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Camilo Cid, director de Fonasa: “Tenemos que estar preparados para todos los escenarios y que entre en insolvencia una isapre puede ser uno”

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Camilo Cid Pedraza (58), el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), se cuenta entre las autoridades que mantienen su cargo desde la instalación del gobierno, en marzo de 2022. Tal como la entonces ministra de Salud, Begoña Yarza, el economista de la desaparecida Universidad Arcis, con una maestría en Economía en la Universidad de Georgetown y un doctorado en Economía de la Salud de la Universidad de Duisburg-Essen de Alemania, fue uno de los nombres en el área sanitaria visados por la exministra del Interior Izkia Siches. Y hasta hoy en aquel mundo, y dentro del mismo gobierno, es reconocido como uno de los principales defensores del programa de esta administración, texto que planteaba un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado y donde las isapres se transformarían en seguros complementarios.

Incluso, solo a meses de haber asumido su cargo -julio de 2022- aseguró que “la idea es que las isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social”.

Ahora, en medio de la crisis de las aseguradoras privadas y de la discusión de la ley corta, dice que el Ejecutivo seguirá apostando por ese programa, aunque se alinea con la idea de que la industria debe cumplir el fallo de la Corte Suprema sin poner en riesgo su viabilidad.

A dos años de iniciado el gobierno, hay una mirada distinta para enfrentar la crisis de la salud. Al principio se hablaba de una reforma profunda y hoy se evalúa cómo evitar el colapso del sistema de isapres. ¿Qué pasó para llegar a esto?

Está lo que se propuso en el programa de gobierno, una reforma. En ese contexto, hay varios aspectos de los que se habla poco, pero que están en ejecución. Por ejemplo, Copago Cero no fue una idea del momento, viene del programa. También está la universalización de la Atención Primaria Universal, que se ha implementado en comunas piloto. Hay aspectos que se están ejecutando. En lo estructural, había un planteamiento de unificar el financiamiento, y eso es lo que más retrasado se ha visto producto de la situación actual. Entonces, dijimos: ocupémonos de este problema, solucionémoslo y después recuperemos la discusión.

Esto es independiente de que el MCC (Modalidad de Cobertura Complementaria), es decir, Fonasa con seguros complementarios voluntarios, es una herramienta que habíamos pensado programáticamente, solo que ahora se da de manera natural y estamos adaptándonos a esta situación.

Habíamos visto que podíamos avanzar hacia un Fondo Universal de Salud, donde las isapres tuvieran una participación como seguros complementarios y esas discusiones están pendientes como fin definitivo del sistema. Pero lo que hemos planteado es que primero tenemos que solucionar este problema de las isapres y después volver sobre esa discusión.

Santiago 28 de Marzo 2024 Entrevista a Camilo Cid director de Fonasa Foto: Juan Farias / La Tercera.

¿No cree que haya una revaluación de la mirada del concepto de salud desde el programa hasta ahora?

El gobierno ha sido muy claro, y ha determinado que hay que solucionar el problema de la crisis y después seguir discutiendo qué cambios se requieren en el sistema. Por supuesto que, cuando hay discusiones, lo que hacemos es recurrir a la visión programática, a los argumentos del programa. Ahora, cuánto se avance en los planteamientos del programa está por verse.

La discusión se planteó como la dicotomía de salvar o dejar caer a las isapres…

Hay un plan para que las isapres puedan cumplir con sus beneficiarios y que sigan funcionando con la ley corta. Incluso, hay un acuerdo que tomó el Ejecutivo en la discusión del proyecto en el Senado que apunta a ingresar una ley que termine con las preexistencias. Además, se revisará la regulación del subsidio de capacidad laboral. Eso, por supuesto, tiene una connotación de reforma importante.

¿La ley corta es suficiente para enfrentar la crisis de las isapres? Hay quienes advierten que sin la mutualización el sistema podría caer.

Eso está por verse. Si la ley se aprueba, las aseguradoras tienen que plantear una fórmula de cómo van a pagar.

La industria y algunos parlamentarios han señalado que el problema es el monto de la deuda y por eso piden el recálculo.

Esta es una industria que maneja al año un flujo de dinero de unos 4.000 millones de dólares. Entiendo que esta es una industria de poca rentabilidad dentro de esos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, esas cantidades de dinero son bastante importantes y bastante seguras. Entendería que las visiones de una industria como esa tienen que ser de bastante proyección. Además, ellos también tienen la opción de capitalizar. Pero yo no sé qué decisiones van a tomar. Estas son decisiones de entes privados que tienen libertad, pero no denoto esa imposibilidad absoluta. Además, cada isapre tiene un escenario diferente. Y lo digo como economista, más que como director de Fonasa.

Santiago 28 de Marzo 2024 Entrevista a Camilo Cid director de Fonasa Foto: Juan Farias / La Tercera.

¿Entonces cree que esta advertencia de que una vez que se aplique el fallo las isapres caigan es un poco exagerada?

Es exagerado. Primero, porque administrativamente eso es imposible. Tienen que transcurrir ocho o 10 meses para que alguna entregue su llave, pues hay procesos que se realizan antes. Aparte, hay varias aseguradoras que no están dentro del problema. Es natural que se utilicen argumentos de esta índole, porque hay intereses.

¿Hoy el gobierno no es partidario de que las isapres dejen de existir?

Hoy el gobierno es partidario de estabilizar el sistema con la ley corta.

¿Ya no hay dos almas frente a este tema?

En los ambientes ministeriales o técnicos es natural que existan discusiones desde diferentes puntos de vista. En el sector eso no ha sido la excepción. Pero en el momento en que la ministra toma una determinación, en base a la argumentación que se ha efectuado, no ha habido dos posturas, ha habido una sola.

Pareciera que se perdió de vista que más que la crisis de la industria el conflicto es qué pasará con las personas que hoy arriesgan quedar sin aseguradoras.

Eso siempre se ha tenido en primera línea, independiente de si los seguros siguen o no. Lo fundamental siempre ha sido que se cumplan las sentencias y que las personas no pierdan continuidad en la atención.

¿Cuál es el rol de Fonasa en esta crisis?

Ha sido participar con un componente en la ley corta que es muy importante. Y en concreto es la implementación de la MCC y que fue pensada en respuesta a la situación actual y en la incertidumbre que provoca en las personas. Además, ya habíamos diagnosticado que estábamos recibiendo una migración importante desde las isapres a Fonasa. De hecho, recibimos un millón de personas en dos años, y de ese total, cerca de 650 mil vienen del sector privado.

¿Puede asegurar que las personas que estaban en isapres y tengan que salir van a mantener sus coberturas?

Si se aprueba la ley corta sí puedo asegurar que las personas pueden mantener sus coberturas. Ahora sí puedo asegurar que se puede disponer de la modalidad de libre elección y de los seguros complementarios que hay en el mercado, y que son muchos. De hecho, desde que iniciamos esta discusión se han duplicado las pólizas y, sobre todo, las que están disponibles para la gente de Fonasa. Esas pólizas tienen distintas coberturas y distintos enfoques. La nuestra está pensada para ser mejor y para ser beneficiosa para las personas. También hacemos hincapié en que nuestra póliza tiene que tener ciertas características y eso es lo que ponemos en la ley: que tenga una prima plana y que no discrimine por sexo ni por preexistencias. Volviendo a la pregunta, hoy no se puede asegurar, porque no está aprobada la ley.

¿Institucionalmente hay un escenario preparado frente al quiebre de alguna isapre?

En el debate ya estaba considerada la posibilidad de que hubiese insolvencia de alguna o algunas isapres. Y por eso se plantean las medidas desde Fonasa (como las coberturas complementarias).

Santiago 28 de Marzo 2024 Entrevista a Camilo Cid director de Fonasa Foto: Juan Farias / La Tercera.

Hasta hace un tiempo había personeros de gobierno que pensaban que la posibilidad de caer en la insolvencia era solo una amenaza de la industria. ¿Qué piensa usted hoy?

Tenemos que estar preparados para todos los escenarios y que entre en insolvencia una isapre puede ser uno. Por eso de forma natural las personas han migrado a Fonasa. Antiguamente se decía que la gente caía a Fonasa, hoy la están eligiendo, y quienes vienen de las isapres son personas más jóvenes que antes. Eso ocurre porque ven en Fonasa una posibilidad más económica de acceder a los mismos prestadores.

¿Está Fonasa capacitado para recibir una migración abrupta en caso de la caída de múltiples isapres?

Creo que sí. Desde el primer fallo de la Corte Suprema hemos recibido un millón de personas y no se ha producido una catástrofe. Independientemente de que la trayectoria del sistema de salud público venía ya acumulando listas de espera producto de la pandemia. Sin embargo, este millón de personas no vino a abultar las listas de espera. Hemos hecho estudios y hemos concluido que las personas tratan de replicar su prestación anterior. Cuando llegan a Fonasa, tratan de seguir yendo a la clínica X con el médico Y. Eso ocurre con la modalidad de libre elección.

¿Cómo pueden administrar una llegada masiva?

Un movimiento abrupto, nosotros tendríamos que administrarlo de manera que se produzca un aterrizaje suave, para que no se produzcan discontinuidades, que es lo más importante en los tratamientos con las personas. Y para eso es necesario conversar con los proveedores y con las clínicas para llegar a acuerdos y convenios que nos permitan eso. Fonasa ya tiene acuerdos y convenios con 98% de las clínicas privadas. Entonces, para implementar la modalidad de la MCC no es que vamos a ir a conversar con alguien que no conocemos.

¿No ve nudos en el proceso?

Obviamente que será un desafío. Tendríamos que hacerlo muy mal como para que se produzca un desastre. Está todo funcionando. La persona tiene que seguir yendo a su prestador y nosotros nos encargaremos de cómo hacemos los convenios con él. Eso pensando que tenemos la ley corta y el MCC. Con esa modalidad es mejor, sin esa cobertura tenemos un second best, porque tenemos la posibilidad de libre elección.

Igual hay que ver cómo termina la ley corta, porque falta todavía la tramitación en la Cámara y lo que resulte de la comisión mixta. ¿Cómo ve esa negociación?

Todavía hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar. No tenemos una bolita de cristal como para saber cuáles van a ser los resultados.

Pero hay millones de personas que están en isapres y enfrentan un escenario de mucha incertidumbre.

Es un escenario que han generado las propias isapres, eso hay que tenerlo en cuenta también. No es producto ni del comportamiento de Fonasa ni el de los afiliados, sino que son las aseguradoras las que han incurrido en comportamientos que han sido reñidos con la legalidad y que ahora la Corte Suprema les está exigiendo que cumplan los fallos. Uno hubiera querido que esto no pasara, pero está pasando, y como entidad pública que está dedicada al aseguramiento de la salud y al financiamiento estamos a disposición del Ejecutivo para que disponga lo que tenemos que hacer.

Pero ustedes tienen que tomar alguna decisión para que esos dos millones y medio de personas no sigan en la incertidumbre.

Eso es lo que estamos haciendo a través de la ley corta y con la MCC, con todas estas disposiciones que estoy explicando.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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