Nicolás Maduro vuelve a hacerle un favor siniestro a la izquierda latinoamericana: parece que su único fin fuese asaltar el poder, copar el Estado y usar la democracia como una finta táctica. Todo lo que hace Maduro lo aprendió de Hugo Chávez, y éste, de Fidel Castro, que en sus años provectos había sustituido el sentido de la épica por el de la conveniencia. Pero, acaso por este trasiego, a Maduro le salen las cosas más ríspidas, más crudas, más prototípicas.
En 24 años de chavismo casi no había sucedido lo que se le ofreció a Maduro: un cambio de clima en la relación con Estados Unidos, en parte gracias a sus nuevas urgencias estratégicas, en parte gracias a la presidencia de Joe Biden. Ese cambio le permitió abrir una negociación con la opositora Plataforma Unitaria, que se tradujo en la firma de un acuerdo de garantías (con Estados Unidos como observador) para las elecciones presidenciales que tendrán lugar a fines de este año. El documento se firmó en octubre pasado en la isla caribeña de Barbados.
Y significó que de inmediato Estados Unidos levantara el veto contra las exportaciones de petróleo y gas, el intercambio de algunos presos políticos y el término de otras restricciones en el comercio de oro, además de un nuevo trato para la deuda de Caracas. El conjunto de medidas podría significar, según diversas estimaciones, un incremento de entre uno y tres puntos en el Producto venezolano.
Además, el cambio de condiciones cayó en lo que ha sido el primer momento de relativo respiro en la economía venezolana: la reducción de la inflación a sólo 200% (versus el 6.000% del 2017) y un crecimiento del PIB que este año podría llegar a 4%.
Maduro comenzó a preparar el terreno electoral para su reelección. Una de esas maniobras fue la declaración unilateral de soberanía sobre el territorio del Esequibo, en antigua disputa con Guyana, prototipo del uso del nacionalismo como instrumento preilustrado. Maduro piensa que eso interpreta a los venezolanos. Asombroso.
El Acuerdo de Barbados debía incluir, como es más que obvio, el cese del hostigamiento a los opositores que podrían ser competidores de Maduro. La principal es María Corina Machado, que después del Acuerdo fue elegida en una primaria con más del 90% de los sufragios. Las encuestas independientes indican que Machado casi triplica a Maduro en intención de voto.
Pero la dirigente opositora fue inhabilitada el 2015 por la Contraloría General de la República, una sentencia que ratificó y amplió luego el Tribunal Supremo de Justicia, órganos todos -por si hiciera falta decirlo- controlados por el chavismo. Para terminar de confirmarlo, Maduro ha dicho que tales decisiones son inamovibles y que Machado no podrá ser candidata. El viernes agregó un toque más de iniquidad: inhabilitó también a Henrique Capriles, otro posible candidato.
La Casa Blanca reaccionó con varias medidas: cerró las licencias para el comercio de oro y anunció que también se cancelarían las del petróleo y el gas en abril, a menos que Maduro permita la participación opositora en las elecciones. ¿Será así? Difícil: el fiscal Tarek William Saab, prototipo del funcionario totalitario, anunció el arresto de una treintena de personas “que pasaron toditas por el polígrafo”, acusadas no de una, sino de cinco conspiraciones contra el gobierno, en el mismo momento en que la agencia Associated Press revelaba una infiltración masiva de la DEA en Venezuela, justamente lo que parece desquiciar a Maduro.
En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez -otro prototipo- amenazó a Estados Unidos con cancelar los vuelos de repatriación de inmigrantes ilegales: la inmigración es un arma política, otra de las más oscuras lecciones de Castro.
Aquí entra Chile. La Cancillería emitió una declaración de preocupación por la situación de Venezuela, moderada por el hecho de que se negocia un mecanismo de repatriación. Es una declaración modesta, pero deja a Chile en el pequeñísimo grupo de países que al menos han dicho algo, un verdadero contraste con lo que hicieron otros gobiernos de la región, atenazados por los acuerdos de inmigración o por la complicidad ideológica.
La oposición la consideró insuficiente, expresión de que la Cancillería se ha convertido en un campo de tiro para la derecha, aún al costo de resultar destemplada. Esta es una cara de la situación. La otra es que esta nueva desconfianza en las relaciones exteriores hunde sus raíces en los primeros meses de la administración, lastrada con un secretismo maniático, ya por costumbre, ya por cierta vergüenza culposa en el batido de inexperiencia e incompetencia, nombramientos ridículos de embajadores y desorden general.
Ese daño inicial no ha sido reparado y es poco sólido para hacer frente a esa némesis de la democracia en que se ha convertido Venezuela. Pero es lo que hay.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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