Una nueva arista legal se abrió en el caso Primus Capital. Durante la semana pasada, Banco de Chile ingresó una denuncia a la Fiscalía acusando la falsificación de 859 cheques y un depósito a plazo fijo endosable que se encuentran en poder del factoring .
Según relató en el texto ingresado al Ministerio Público, todo comenzó en abril de 2023, cuando Primus acudió a cobrar un depósito a plazo por $ 702 millones tomado por Inversiones ADM S.A. con fecha 27 de septiembre de 2022, endosado al factoring.
“Al momento de ser presentado a cobro, personal de la sucursal advirtió que el documento era falso en su materialidad y que, además, los datos contenidos en él correspondían a un depósito a plazo que ya había sido presentado a cobro”, relató Banco de Chile.
“Existe un número ascendente a 859 documentos que efectivamente son falsos, pues los datos consignados en ellos no corresponden a documentos emitidos por Banco de Chile”, señaló la denuncia.
Tras la alarma encendida por el depósito, Primus presentó 864 documentos a Banco de Chile para revisar su legalidad, los cuales fueron determinados como falsos por el área de proceso de confección de documentos valorados de la institución.
“En poder de los representantes de la sociedad Primus Capital existe un número ascendente a 859 documentos que efectivamente son falsos, pues los datos consignados en ellos no corresponden a documentos emitidos por Banco de Chile”, concluyó la denuncia.
“Ignoramos el motivo por el cual dichos instrumentos están en poder de dicha sociedad, cuestión que debe ser materia de investigación”, añadió el banco.
“Los hechos anteriormente descritos podrían ser constitutivos del delito de falsificación y/o uso de instrumento privado mercantil falso”, concluyeron.
El informe de KPMG
El depósito a plazo fijo endosable denunciado como falso por Banco de Chile forma parte de los antecedentes expuestos en tribunales por Primus en las acciones legales por el supuesto esquema defraudatorio que denunció en marzo de este año, el que habría sido llevado adelante, según el factoring, por su exgerente general, Francisco Coeymans, y el exdirector comercial, Ignacio Amenábar.
Un informe forense encargado por Primus a KPMG, y que fue presentado en una causa laboral iniciada por sus exejecutivos, dio detalles de una serie de operaciones realizadas en torno a los cheques.
“Durante el mes de septiembre de 2022, Brian Moore, director de Operaciones y Finanzas Corporativo de la compañía, se da cuenta que no tenía en sus respaldos el depósito a plazo de la operación realizada por Gonzalo Diéguez (Inversiones ADM S.A.) en octubre de 2020. Revisando sus conversaciones vía WhatsApp, recuerda haber realizado su traspaso al Sr. Francisco Coeymans en agosto de 2021, por lo que solicita su inmediata devolución”, comienza relatando el informe.
Según recapitula KPMG, Coeymans devolvió el documento el 27 de septiembre de 2022, el que a su vez fue dejado en resguardo en la caja fuerte del área de Tesorería de Primus.
Sin embargo, “según información entregada por Gonzalo Diéguez (cartolas bancarias), el depósito a plazo fue cobrado por Inversiones ADM, con fecha 4 de octubre de 2022”, dio cuenta la auditora.
Finalmente, el 13 de abril de 2023, Primus decide hacer el cobro del depósito a plazo.
“En dicha instancia Banco de Chile comunica que el documento no podrá ser pagado, debido a que existió un depósito a plazo de características similares tomado el 27 de septiembre 2022 (misma fecha del documento entregado a Coeymans), este documento fue cobrado por el mismo tomador el 4 de octubre de 2022”, escribió KPMG.
El informe forense añadió que tanto el documento original como el falsificado “revisten características de haber sido realizadas por una misma persona”.
Según el análisis de un perito judicial experto en documentología externo solicitado por Primus e incluido en el informe de KPMG, se trataría de un manuscrito atribuible a Coeymans.
Además, la auditora sostuvo que existen 213 cheques anómalos de 55 clientes cuestionados por Primus, por poco más de $ 9 mil millones.
El primer formalizado
Diéguez participa en diferentes sociedades junto con el abogado Antonio Guzmán. La última de ellas, Guzmán y Diéguez Abogados Limitada, fue constituida el 18 de mayo de 2023.
Según pudo constatar DF con fuentes cercanas al caso, Guzmán se transformará en el primer formalizado por las indagaciones del Ministerio Público del eventual esquema defraudatorio denunciado por Primus.
En detalle, la Fiscalía formalizará al abogado el próximo 9 de enero de 2024 por los delitos de estafa y falsificación de un instrumento mercantil. .
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.