Codelco acaba de cerrar las negociaciones colectivas con tres sindicatos de Andina, que en conjunto suman más de un millar de trabajadores, con un bono de fin de conflicto del orden de los US$ 18,5 millones y 36 meses de vigencia del nuevo convenio, explicó Amador Pantoja, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). El proceso se adelantó un mes, pero no es el único que se hará de manera anticipada: se prevé que en julio se negocie con los cinco sindicatos de El Teniente, cuyos contratos colectivos expiraban a fines de octubre y es altamente probable que este año se realicen las tratativas con los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, programados para mayo de 2025.
De hecho, la estrategia de la estatal ha sido adelantar en la medida de lo posible todos sus procesos de negociación sindical, detalló Pantoja. Por ejemplo, llegó a un acuerdo anticipado con el sindicato de Radomiro Tomic, Ventanas y otros gremios.
¿Por qué negociar antes? Pantoja señaló que esto es una señal de la buena relación entre los sindicatos y la empresa. Pero, a juicio del abogado laboral y ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, esto se explica más bien “porque a Codelco no le conviene en términos económicos una huelga”. Por su situación de menor producción y pérdidas, “Codelco no aguanta una huelga”, enfatizó.
Además, según comentan dirigentes mineros, el camino seguido con Codelco se explica porque no quieren negociar cerca del proceso de Escondida de BHP. Con 2.318 trabajadores, esta es la negociación colectiva más importante de la gran minería, por varias razones: involucra a más trabajadores, tienen los bonos de fin de conflicto más altos de la industria y suele ser más beligerante que el resto.
De hecho, para BHP ya fue un triunfo que en las tratativas con Spence -que involucró a 1.110 trabajadores- se llegara a acuerdo sin mediar huelga y se lograra un contrato que garantiza la paz sindical por 36 meses.
Una historia violenta
Las negociaciones colectivas del sindicato N°1 de Escondida distan de ser una taza de leche. En 2006, 2.052 trabajadores participaron en una huelga de 25 días, acampando en el complejo deportivo de la minera en Antofagasta. Tras ello, la firma aceptó un reajuste de 5% y un bono de $8 millones más préstamos.
Marco López, abogado, asesor del Sindicato Nª 1 de Escondida.
En 2011, este mismo logró un acuerdo de un bono de $23 millones más créditos blandos. Fue una negociación reglada, donde hubo huelga de seis días. El 2018, logró $17 Millones de bono para el sindicato N°1 y el 2021, un bono de $21 millones y un reajuste de 5%.
Todos fueron en su momento cifras históricas en cuanto a pagos por finalizar la negociación.
Pero no es el único sindicato de Escondida que logra bonos tan altos. El año pasado, en octubre, el Sindicato N°2 de Supervisores y Staff de la principal productora de cobre del país obtuvo un bono de término de conflicto de $20 millones y otros $2,8 millones en préstamos blandos, además de otras prestaciones.
Para el proceso de este año, el Sindicato Nº 1 de Escondida contrató al celebérrimo abogado Marco López, su histórico asesor. El proyecto de contrato colectivo fue entregado a la empresa el 11 de junio pasado y que la compañía respondió el día 19 de junio. Según trascendió de los propios trabajadores, pedirían un bono sobre $30 millones por fin de conflicto. El contrato vigente vence en agosto.
Según Marcelo Albornoz, en las negociaciones de esta empresa pesan temas como la situación económica del país, el precio del cobre y el ánimo conflictual del momento.
Este año, por ejemplo, ha sido de baja conflictividad laboral, en gran parte porque hay una presión para no parar la producción. Tampoco es tema, dijo el ex DT, la disminución de jornada, porque las mineras se acogen a la jornada excepcional de 42 horas en turnos.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció que Juan Correa Serrano dejará su cargo como Jefe de la División Anticarteles de la institución, para desarrollar proyectos personales.
Correa Serrano, egresado de la Universidad de Chile y con una Maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York, ingresó a la FNE en 2010. Durante sus primeros años, trabajó en la División de Investigaciones, y posteriormente pasó a integrar la División de Fusiones.
En enero de 2016 asumió la dirección de la División Anticarteles, un cargo en el que le correspondió participar de la discusión de la ley 20.945, de agosto de 2016, y su posterior implementación, en cuyo contexto se dictaron las guías de Delación Compensada y de Interposición de Querellas por el Delito de Colusión. Asimismo, bajo su dirección se creó la Unidad de Inteligencia de la FNE y le correspondió desempeñarse como colíder del Grupo de Carteles de la International Competition Network (ICN).
Además, durante su su gestión la FNE presentó doce requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Estos incluyeron casos de gran relevancia como la acusación contra cadenas de supermercados por colusión en la fijación de precios de venta de carne de pollo fresca; denuncias contra laboratorios por acuerdos en licitaciones públicas; requerimientos contra empresas en sectores como el combate de incendios forestales y el transporte de valores; y ula acusación contra compañías productoras de gases industriales, medicinales y especiales, uno de los casos más recientes en los que participó.
Correa también dejó una marca en el ámbito académico, ya que ha sido profesor externo de Derecho Civil y de Derecho Administrativo en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Cabe destacar que con la salida de Correa Serrano, el cargo de Jefe de la División Anticarteles será asumido de manera interina por Matías Belmonte, el actual subjefe del equipo. Belmonte, abogado de la Universidad Católica y actualmente cursando un Doctorado en Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), será el encargado de liderar la división mientras el Servicio Civil lleva a cabo el concurso para seleccionar al nuevo jefe o jefa a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
Preocupado por impacto que el alza en la cuenta de la luz tiene en el sector, pero más aún con la idea de que los grandes clientes -como las mineras- ayuden a pagar este incremento de tarifas, se manifestó el presidente de Sonami, Jorge Riesco.
“Cualquier alza en los costos hoy día va a impactar… el precio es relativamente alto ahora, de US$ 4,33 (el MWh) y podríamos esperar precios incluso más altos que eso, pero en la medida en que los costos se mantengan al alza, los márgenes siguen siendo aproximadamente los mismos”, señaló Riesco.
El dirigente alertó que “cada vez se va haciendo más y más difícil operar ciertas faenas” dados estas mayores tarifas. Si bien admitió que algunos proyectos “están muy bien preparados para este tipo de alza”, dijo que “hay otros que no, que ya están en el margen”.
“Obviamente que el alza de las tarifas es una mala noticia”, reiteró. Pero si además, “como se ha dicho por ahí, se trataría de compensar algunas alzas en algunos sectores con cargos especiales a los mayores consumidores, entonces tenemos una doble alza, que tampoco creo que se justifique desde el punto de vista de la racionalidad económica”.
Enfatizó que “no hay espacio para todos los recargos en costos” que puedan afectar al sector. A ello se agregan que vienen una serie de alzas en los costos para las empresas, no sólo para las mineras, como el cambio de jornada laboral o el proyecto de cumplimiento tributario.
Jorge Riesco hizo ver que la minería tiene un vínculo muy fuerte con los territorios en que opera, dado que aportan con actividad económica y empleo y dinamiza todo el ecosistema, por lo cual sería contraproducente tomar medidas que afecten a este sector.
El gigante químico alemán BASF abandonó sus planes para invertir en activos mineros de litio en Chile, en momentos que el precio del metal usado en baterías para vehículos eléctricos se desploma.
BASF se retiró de las conversaciones iniciales con la canadiense Wealth Minerals, la cual tiene proyectos de exploración en Chile, dijo la empresa alemana en un correo electrónico a Bloomberg el martes.
El potencial acuerdo habría incluido financiación y compromisos de compra si Wealth obtenía contratos de producción en Chile. BASF también estaba explorando la posibilidad de construir en Chile una planta de cátodos de litio para baterías de vehículos eléctricos.
“Al final no se materializó ninguna colaboración entre BASF y Wealth Materials”, escribió BASF. La empresa no dio ninguna razón para poner fin a las conversaciones ni mencionó que ocurrirá con la posible planta de cátodos.
Demanda por autos eléctricos
BASF anunció la semana pasada que desechaba los planes para una refinería de níquel-cobalto de US$ 2.600 millones en Indonesia. El menor crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos ha presionado a la baja los precios de los insumos clave y llevó al litio a su menor valor en tres años tras haber alcanzado un récord a fines de 2022. BASF planea ahora reforzar el suministro de materias primas para operaciones en Europa con una nueva planta de reciclaje de baterías en Alemania que comenzará a funcionar a finales de este año.
Aunque la posible inversión en Chile se encontraba en una fase muy temprana, su retirada supone un golpe a la presión de las autoridades europeas para que las empresas se aseguren acuerdos con los principales proveedores de metales para baterías.
También es un revés para Wealth en momentos que Chile busca abrir nuevas zonas a la extracción de litio. Uno de los proyectos de la empresa se encuentra en una zona considerada de importancia estratégica, lo que significa que tendría que contar con una empresa estatal como socio mayoritario.
El director ejecutivo de Wealth, Henk van Alphen, declinó hacer comentarios sobre la salida de BASF. Dijo que la aplicación de la estrategia del Gobierno chileno sobre el litio ha sido lenta, aunque se está avanzando. Está previsto que la próxima semana las autoridades anuncien los detalles de las empresas interesadas en nuevos contratos en salares no estratégicos.