El cambio climático ya está afectando a la economía y los bancos centrales del mundo han debido sumar este elemento en sus análisis sobre la actividad productiva y finanzas. Y Chile no se ha quedado atrás, particularmente cuando personas y empresas están sufriendo los efectos de eventos extremos, como sequía, una mayor cantidad de incendios forestales e inundaciones en distintas partes del país.
De ahí que el instituto emisor local se unió en 2021 a la Red por el Enverdecimiento del Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés), grupo que reúne a bancos centrales y supervisores de todo el mundo para intercambiar experiencias, compartir prácticas y contribuir al desarrollo de la gestión del riesgo medioambiental y climático en el sector financiero.
La instancia cuenta con 138 miembros y 21 observadores, entre los que están el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra (BoE).
“El cambio climático y las políticas orientadas a descarbonizar la economía ya tienen impactos que podrían profundizarse en el tiempo sobre la macroeconomía y, si ello ocurre, podría tener efectos para la estabilidad financiera”.
“El cambio climático y las políticas orientadas a descarbonizar la economía ya tienen impactos que podrían profundizarse en el tiempo sobre la macroeconomía y, si ello ocurre, podría tener efectos para la estabilidad financiera”, afirma el gerente de la División Política Monetaria del Banco Central chileno, Elías Albagli.
De ahí que la agenda de investigación y de generación estadística de la entidad monetaria ha comenzado a incorporar el medio ambiente en su análisis para entender y adelantarse a los desafíos.
Una dimensión que se une al mandato principal del ente emisor, que es mantener la inflación baja y estable en el tiempo, junto con promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero.
Albagli explica que se identifican dos tipos de impactos macroeconómicos asociados al cambio climático: físicos y de transición.
Los primeros corresponden al daño que los eventos climáticos extremos y el cambio de tendencia del clima -como las sequías extremas, incendios forestales e inundaciones- pueden provocar sobre las actividades económicas y humanas.
De hecho, una secuela de índole socio-económica podría ser precisamente un impulso a las migraciones de personas.
Los efectos de transición, a su vez, son aquellos relacionados con las políticas de mitigación y adaptación que podrían ser implementadas para aminorar los de carácter físico. Entre estos, están, por ejemplo, los recursos que se requieren para transitar hacia una economía con una matriz energética baja en carbono.
“Por lo tanto, para continuar elaborando proyecciones económicas que tomen en cuenta los cambios del entorno, es necesario incorporar los impactos asociados al cambio climático en nuestras herramientas de análisis”, afirma Albagli.
Líneas de acción
Como parte de las medidas que el banco ha tomado para mejorar el entendimiento de las consecuencias macroeconómicas del cambio climático, la división de Estadísticas del Central ha trabajado en el diseño de nuevos indicadores de carácter experimental que permitan informar sobre el estado actual y la evolución del capital natural en Chile, siguiendo el marco de estadísticas económicas y medioambientales de Naciones Unidas.
En paralelo, las unidades de la División de Política Monetaria avanzan en la extensión de los modelos y metodologías empíricas para incorporar este tema, junto con una agenda de investigación para proveer un mejor entendimiento de los canales a través de los cuales ocurren dichos impactos.
En el caso de la División de Política Financiera de la entidad monetaria, la tarea ha sido incorporar los riesgos climáticos en sus evaluaciones de estabilidad financiera con el objetivo de identificar posibles vulnerabilidades y, de esta forma, mejorar las prácticas de gestión y supervisión de riesgos.
Experiencia comparada
Una encuesta publicada por la NGFS en julio del año pasado sobre cambio climático y política monetaria -y que incluyó a 55 de sus miembros-, constató que la mitad aseguró que sus economías ya habían sufrido daños causados por impactos físicos crónicos del cambio climático en la última década.
De los resultados, el 79% apuntó a que la mayor parte de los análisis realizados se han centrado en los fenómenos y tendencias nacionales (79%), mientras que una proporción menor ha estudiado los impactos procedentes del exterior (21%).
Además, el 70% de los encuestados se mostró preocupado por los efectos económicos negativos de riesgos físicos agudos más generalizados a lo largo del tiempo, como sequías e inundaciones.
Frente a esto, el 47% ya ha realizado trabajos analíticos acerca de las expectativas de que los efectos físicos del cambio climático se intensifiquen y el 56% ya está trabajando para mejorar su comprensión de los efectos macroeconómicos en el futuro.
Acerca de los efectos de la transición hacia una economía carbono cero, el 35% de los consultados señaló haber experimentado diferentes impactos macroeconómicos asociados a las políticas de transición y esperan que estos impactos sean más consecuentes a lo largo del horizonte de la política monetaria.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.