El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó este martes un proyecto de US$250 millones destinado a apoyar la transición hídrica justa de Chile y promover una gestión más sostenible y equitativa de los recursos hídricos.
Este programa será implementado en conjunto al Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Medio Ambiente, con el objetivo de fortalecer la gobernanza del agua y garantizar la satisfacción de las necesidades de la población, el medio ambiente y la economía, asegurando la sostenibilidad ante los impactos del cambio climático.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó la importancia de la gestión integrada de los recursos hídricos para cumplir con el derecho humano al agua y apoyar el desarrollo productivo de la nación. “Por eso, como país, debemos continuar con nuestro desarrollo cuidando el recurso hídrico en la triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación que afecta a nuestro planeta“, afirmó López.
Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que para enfrentar el desafío de alcanzar una mayor seguridad hídrica se conformó el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, el cual impulsó una agenda para la planificación y gestión de recursos hídricos, incorporando un enfoque ecosistémico y una visión de cuencas en distintos instrumentos relativos a la disponibilidad y calidad de las aguas, con lo que esperan “avanzar hacia una mayor sostenibilidad y equidad”.
Mientras tanto, el director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Issam Abousleiman, expresó su respaldo a los esfuerzos de Chile para fortalecer la gestión de sus recursos hídricos. “Mediante una mayor participación de los diversos actores vinculados a una cuenca fluvial, mejor información para la toma de decisiones eficaz y la integración en la infraestructura hídrica de soluciones basadas en la naturaleza. Esto permitirá al país aumentar su capacidad para hacer frente a los impactos del cambio climático”, señaló.
Cabe precisar que el proyecto del Banco Mundial beneficiará principalmente a 100 mil habitantes de comunidades rurales, quienes contarán con acceso a servicios de agua potable segura a través de nuevos sistemas y obras rehabilitadas. Además, 1 millón 100 mil personas estarán menos expuestas a riesgos de inundaciones relacionadas con el cambio climático, y se mejorará la capacidad del país para planificar y gestionar los recursos hídricos.
Seguridad hídrica
De acuerdo al Banco Mundial, el programa incluye innovadoras prácticas para mejorar la seguridad hídrica del país, como fortalecer la participación de actores gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades en la gestión de cuencas, promoviendo una gestión inclusiva de los recursos. Esto, aseguraron, permitirá robustecer los instrumentos de planificación y establecer un marco institucional y legal adecuado para la gestión efectiva de los recursos hídricos.
Asimismo, el programa pretende abordar el déficit de agua potable y saneamiento gestionado de forma segura en zonas rurales, y se implementarán tecnologías eficientes y de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales, adaptadas a diversas condiciones geográficas.
“Para reducir los riesgos climáticos, el MOP y el MMA trabajarán juntos para incorporar soluciones basadas en la naturaleza en la infraestructura hidráulica, como sistemas de drenaje, restauración de llanuras aluviales, protección de riveras, diques y reforestación, para mejorar el control de inundaciones, sequías y otros”, concluyó el Banco Mundial.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.