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Columna de Carolina Valdivia: América Latina, ¿zona de paz?

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Hace diez años, mediante la Declaración de La Habana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), proclamó a nuestra región como una “Zona de Paz”. Se profundizaba así, el compromiso del Tratado de Tlatelolco de fines de los 60, enfatizando la necesidad del desarme universal, la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza y la obligación de negociar diferencias conforme a la Carta de las Naciones. Si bien estas responsabilidades han sido notablemente respetadas en la región en cuanto a conflictos interestatales, al mirar dentro de nuestras fronteras, la llamada “zona de paz” no es más que una ilusión, un espejismo.

Según cifras de Naciones Unidas, en 2021, ocho de los 10 países con mayores tasas de homicidios del mundo se encontraban en Latinoamérica y el Caribe. Advirtió también Naciones Unidas, que existía una cada vez mayor vinculación entre grupos que, aprovechándose de las debilidades estructurales de nuestros estados, compiten por el control de mercados ilegales.

Por cierto, el surgimiento de organizaciones que buscan desafiar el poder de los estados no es nuevo, y obedece a causas multidimensionales complejas, a una interacción entre componentes políticos y sociales que claman por justicia -en un amplio sentido- y condiciones tales como el abandono territorial del Estado, la ausencia de Estado de Derecho y desigualdades orgánicas. También son dinámicas evolutivas que van ajustando -y justificando- su accionar a sus propias necesidades de subsistencia. Los casos de las FARC en Colombia o el Sendero Luminoso en Perú, aunque en contextos históricos distintos, son ilustrativos. Se erigieron como movimientos políticos revolucionarios que terminaron combinando, tarde o temprano, la lucha por remover el orden social imperante con el control del narcotráfico, los secuestros y otros crímenes abyectos.

Seríamos ingenuos al pensar que estas dinámicas están ausentes de nuestro país, inserto en una región que de pacífica tiene poco. Hoy existen indicios plausibles de los vínculos entre grupos que, envueltos en el manto de reivindicaciones sociales desatendidas, han ocultado dentro de sus reclamaciones diversas actividades ilícitas.

La experiencia comparada muestra que no existe una bala de plata para hacer frente a estos fenómenos. Ni siquiera el recurso a las Fuerzas Armadas ha sido del todo eficaz. Sin embargo, lo que sí refleja la práctica regional es que la carencia de comprensión global de estos conflictos, la falta de decisión política para establecer estrategias y las incoherencias entre los poderes del Estado al tiempo de abordar estos fenómenos, sí han sido determinantes en la extensión temporal y espacial de la violencia. Peor aún, la ausencia de definiciones en nuestra región, ha causado irreparables pérdidas humanas (y económicas) y, muy especialmente, ha tendido a debilitar la democracia.

Por Carolina Valdivia, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores y coagente ante la CIJ

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Eduardo Macaya: OS-9 incauta celular de jefe operativo de Cárcel de Rancagua

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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.

La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.

Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.

Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.

Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.

Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.

Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.

Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.

Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.

Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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