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canasta básica y la inflación

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Apoyo transversal recibió el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre el salario mínimo en el punto referente a la entrega de un aporte a las familias para compensar el incremento en el valor de la Canasta Básica Alimentaria, como consecuencia de la inflación que en marzo escaló a 9,4% en doce meses.

Claudia Martínez, académica del Instituto de Economía de la Universidad Católica, calificó de “correcto” focalizar los apoyos para el aumento de la canasta básica en familias del 60% más vulnerable. También señaló que “establecer un mecanismo que determine el monto de este apoyo en caso de futuras alzas de precios puede generar tranquilidad en las expectativas de estas familias”.

Una opinión similar expresó Fabián Duarte, director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El académico considera que el mecanismo diseñado es una “buena opción”, y afirmó que otras propuestas que se han escuchado en las últimas semanas -como la fijación de precios- son “malas políticas”. Así, precisó que “los que van en la dirección de entregar recursos, o vales con descuentos son los más apropiados, si la idea es abaratar el costo de la canasta básica”.

El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, coincide en que “el mecanismo propuesto es bueno”. Destaca que se paga a cargo de la familia y que es escalonada, siendo menor para mayores ingresos y hasta un límite de $836.000. “Es positivo porque es por carga y también porque es fácil de administrar y rápido, y también porque es focalizado”, dijo, precisando que también alcanza al Subsidio Unifamiliar (SUF).

Carolina Molinare, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), destaca que la propuesta de compensación “tiene un fundamento técnico que la sustenta”, ya que considera la variación nominal interanual de la canasta básica de alimentos. También destaca que proporciona ayudas a un “tema sensible” como es la alimentación, “sin provocar grandes distorsiones en el mercado como políticas de control de precios, subvenciones a productos concretos o reducción del IVA que tenga un impacto fiscal importante”.

El académico explica que la iniciativa no cambia el escenario inflacionario, porque el beneficio entregado es limitado, pero sí permite subsidiar la caída del ingreso real de las familias de bajos recursos en relación a su poder adquisitivo de alimentos. También señala que si bien la medida resulta en gasto fiscal, se ajusta al espacio presupuestario que tiene el gobierno.

el mercado se alinea

El apoyo transversal al mecanismo también se difundió entre los analistas de mercado. Por ejemplo, Francisca Pérez, economista jefe de BCI Estudios, considera que la propuesta “es la forma correcta de brindar ayuda a las familias, a través de subsidios directos y focalizados, no generalizados”.

En la misma línea, afirma que “hay que aprovechar” que los expedientes del Registro Social de Viviendas se actualizan tras la pandemia.

La experta espera un avance mensual del IPC de 1,1% en abril, y de 8,7% anual a fines de 2022. Dice que la inflación presentará “aumentos leves”, pero más hacia la segunda mitad del año, ya que “hay un retraso en su impacto”.

Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines, calificó de “pésimas” alternativas que se habían planteado -como fijar precios o bajar el IVA-. En este contexto, señala que la propuesta acordada es “muy buena”. También destaca que se trata de un beneficio focalizado que utiliza un instrumento ya existente -la asignación familiar-, y dice que “es una excelente forma de enfrentar la situación inflacionaria para quienes más lo necesitan”.

A su juicio, el impacto sobre el IPC es “marginal”, ya que el impacto macro de la medida es bajo, porque los montos involucrados son pequeños. Así, estima que el IPC de abril rondaría el 1% respecto a marzo y que el indicador cerraría el año por encima del 8%.

Martina Ogaz, analista de Euroamérica, considera “positivo” el anuncio del subsidio, ya que está enfocado a las familias de menores recursos y que “sufren en mayor medida los efectos de la inflación en su presupuesto familiar”. Coincide en que el impacto sobre el IPC es “limitado” por su focalización, y porque no implicará un mayor gasto fiscal ni un aumento de la liquidez. Para abril proyecta una inflación mensual de 1,1% y para el año de 9,6% en doce meses.

Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, coincide en que es una medida positiva por su enfoque, y que los efectos sobre la inflación deben ser acotados. Pero advierte que “un punto relevante es la permanencia en el tiempo de esta medida y su forma de financiación”. El economista calcula que en abril el IPC subiría entre 0,8% y 0,9% mensual, y en un rango de 8% a 8,5% en el año. Agrega que la medida “podría producir un aumento mayor en los precios de los bienes que consumen las personas de menores ingresos, como los alimentos”.

Desde Banco Santander, Carmen Gloria Silva coincide en que la aportación “es positiva”, y dice que “permitirá paliar, en parte, el aumento del coste de la vida”. Resalta que se basa en instrumentos de política pública existentes y es focalizado, y dice que en la medida en que se financien gastos con reasignaciones se mantiene el marco presupuestario, lo que no agrega presión a los precios.

Advierte que, en caso de que haya un gasto adicional a lo contemplado en el Presupuesto, “se podrían generar algunas presiones adicionales, aunque limitadas”, y afirma que para abril esperan una variación de la inflación en torno al 1,1% y para al cierre del año algo por encima del 8%.

Análisis Económico de Itaú indica que “una transferencia directa, como propone el Ejecutivo, es una medida efectiva para apoyar a los hogares frente al choque inflacionario”. Advierten que “existe el riesgo de que busquen aumentar significativamente el monto de estas transferencias, considerando los altos montos del IFE universal”, y agregan que también existe el riesgo de que la medida transitoria se convierta en permanente, “pensando que la inflación debe permanecer despierto por un tiempo”.

La suba que se propondrá para el salario mínimo también fue apoyada por analistas. Pero también hubo señales de alerta sobre los posibles efectos negativos sobre el empleo y la formalidad -especialmente para las MIPYMES-, punto destacado por Fernández, Ogaz, Silva y el mundo académico.

Correa precisó que el aumento del salario mínimo cercano al 15% produciría un aumento de la inflación anual, enfocado en los meses siguientes al ajuste, que serían junio y septiembre, según la última información del gobierno.

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La cábala de los chilenos: los productos que protagonizan los servicios de delivery cuando juega La Roja

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Biden difundirá anuncios electorales durante la Copa América para ganarse el voto latino

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ONU destaca a Chile como uno de los países con mayor inversión extranjera directa el año pasado

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