Chille exhibe el magro registro de más de 21 mil personas en situación de calle. En concreto, son 21.272 acorde a cifras obtenidas por Transparencia por La Tercera, números que dan cuenta de una de las mayores problemáticas a las que el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) ha tenido que enfrentarse durante los últimos años: el aumento exponencial de personas en esta situación y que hasta hace no mucho tiempo ha significado observar la instalación de rucos alrededor del bandejón central del Eje Alameda-Providencia. Pero el problema, acorde al registro, va mucho más allá de Santiago, donde sí está la mayor concentración del fenómeno.
Según las cifras, en 2024 se autorreportaron un total de 21.272 personas en situación de calle en todo el país, lo que implica un 6% más que en 2023 y un 102,4% más que en 2017, cuando el registro era de 10.509. Y así, las regiones con los números más altos se encuentran en la Metropolitana (8.780), Valparaíso (2.485) y Biobío (1.774).
Por otro lado, las regiones que menos personas en situación de calle registran son Los Ríos (279), La Araucanía (292) y Ñuble (392).
En cuanto al aumento a lo largo de los años en las regiones más afectadas del país –Valparaíso, Metropolitana y Biobío-,muestran un incremento significativo desde 2017 a la fecha. En el Puerto, el número de personas en situación de calle aumentó en un 103,68%; en la capital, un 94,39%, y hacia el sur, un 78,65%.
El director técnico del Hogar de Cristo, Andrés Millar, señala que este aumento exponencial tiene dos razones principales, las que coinciden con los últimos años de complejidad social, como fueron el estallido social y la pandemia. “Desde 2018 hasta 2020 esas situaciones provocaron un aumento en el número de personas en situación de calle debido a dos factores: el aumento en el precio de la vivienda a nivel mundial, con tasas que hoy son un 40% más altas que hace 10 años, y el efecto migratorio”, dice, aunque añade que es importante tener en cuenta “que esta cifra puede estar subrepresentada, principalmente porque las personas en situación migratoria irregular tienden a no autorreportarse como personas en situación de calle”.
El detalle, además, dice que después de la Región Metropolitana, la Macrozona Centro Sur, que comprende las regiones de O’Higgins (862), Maule (1.289), Biobío y Ñuble, es la que registra el segundo mayor número de personas en situación de calle, alcanzando un total de 4.317 en conjunto.
Las principales razones que llevan a las personas a la calle, según los registros de Transparencia del Mideso, son el alto consumo de drogas o alcohol y los problemas familiares. Pero también hay otros motivos, como problemas económicos, de capacidad física, enfermedades crónicas, líos con la justicia o no contar con apoyos al egresar de la institución que los acogía, como Sename o centros de salud.
“La mayoría de las personas ha experimentado problemas familiares, rupturas y quiebres, lo que les hace perder el apoyo vital de una red familiar que, en algunos casos, podría ofrecer ayuda financiera o alojamiento en caso de quedarse sin hogar”, explica Millar.
En tal sentido, más de 12 mil personas que se autorreportaron en situación de calle a través del Registro Social de Hogares indicaron que la razón principal de su situación fue “problemas con la familia o la pareja”, la mayoría de ellos en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Fueron, en concreto, 12.016. Por otro lado, 4.085 personas señalaron que su razón fue por el “consumo problemático de alcohol o drogas”.
Millar agrega que esta razón puede reflejar un intento de evadir el sufrimiento asociado a la situación de calle. “Las experiencias traumáticas, como rupturas familiares o abusos sexuales, llevan a las personas a consumir alcohol o drogas para adormecer el dolor y la conciencia de estar durmiendo en la calle”, argumenta.
A pocas semanas del invierno, en los últimos años se han activado medidas en al menos seis regiones utilizando el denominado ‘código azul’ para intensificar los operativos de ayuda a personas sin hogar. Esta estrategia complementa el Plan Protege Calle, que incluye 88 albergues abiertos en todo el país, junto con Rutas Sociales y Médicas para brindar atención a quienes optan por permanecer en la calle.
Junto con la entrega de los datos, desde Mideso explicaron que es el Manual de Aplicación del Anexo Cuestionario de ingreso de personas en situación de calle, del Registro Social de Hogares, el que permite hacer el levantamiento de información, “cuyo objetivo es registrar información que permita la identificación, caracterización, monitoreo y análisis de la trayectoria de las personas en situación de calle”. Por eso, el organismo cuenta solamente con información sobre aquellas personas en situación de calle que voluntariamente la autorreportaron a partir de 2017, haciendo la advertencia que no necesariamente se tenga catastro de todas las personas que se hayan encontrado o se encuentren en situación de calle.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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