Según un estudio de Data Influye difundido esta semana, sólo un siete por ciento de sus encuestados cree que las instituciones encargadas de investigar y sancionar a los implicados en el llamado caso audios lo harán de manera eficiente y responsable. Para la inmensa mayoría, lo más probable que ocurra es que el asunto se diluya. Es decir, que de nada sirva la contundencia de una grabación en donde tres personas hablan con desparpajo de sobornar funcionarios públicos y comentan, como si se tratara de algo trivial, que el cohecho es la manera más eficiente y barata para evitar el pago de pesadas multas tributarias. De este siete por ciento se desprende que la desconfianza en las instituciones políticas y de justicia, o más bien que la idea de que si se tiene el suficiente poder lo que impera en Chile es la impunidad, ya no sólo es una sensación, sino que ha alcanzado otra consistencia: el rango de conocimiento compartido de manera casi unánime de que aquí las cosas son así. Punto.

No sé si, en términos de probidad, en algún momento nuestro país fue realmente diferente a lo que vemos en la actualidad. Tal vez el escenario era distinto, más pobre, más aislado, más pequeño en términos de población y mucho más opaco en términos de la información pública. Incluso antes de la dictadura. Hace medio siglo ni siquiera existía el oficio de un periodismo de investigación en el país y mucho antes la única forma de dejar constancia de los delitos de cuello y corbata perecía ser dejarlos registrados en clave, disfrazados de ficción y en forma de novelas. Las posibilidades de exponer y hacer circular casos de cohecho estaban limitadas por las condiciones económicas, políticas, tecnológicas o la misma realidad educacional. Creo que esas restricciones ambientales pesaron muchísimo a la hora de construir un relato de “probidad” generalizada, que tal vez era real a un nivel -como que intentar sobornar a un policía de tránsito es arriesgarse a una detención segura-, pero que en la medida en que se subía hacia esferas más encumbradas o círculos de poder en donde política y negocios se cruzaban era más difícil de sostener. Si en democracia ya era así, ni qué decir en dictadura.

Uno de los rasgos que tiene una comunidad con un poder tan concentrado -partiendo con una élite centralizada solo en una ciudad, o más bien en un par de barrios- es la posibilidad de levantar una mitología sobre sí misma que rara vez será desafiada, o dicho en otros términos, no tendrá competencia alguna que le exija mejorar su desempeño o rendir cuentas. En Chile no había corrupción, porque no se le llamaba así mientras no involucrara a personas extrañas a quienes tradicionalmente han sostenido las riendas del poder o porque los montos a defraudar eran menores a los de países vecinos más ricos. Lo que existía no era exactamente una tradición de probidad, sino era un poder sobre el uso de la palabra “corrupción”, cuyas llaves eran mantenidas bajo resguardo. Lo diminuto del ecosistema local beneficia que esto suceda: quienes lo componen, si no se conocen por trato social están a una agenda de distancia de hacerlo. La carrera del abogado Luis Hermosilla es un ejemplo de esa cercanía entre grandes fortunas y dirigencias políticas de distintas denominaciones. Ni siquiera el más rebelde de los presidentes de los últimos tiempos vio como un inconveniente que un abogado que había representado tantos intereses contrapuestos llegara a hacerse cargo de un entuerto autogestionado de Palacio como si nada. La trenza es así: tan antigua y firme que se la considera parte de la historia natural del país.

Uno de los elementos del ya legendario audio entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer es la mención reiterada de grandes sumas de dinero acompañadas de un reguero de nombres y apellidos que el trío invoca como quien recuerda a vecinos o parientes. Cada nombre es un “alguien” con mayúsculas, de quien se hacen comentarios domésticos: fulano se pone muy nervioso, zutano parece que está senil, a mengano no hay que avisarle. En la charla, 10 o 15 millones tienen el valor de una propina, lo realmente importante existe más allá del límite de los tres mil millones. Esa liviandad frente a los montos y su vinculación con personalidades públicas se repite en casos como el de las fundaciones o en las denuncias sobre los fraudes en las corporaciones municipales. Flujos enormes de dinero público con destino desconocido; denuncias de corrupción que involucran en muchos casos a ciudadanos que forman parte de ese universo que exige ser considerado como razonable y moderado. Sin embargo, esas personas, muchas veces presentadas como modelos de conducta de carácter público, hablan una lengua distinta a la de la mayoría en términos económicos y éticos: en Chile la mediana de ingreso es cercana a los 500 mil pesos, la mitad de la población vive mensualmente con esa cifra o con menos. Es decir, el punto medio está muy cerca de la línea de la pobreza y quien vive con 900 mil pesos no sólo está sobre la mediana, sino también sobre el promedio nacional. Esa es la realidad de quienes escucharon que robarle millones de dólares al Fisco sale barato y conveniente; es el día a día de hombres y mujeres que, según indican los estudios desde hace más de una década, desconfían profundamente de la labor de los partidos políticos, de las instituciones democráticas y del funcionamiento de la justicia, a niveles similares a los de países en guerra. Lo que está demostrando el enjambre de escándalos y la extensión de vinculaciones que surgen con cada investigación es que la trenza sigue firme. Lo que indican las encuestas, por el contrario, es que la democracia hace mucho que ya no lo está tanto como quisiéramos.