La integración del mercado bursátil regional comienza a tomar forma. La bolsa que fusionará las plazas de Perú, Chile y Colombia tenía contemplado iniciar sus operaciones a inicios de 2025, pero esa fecha se postergó para el segundo semestre de dicho año.
En esa fecha, estará operativa la infraestructura y el modelo necesario para iniciar las operaciones en renta variable.
“Nuestro objetivo es tener toda la infraestructura disponible en 2025 para iniciar las operaciones integradas con el mercado de renta variable”, afirmó a DF el gerente general de nuam, Juan Pablo Córdoba, quien además aseguró que este hito corresponde a un gran logro de la unificación.
De acuerdo a nuam, para 2024 el principal objetivo es lanzar un índice regional que integre el mercado de renta variable de Chile, Colombia y Perú.
“Este índice regional buscará ser representativo, invertible y la base para la creación de ETF, otros productos e índices especializados”, afirmaron.
El proyecto de implementación hoy se encuentra en la etapa de planificación y diseño, según las definiciones proporcionadas por el mercado, e incluye visitas a las corredoras de los tres países para socializar el proyecto.
En tanto, la negociación de renta fija y derivados comenzará una vez que la infraestructura de renta variable esté implementada.
El holding indicó que el capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2023 se divide en 91.046.372 acciones repartidas entre 68 accionistas.
En este contexto, nuam reveló los doce accionistas con mayor participación en el holding. Entre ellos, destacan ocho corredoras que operan en el mercado chileno.
Principales hitos
En la memoria de la entidad, su presidente Juan Andrés Camus, y Córdoba abordaron los hitos y estados financieros del primer año de operación.
Sostuvieron que nuam es dueña y administradora de la infraestructura del mercado de los tres países, incluidas tres bolsas, dos Cámaras de Contrapartida Central y dos Depósitos de Valores; Cuentan con 61 corredoras y 849 empresas listadas en acciones y renta fija.
Con esto, los mercados andinos buscan consolidarse como el segundo operador más relevante en Latinoamérica.
Córdoba destacó que “todas nuestras compañías en los tres países tuvieron un desempeño destacado con ingresos acumulados al cierre de 2023 por US $ 130 millones, con un incremento de 16% respecto a 2022”.
Por su parte, el Ebitda alcanzó US$ 50 millones, con un crecimiento del 27% frente al año anterior y la utilidad del ejercicio cerró el año en US$ 31 millones, un 22% superior frente 2022.
“La solidez de nuestro balance y de nuestro negocio, hoy mucho más diversificado, son otra demostración del acierto de la integración. Lo anterior nos permite ser optimistas frente a la capacidad de generación de caja de la compañía a futuro y poder retomar la política de distribución de dividendos, una vez culminemos las inversiones para la integración en 2026”, concluyó Córdoba.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.