Aunque es la líder mundial en producción, tiene las reservas de mineral más grandes del planeta y está entre las compañías mineras más grandes del mundo, Codelco no es la firma más valiosa. Está en el número 18º en términos de Ebitda, ya que obtiene un quinto de lo que gana BHP, la cabecilla indiscutida en esta medición mostrada ayer por Jason Fairclough, Managing Director de Bank of America. ¿Cuánto vale la cuprera estatal? Según este experto, unos US$ 40 mil millones, la mitad de lo cual es deuda. Esto la sitúa entre las primeras 10 a 15 compañías mineras del mundo, bajo BHP, Southern Copper, Rio Tinto y Glencore.
La minera con mayores pasivos es Glencore -por sus actividades de trading– y le sigue Codelco, dijo Fairclough. Pero en relación a su Ebitda, la cuprera estatal es la más endeudada del mundo: su deuda es casi seis veces el flujo de caja, muy alto considerando que, según Jason Fairclough, las compañías tratan de mantener una relación de este indicador con el Ebidta cercana a dos.
“Si se nos hubiera aplicado la misma regla que a las empresas privadas, la deuda de Codelco podría ser una quinta parte de la actual”, señaló Máximo Pacheco, al referirse al endeudamiento de la estatal.
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, desestimó referirse a este valor. “Codelco vale cada día más porque el cobre es cada día más necesario”, señaló el directivo, añadiendo que “como parte de su estrategia de crecimiento, la decisión tomada de participar en el litio le da un tremendo valor, más mayor valor a la empresa”.
Pacheco explicó que en sus 51 años, Codelco ha entregado al Estado de Chile US$ 168 mil millones en excedentes, pero, a diferencia de la minería privada, no ha recibido la capitalización necesaria para invertir en sus proyectos. Recordó que el dueño le ha entregado sólo 3,2%, unos US$ 3.150 millones, de los casi US$ 100 mil millones de inversión de capital que ha hecho entre 1971 y 2022.
“Si se nos hubiera aplicado la misma regla que a las empresas privadas, la deuda de Codelco podría ser una quinta parte de la actual”, sostuvo, al comentar que en la minería privada se reinvierte anualmente entre 20% y 40% de las utilidades. “Pertenecerle al Estado de Chile es lo que nos permite conseguir inversionistas que confían en nosotros y que nos ayudará a sostener este nivel de endeudamiento que ninguna empresa privada podría soportar”, defendió.
El exministro de Energía fue crítico del tratamiento que ha recibido Codelco. “Quieren privatizarnos, un fantasma que se inició en 1978”, afirmó. “Habrá períodos en que se hablará del tamaño. En otros de la ley del mineral. Se insistirá con la falta de innovación. Pero ninguno de esos juicios tiene que ver con lo central de esta dramaturgia que ya tiene más de 50 años: todavía hay algunos que no creen que una empresa estatal es el vehículo adecuado para que Chile empuje su propio desarrollo y se ubique en el mundo”, reflexionó Pacheco.
El directivo realizó estas declaraciones en el seminario de Clapes UC, “Los desafíos de Codelco: Presente y Futuro”, donde también expuso Jason Fairclough. El encuentro -inaugurado por el director de Clapes UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín- contó con un panel moderado por el exministro Hernán de Solminihac, donde participaron, además de los expositores, María Cristina Betancour, consultora de temas económicos y mineros; y Gustavo Lagos, profesor de la UC.
Proyectos estructurales
El presidente del directorio de Codelco reveló que los tres proyectos estructurales en curso -Chuquicamata Subterránea, El Teniente y Rajo Inca- están en reformulacióndebido a que se han apartado más de 10% de su presupuesto. La revisión debería terminar este año.
Pacheco también señaló que 2023 será el año de menor producción: 1,3 millón de toneladas. A partir de 2024, la producción empezará a repuntar y se llegará a 1,7 millón de toneladas, el rango histórico, hacia 2030.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.