco”, afirmó Estanguet recordando el momento.
Aunque los funcionarios se han mostrado vagos sobre el precio, los medios franceses han informado que la ceremonia costará alrededor de 120 millones de euros, es decir unos US$ 130 millones y aproximadamente cuatro veces el costo de la inauguración de los Juegos de Londres 2012. Se espera que el coste total de los Juegos de París, que se presentó como una edición más ecológica porque se construyó poca infraestructura nueva, alcance entre 9.000 y 10.000 millones de euros, según el auditor nacional. Alrededor de un tercio de esa cantidad será costeada por los patrocinadores.