La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisó este miércoles las apelaciones del exdirector de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y del exseremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras, ambos formalizados por fraude al Fisco, en el marco del caso convenios.
Los exmilitantes de Revolución Democrática (RD) se encontraban cumpliendo prisión preventiva desde mediados de diciembre y esta era la tercera apelación de la defensa para conseguir revocar la medida cautelar de cárcel, lo que consiguió finalmente, pues la Corte de Apelaciones de Antofagasta la cambió por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Reacciones a la medida
Tras conocer la noticia, inmediatamente comenzaron las reacciones del mundo político. El primero en expresar su opinión fue el expresidente de la Comisión Especial Investigadora del caso convenios en la Cámara, el diputado de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro. A su juicio, si la justicia determinó cambiar la medida cautelar por reclusión domiciliaria, “lo más probable es que estén colaborando con la investigación”, especuló.
Lo importante para el legislador opositor es que se pueda llegar al fondo de los hechos y determinar la implicancia de otras personas en el caso.
Una mirada similar planteó el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, quien formó parte de la comisión investigadora, señalando que “llegó el momento de que caigan los verdaderos peses gordos, los que idearon el denominado caso convenios, del Frente Amplio”.
A eso añadió que es necesario que la Fiscalía recupere los recursos defraudados, pues “hay muchos millones que estas personas se robaron y deben devolverle a nuestro país”.
También reaccionó el diputado oficialista Raúl Soto (PPD), quien también integró la comisión investigadora. En una postura más dura que la de Castro, fue categórico en que la revocación de la prisión preventiva para estas personas vinculadas a casos de corrupción “es una mala señal”, porque –desde su punto de vista– “no hay que dejar ningún espacio a la impunidad, debe caerles el máximo rigor de la ley a aquellos que se hicieron ilegítimamente de recursos que iban a los sectores más vulnerables de nuestro país”.
A juicio de Soto, en eso no se puede tener doble estándar y que si bien el Poder Judicial es autónomo e independiente “no compartimos su decisión”.
La visión desde RD
Quien también se refirió al tema fue el presidente de RD Diego Vela. El máximo dirigente del partido señaló que desde la colectividad “hemos dicho en todo momento que no toleraremos ni impunidad ni corrupción”, por lo que han colaborado de manera proactiva con la justicia y el Ministerio Público, en este proceso con el fin de que “se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades”.
En este sentido, manifestó interés de que “con las nuevas medidas cautelares la justicia pueda seguir avanzando con celeridad, justamente para determinar quiénes son responsables y para que se puedan ejercer las penas, pero por sobre todo para reconstruir las confianzas con la ciudadanía y la fe pública”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.