“No está en mis planes ser candidata”. Esa es la afirmación que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), le ha hecho a algunos diputados de la bancada de su partido y a los más cercanos de su equipo.
De esta manera, la secretaria de Estado ha buscado echar por tierra la idea ya instalada de que ella es la carta natural del PC de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2025. Y de que existiría soterrada pugna con la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), que suena también como la eventual candidata del Socialismo Democrático.
La posibilidad de que Vallejo sea carta a La Moneda ha provocado constantes emplazamientos de la oposición y las críticas de algunos sectores del oficialismo, que bajo cuerda critican su gestión como vocera, aduciendo que se protege de exponerse ante los conflictos que enfrenta el gobierno.
Cercanos a la exdiputada por La Florida hacen una afirmación adicional: aseguran que la ministra hace un tiempo tuvo una conversación sincera con el Presidente Gabriel Boric, en la que se transmitió que tiene la intención de acompañarlo hasta el final en su mandato. La misma versión le entregó Vallejo a su equipo en una reciente reunión de planificación.
En el gobierno no hay discusión frente al hecho de que la ministra y militante del PC se ha convertido en la principal orejera del Mandatario. Ella y la ministra Tohá son, por lejos, las figuras más incidentes del gabinete, con el ingrediente adicional de que la ministra PC tiene una relación de amistad personal con el Presidente desde el movimiento estudiantil y es la única del elenco original del gobierno que permanece en La Moneda, luego de que el exministro Giorgio Jackson saliera en agosto del año pasado y la ministra del Interior Izkia Siches fue reemplaza por Tohá a los seis meses de su gestión.
Ante la preocupación de que en octubre, cuando quede un año para las elecciones parlamentarias, varias autoridades del gobierno renuncien a sus cargos para ser postulantes al Congreso como dicta la ley, la vocera ha planteado que es importante que el Presidente termine su gobierno de buena manera y que para eso es necesario que el gabinete no se desarme.
Así lo dijo también en una entrevista el 4 de abril en CNN. Al ser consultada por la posibilidad de asumir una eventual candidatura respondió: “No, y no quiero ni siquiera hacerlo, porque tengo claro cuál es mi trabajo en este momento, acompañar al Presidente Gabriel Boric”. Y agregó: “Yo acompaño al Presidente hasta el final”.
Vallejo les ha transmitido a sus cercanos del partido que está dispuesta a dar una discusión política si es que le piden asumir como candidata presidencial dada su presencia en las encuestas, aunque con escasos números. En la última Cadem marcó 3%, mientras que Tohá figura con 2% y la expresidenta Michelle Bachelet, con 4%.
La ministra en la vocería del lunes.
Así como en privado dice que no está interesada en la carrera presidencial, Vallejo ha sido enfática en descartar cualquier posibilidad de retornar al Congreso ni como senadora ni menos como diputada. En sus espacios de confianza ha dicho que es una decisión tomada y que no tiene vuelta atrás.
No sería primera vez que la ministra se enfrenta a su partido para definir su futuro. Antes de la última elección parlamentaria, Vallejo tuvo que defender su posición para no ir de candidata por tercera vez al Parlamento. Quería darse un tiempo para descansar y estudiar. Por eso inició un magíster en gobierno, políticas públicas y territorios en la Universidad Alberto Hurtado.
En su rol como vocera se ha alejado de las discusiones del partido, con el que ha tenido algunas diferencias, como, por ejemplo, al referirse a la situación política de Venezuela luego de que el presidente del PC, Lautaro Carmona, declarara que es una democracia “a mucha honra”.
Vallejo también ha enfrentado controversias soterradas con el Socialismo Democrático, debido a la posibilidad de que sea candidata. La última polémica fue cuando el Presidente la nombró como ministra enlace -rol que mantiene hasta hoy- en el incendio en Valparaíso en febrero. Ahí reemplazó a la ministra de Defensa, Maya Fernández (Partido Socialista), lo que le valió reclamos del Socialismo Democrático, sobre todo del PS, donde acusaron que en la nominación había un interés escondido por potenciarla electoralmente en la Región de Valparaíso y que enredaba el desempeño de los otros ministros desplegados en la zona, como Carlos Montes (Vivienda) y Javiera Toro (Desarrollo Social). El episodio obligó a Vallejo a hacer llamadas y enviar mensajes aclarando que no pidió tal nombramiento.
Si efectivamente la ministra Vallejo se autodescarta de la carrera presidencial, el Partido Comunista queda en el dilema de encontrar otra carta. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que enfrentó al Presidente Gabriel Boric en la primaria, enfrenta un proceso de formalización de la Fiscalía por cohecho, estafa, fraude al Fisco y administración desleal.
En ese escenario ya empieza a sonar el nombre de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien es cercana a Vallejo y es parte del comité político.
De hecho, la vocera ya le ha hecho algunas bromas a su par del gabinete. “¿Vas a ser candidata?”, le ha dicho. La ministra del Trabajo solo ríe.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.
Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.
Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.
Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.
“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.
Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.
Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.
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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli,padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.
En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.
Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.
Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.
Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.
El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.
Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, másla resolución del Tribunal Constitucional.“Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.
El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.
Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.
Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.
En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.
Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.
Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.
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