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Economia

Cajas negras y ley de delitos económicos

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María Jaraquemada Hederra

Hace casi tres meses, el 18 de agosto, entró en vigencia la Ley de Delitos Económicos y del Medio Ambiente, luego de varios años de discusión en el Congreso, a iniciativa de un grupo transversal de diputados. Esta ley tiene como objetivo sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, adecúa las penas aplicables, buscando que el reproche penal sea proporcional a la gravedad e impacto de este tipo de irregularidades.

¿Qué se entiende por este tipo de delitos? Básicamente, aquellos que son cometidos en el ejercicio de un cargo en la empresa, pero también aquellos que sean efectuados por un funcionario público a instancias de alguien que tenga un puesto en una compañía, como el cohecho.

“Sin duda que un caso como el revelado por CIPER, de comprobarse, da fundamento a la necesidad de esta nueva Ley de Delitos Económicos, que contempla privación de libertad efectiva, lo que podría ser un mayor desincentivo para este tipo de delitos”.

Los audios que CIPER develó este martes sobre un posible entramado de evasión tributaria, soborno y cohecho ante entidades como la -hace poco estrenada- Comisión de Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) han producido gran sorpresa, indignación y reacción tanto en el mundo empresarial como en el sector público. Los, a esta altura, famosos audios, dan a entender que, para defenderse de investigaciones por posibles irregularidades de una empresa de factoring y una corredora de seguros de un empresario -que ya tiene antecedentes e investigaciones por causas de administración desleal, posibles manipulaciones contables, entrega de información falsa al mercado y estafa reiterada-, se pagarían -y habrían pagado previamente- sobornos a funcionarios de la CMF y el SII, para obtener información privilegiada, “bloquear computadores” o “hasta quemar la oficina del SII”, con tal de quedar impunes.

De más está decir que mientras no haya un pronunciamiento judicial, estas personas aún gozan de la presunción de inocencia, pero la preocupación queda instalada.

De este modo, posibles delitos de evasión tributaria a través de facturas ideológicamente falsas y la creación de una caja negra para el pago de sobornos y cohecho, deberán ser investigados por el Ministerio Público y las propias entidades aludidas. Sin duda que un caso como éste, de comprobarse, da fundamento a la necesidad de esta nueva Ley de Delitos Económicos. Sobre todo, porque con estas nuevas reglas, es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, algo que según diversos estudios podría constituir un mayor desincentivo para este tipo de delitos, además de fortalecer la lucha contra la corrupción al impedir la impunidad de conductas tan gravosas, clave también para promover la confianza en nuestro Estado y democracia.

Cabe preguntarse si, estando vigente esta ley, se habría cambiado el supuesto comportamiento de los involucrados y habría menos desfachatez para determinar el “precio de mercado” de los sobornos y la solicitud de cajas negras a los clientes. Hechos como estos ponen a prueba nuestra institucionalidad y sistema, y tendremos que ver si se está a la altura de tirar el hilo hasta el final y, en caso de demostrarse las irregularidades, establecer sanciones ejemplares sin importar quién esté detrás.

#Cajas #negras #ley #delitos #económicos

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Economia

Afide: ¿Innovación financiera o duplicidad?

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HERNÁN CHEYRE Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), U. del Desarrollo

#Afide #Innovación #financiera #duplicidad

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Economia

Nuevos caminos para el financiamiento habitacional

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MARCELA RUIZ-TAGLE O. Economista

MARCELA RUIZ-TAGLE O.

A pesar de las distintas medidas implementadas para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda y disminuir los riesgos que enfrenta el sector inmobiliario, diversos indicadores evidencian que su deterioro continúa.

Frente al actual ritmo de ventas, se requieren casi tres años para agotar la oferta de viviendas, cifra que casi duplica el promedio histórico. Lo grave es que el problema de fondo es estructural. Desde hace más de una década se observa un desacople significativo en el aumento de los precios de la vivienda respecto a los salarios, en términos reales, brecha que se profundizó a partir de 2019 y que no se espera que se revierta en el mediano plazo.

Ante la débil demanda por créditos hipotecarios, una opción interesante son los productos mixtos que complementan el arriendo con la opción de compra.

Las variables que en el pasado amortiguaron este desequilibrio fueron las bajas tasas de interés e inflación prevalecientes, que no volverán a observarse. Su aumento en los últimos años se ha traducido en que actualmente se requiera contar con el doble de ingresos para acceder a un crédito hipotecario de igual monto y plazo.

A ello se agrega el deterioro en el mercado laboral, cuya recuperación aún está rezagada. La actual tasa de ocupación es similar a la de 2014, lo que limita el incremento de los ingresos de las familias y su capacidad de ahorro.

En este contexto no debiera extrañar la débil demanda por créditos hipotecarios, más aún con las restricciones normativas y de riesgo existentes en la banca, que condicionan la oferta de financiamiento.

Si bien los bancos podrían dinamizar transitoriamente el mercado a través de disminuciones temporales en las tasas de interés sobre créditos hipotecarios, tal como lo hizo BancoEstado, éstos no pueden flexibilizar la evaluación de riesgo de sus potenciales clientes. Así, en el actual escenario el producto “crédito hipotecario”, tal como lo conocemos, no es una solución para abordar el acceso al financiamiento de la vivienda.

¿Cómo avanzar, entonces? Así como BancoEstado ha cumplido un rol “estabilizador”, facilitando el acceso a financiamiento mediante menores tasas o administrando el Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda (Fogaes), también podría cumplir un rol de apoyo en la generación de nuevas soluciones de financiamiento que amplíen la cobertura del mercado mediante el uso de la Ley Fintech.

Una alternativa interesante son los productos mixtos que complementan el arriendo con opción de compra, valorizando parte del flujo pagado como ahorro, a fin de facilitar la adquisición de la vivienda en un determinado momento.

Darle profundidad a este tipo de soluciones, estandarizando los contratos o extendiendo la aplicación del Fogaes y el subsidio de arriendo a estas alternativas, podría ser un camino. Esto además permitiría contar con más y mejor información de potenciales deudores que hoy no tienen acceso al mercado de crédito tradicional, mejoraría las predicciones de riesgo por incumplimiento y contribuiría a una mayor competencia.

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Economia

La Fed diverge de los otros bancos centrales en una nueva era de tasas más altas por más tiempo y aviva fortaleza del dólar

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