“País a observar”. Así calificó a Chile la organización Transparencia Internacional, luego de que diera a conocer las cifras de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023. El resultado, que mide a los países en una escala de 0 (totalmente corrupto) a 100 (totalmente limpio), mostró que nuestro país bajó nuevamente en el ranking, quedando con 66 puntos, lo que nos deja en el puesto 29 de un total de 180 países que son parte de la medición.

A pesar de que seguimos siendo uno de los mejores rankeados del continente, los números muestran una progresiva baja desde 2014, que nos ha llevado a perder el liderazgo regional que ostentábamos y ubicarnos en quinto lugar en América. “Esto ocurre luego de que transcendieran varios casos de corrupción de alto impacto que involucran a figuras importantes de casi todos los partidos políticos y muchas de las instituciones más relevantes del país”, señala el documento.

Por muchos años, a la par de considerarnos los “jaguares” de América Latina, nos convencimos de la falsa idea de que Chile era inmune a la corrupción que afectaba al resto de la región. Que las instituciones chilenas eran suficientemente sólidas e impermeables a la acción de los corruptos. Que malas prácticas como sobornos, cohecho y fraudes de todo tipo, tan comunes más allá de nuestras fronteras, aquí casi no existían. Esas premisas, además de ser falsas, trajeron consigo un peligroso adormecimiento que nos está costando caro y del que recién estamos despertando, con una mezcla de sorpresa e indignación.

Pero las alarmas vienen sonando desde hace tiempo. En la década pasada se destapó el Caso Carabineros, un desfalco de caudales públicos realizado por miembros de esa institución, que en ese entonces lideraba las encuestas de valoración ciudadana. No solo llevó a varios oficiales de su alto mando a la justicia, sino que erosionó fuertemente la imagen que ostentaba. El robo, avaluado en más de $35.000 millones de pesos, fue considerado entonces como el mayor fraude de nuestra historia. Poco después se destapó otro, esta vez, perpetrado por miembros del Ejército, valorizado en $6.100 millones de pesos.

En 2014 comenzaron a salir a la luz pública los casos de financiamiento irregular de la política, los más emblemáticos y recordados por la ciudadanía, ya que destaparon un sistema fraudulento que sostenía campañas electorales de reconocidos políticos de derecha e izquierda.

En los últimos años, la lista de casos se ha seguido abultando con escándalos como el Caso Luminarias, Caso Convenios, Caso Audio, sumados a las municipalidades de todos los sectores políticos, que están siendo investigadas por malas prácticas, fraude, cohecho y malversación de recursos públicos, entre otros delitos. Una tras otra, se han ido develando situaciones de las cuales nos creíamos exentos y que hoy nos han llevado a un profundo sentimiento de desconfianza e impunidad que es urgente revertir con medidas efectivas y sanciones ejemplificadoras.

Como si esto fuera poco, un reciente informe del Ministerio Publico consignó que los delitos “de cuello y corbata” aumentaron casi un 30% entre 2022 y 2023 y los casos se reparten por todo el país.

Lo positivo es que la preocupación por el nivel de corrupción en el país ya se posicionó entre las principales inquietudes de la ciudadanía según distintas encuestas, y los chilenos nos seguimos asombrando por cada nuevo caso que se conoce, en lugar de normalizarlos. Estamos en un punto de inflexión para prevenir que la corrupción se infiltre en nuestras instituciones y para tomarle el peso que se merece.

El propio informe de Transparencia Internacional consigna que Chile tiene una oportunidad única de marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción y frenar el crecimiento del crimen organizado si materializa las distintas medidas propuestas por diferentes instancias público-privadas y hacer efectivo el cumplimiento de las normas que ya están vigentes.

Es crucial que entre todos le hagamos la vida cada vez más difícil a los corruptos y entender que cumplir con las leyes es el “desde”. Los chilenos necesitamos que las empresas e instituciones funcionen sobre una base de integridad, donde no se acepte una mala práctica bajo el argumento de que la legislación no la prohíbe.

No se trata de llenarnos de leyes, sino de aplicar el sentido común y entender que todos cumplimos un rol en el combate a la corrupción.

Por Susana Sierra, CEO de BH-Compliance