Dos aspectos pusieron sobre la mesa este lunes las máximas autoridades de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), en pos de mejorar los alcances y trabajo de la institución creada el 2015.
Uno planteado por el secretario ejecutivo del CNEP, Rodrigo Krell, quien hizo un llamado a avanzar en consolidar el organismo a través de darle un estatus más formal a través de la legislación. “Al estar en terreno haciendo los estudios, vemos esa reticencia de algunas instituciones a entregar esa información y eso no sería difícil desde el momento en que exista una ley que nos ampare y que nos dé esa facultad”, indicó ante la comisión de Economía del Senado.
En otras comisiones de productividad que son referentes para la institución, como las de Australia y Nueva Zelanda, precisó que el Gobierno está obligado a contestar formalmente las razones por las que acoge o no la recomendación y tiene que pronunciarse sobre cada una.
En cambio, en el caso local “nosotros no tenemos fuerza legal para obligar al Gobierno a contestar pero es una muy buena práctica”, dijo.
Evaluación ex post
La segunda propuesta la hizo el presidente de la entidad, Raphael Bergoing, respecto a considerar evaluaciones de las políticas públicas ex post. “Aquí lo que falta es unamirada más sistemática, que haga una evaluación no solo ex ante y ex dure”, afirmó.
A su juicio, el déficit que tiene el sistema de políticas públicas actual va en la línea de que “nosotros nos metemos en debates de políticas públicas complejos pocos años después de haber hecho una reforma previa en la misma área, sin que esta haya sido evaluada”.
Ante ello, dijo que falta hacer revisiones regulatorias, en general, del sistema y que “se asegure de que hay un grado de coherencia interna, que permite que sume, pero sume arreglando que el sistema vaya dejando de lado cosas que son obsoletas”.
Bergoing indicó que el estancamiento de la productividad en Chile durante los últimos 15 años sigue siendo el principal factor del bajo crecimiento que registra la economía en la última década, lo que ratifica la necesidad de generar medidas para impulsarla.
De hecho, señaló que se han realizado cerca de 25 informes en total y 16 de ellos con recomendaciones, que totalizan cerca de 500 y que solo un tercio ha tenido impacto.
Y si bien dijo que no hay una bala de plata como solución, reiteró que son un conjunto de diferentes reformas que deben realizarse individualmente. “Se trata principalmente sobre mejorar la gestión durante el proceso productivo. Mayor productividad en el sector público no necesariamente implica menor gasto”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.