Como un “hecho grave en un mercado contumaz en colusión”.
Así calificó el ministro de Justicia, Luis Cordero, la denuncia realizada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de dos empresas de gas industrial (Indura y Linde), a quienes acusa de colusión en los años 2019 a 2021 y que habría afectado a empresas y hospitales en el marco de la pandemia.
En conversación con Diario Financiero, la autoridad destaca la importancia de haber modernizado la Ley de Delitos Económicos y anuncia que pronto el Ejecutivo enviará un proyecto que armoniza las sanciones por conductas colusivas, que permitirá aplicar responsabilidades penales también a personas jurídicas.
– ¿Cuál es su primera reacción a la acusación de la FNE de colusión en el mercado del gas industrial?
– Hay dos problemas en el caso del oxígeno. Primero, la gravedad de la colusión, que por definición afecta el funcionamiento de los mercados y el bienestar social. En el caso de este ámbito en particular, además, compromete el funcionamiento de actividades esenciales y entre otras cosas la atención de la salud pública. Además, una de las cuestiones más graves de este caso es que este es un mercado que ya había sido investigado en la década del 2000 por colusión y que también había afectado a hospitales públicos.
– ¿Qué sucedió en ese caso?
Se condenó, pero la Corte Suprema dejó sin efecto las sanciones por un estándar de prueba. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque el caso que resolvió la Corte Suprema de colusión de oxigeno el año 2007 golpeó muchísimo al régimen sancionatorio de colusión en libre competencia y explica una cantidad importante de las modificaciones posteriores.
Pero lo grave de este caso de ahora es no solo por la contingencia, sino que porque este es un mercado, el del oxígeno en general y el oxígeno medicinal en particular, que es contumaz en la colusión y por eso no hay que dejar de pasar por alto la sentencia del año 2005, que lamentablemente la Corte Suprema dejó sin efecto el año 2007 por un estándar de prueb. Ese es un caso que golpeó mucho en los debates de colusión y libre competencia y que explicaron las modificaciones posteriores.
Luego tenemos el caso farmacias, como se modificó la ley y como terminamos nuevamente estableciendo el delito de colusión en el artículo 62 de la Ley de Libre Competencia. Y ahora la Ley de Delitos Económicos, que tiene una norma específica de la transición.
– ¿En qué consiste y cómo se aplica en este caso?
El gran avance es que el delito de colusión forma parte de los delitos económicos. En consecuencia, no solo son responsables penalmente los ejecutivos, sino que también son responsables las personas jurídicas. Sin embargo, esta norma de responsabilidad de la persona jurídica no es aplicable en este caso por dos motivos.
Uno por el momento en que los hechos ocurrieron, ya que no estaba vigente la Ley de Delitos Económicos.
Y en segundo lugar, porque la Ley de Delitos Económicos obliga para su entrada en vigencia de esta parte a coordinar el régimen de penas. El artículo 65 de la Ley de Delitos Económicos establece que en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delito de colusión, estas normas van a entrar en vigencia una vez que se dicte la ley que coordine el régimen sancionatorio, porque hay que coordinar las sanciones de la ley con la Ley de Libre Competencia para la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Ese es un proceso en que estamos en una etapa de elaboración de ese proyecto en conjunto entre el Ministerio de Justicia y el de Economía.
– ¿Cuándo se presenta ese proyecto?
– La norma que coordina las sanciones entre las legislaciones para el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas es un proyecto de armonización para delitos económicos en materia de colusión que debiera ingresar en la primera parte del segundo semestre de este año. En esa norma trabajamos actualmente con el Ministerio de Economía.
Pero quiero reiterar que este caso es bien importante para demostrar la importancia de la Ley de Delitos Económicos y por qué incorporar la colusión como un delito económico.
Lo segundo es que con la entrada en vigencia en esta parte para el delito de colusión no solo van a ser parte responsables penalmente los ejecutivos, sino que también las personas jurídicas y este es un antecedente conveniente a tener presente.
Finalmente, que este caso es particularmente grave en un mercado que es contumaz en colusión y ese es uno de los casos emblemáticos del por qué hemos tenido que hacer cambios significativos en la normativa anticolusión.
Eran cerca de las 11:20 de la mañana del miércoles cuando un documento de tres páginas entró al WhatsApp de varios actores involucrados en la discusión tributaria. Se trataba del protocolo de acuerdo firmado entre Hacienda y los senadores de la comisión del ramo para destrabar la tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el de mayor recaudación -por ahora- del pacto fiscal con un 1,5% del PIB en régimen.
El punto dos del acuerdo levantó varias cejas: se aplicaban cambios paradigmáticos en la orgánica del Servicio de Impuestos Internos (SII), que en el papel le restan espacio de maniobra al director y buscan aumentar su independencia del Gobierno de turno y despersonalizar su gestión. Especialistas tributarios, funcionarios del servicio y de Hacienda coinciden en que esta es la mayor modificación en el funcionamiento del SII en al menos los últimos 30 años.
El consenso entre las partes es que se fortalecerá el carácter técnico e independiente del organismo respecto del Gobierno de turno e “intereses particulares”, tanto en su dirección como subdirección. También, se busca establecer plazos máximos de permanencia en algunos cargos de decisión, lo que generó ruido interno.
¿La razón? Es común que funcionarios de carrera o que llevan décadas en el organismo se hagan cargo de subdirecciones estratégicas o asuman la titularidad de las direcciones regionales, en algunos casos rotando entre distintas zonas.
No ocurre lo mismo a nivel de fiscalizadores, donde la alta rotación es una de las principales preocupaciones del director (s) Javier Etcheberry.
En el SII explican que hay áreas donde se requiere cierto nivel de especialidad donde es necesaria la experiencia de los funcionarios, mientras que las rotaciones en las regionales se sustentan en evitar conflictos de interés en los contactos que se realizan entre las direcciones y los sujetos fiscalizados.
Aquí, lo que se analiza es que algunas subdirecciones o regionales estén sujetas al sistema de Alta Dirección Pública (ADP). O sea, tres años máximos con dos renovaciones, lo que resulta en un período total en el cargo de nueve años.
El ruido: el consejo externo
Pero quizá el cambio más radical es que se creará un consejo externo que tendrá opinión sobre temas fundamentales del actuar del SII: evaluará los planes de fiscalización y tendrá una visión vinculante sobre la juridicidad de las circulares. En otras palabras, podrá oponerse a ciertas instrucciones de la entidad. Esto último ha generado inquietud en el SII por dos razones: el cuestionamiento a la toma de decisiones, y la posibilidad de que este consejo tenga opiniones sesgadas por conflictos de interés.
En el primer punto, fuentes del servicio explican que las decisiones sobre las circulares ya son tomadas a nivel colegiado, participando distintas áreas en la redacción de las instrucciones, y dejando huella digital y en el sistema de quiénes intervinieron en su construcción. También, recuerdan que desde 2014 las circulares son sujetas a consulta del mercado antes de publicarse.
Sin embargo, partidarios de una mayor supervisión recuerdan dos decisiones polémicas que el SII tuvo que revertir: la reciente circular que ampliaba el impuesto específico a bebidas deportivas y néctares, y una del 2015 que buscaba aplicar IVA a las radiografías y otros exámenes de laboratorio, que se bautizó coloquialmente como el “impuesto al hueso”.
En el segundo punto, el temor de los funcionarios es que el consejo sea integrado por asesores de empresas o firmas de auditoría, que implique la posibilidad de contener el actuar del servicio en beneficio de sus clientes.
De todas maneras, esto no es nuevo: en 2008, el entonces director Ricardo Escobar creó un consejo consultivo integrado por diez personas, cinco funcionarios del SII, tres abogados y dos contadores públicos o auditores externos. ¿La idea? Que aportaran con conocimiento jurídico o económico a las decisiones de la autoridad, pero su opinión era meramente consultiva y no vinculante. Dicho consejo dejó de funcionar hace varios años y hoy fue reemplazado por el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), el que existe en todos los organismos estatales.
El frente interno
Los eventuales cambios han generado malestar y dudas a nivel interno, debido a que confirmaría la visión de analistas externos de que el organismo basa sus decisiones en criterios parciales y sin mayor contrapeso.
Por lo mismo, Etcheberry ha dedicado las últimas horas a contener el frente interno y explicar que el protocolo es una base de la discusión, que vienen dos meses intensos de tratativas y que cualquier contrapeso al actuar del director será compensando con nuevas herramientas para combatir la evasión y la elusión, como aplicar de manera más rápida la NGA y el levantamiento del secreto bancario.
“Esto recién comienza, se viene ahora un trabajo de ingeniería fina”, ha transmitido el ingeniero internamente.
La presidenta de la Asociación de Fiscalizadores del SII (Afiich), Paola Tresoldi, reconoce la “preocupación” por los contenidos del protocolo y anticipa que solicitarán reuniones con Etcheberry y los senadores de Hacienda para entender el alcance del consejo externo.
¿Más o menos dientes?
Cristián Vargas fue subdirector de Jurídica del SII hasta 2015, hoy socio de Tax & Legal de BDO, cree que en el margen el servicio tendrá más facultades en perseguir la informalidad, pero no cambiará sustancialmente en cuanto al secreto bancario, ya que se mantendría la autorización judicial, aunque con plazos más acotados a los actuales: “Debemos esperar cómo se traducen estos principios en las normas del proyecto de ley para una conclusión definitiva”.
Alejandro Burr, quien fue director del SII entre 2013 y 2014 ve crucial observar experiencias internacionales. “Un caso interesante es el de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, que tiene un modelo de gobernanza similar al propuesto. De ese caso se pueden extraer tanto aspectos positivos como negativos de su funcionamiento”, recalcó.
Alberto Cuevas fue jefe del Departamento de Impuestos Directos del SII, hoy es socio de Tax & Legal de KPMG, opina que el protocolo trata de equilibrar dos cosas que no son sencillas: por una parte, el fortalecimiento de las facultades de fiscalización y, por otra, el establecimiento de medidas que eviten arbitrariedades. Eso sí, tiene dudas sobre el consejo externo.
“¿Qué pasará con el resto de los organismos fiscalizadores en el país? ¿Se propondrá la creación de consejos externos como éste para cada uno de ellos? ¿En el caso del Sernac, por ejemplo?”, se pregunta.
Javier Jaque, hoy socio líder de CCL Auditores Consultores y con un paso de casi una década por el SII, recalca que la reestructuración busca fortalecer el carácter técnico del servicio, lo que si bien “puede ser visto como una pérdida de potestades por parte de la institución, pero a cambio pudiera fortalecer su labor”.
Desde agosto de 2017 –siete años y 3 gobiernos– venimos discutiendo en Chile una reforma al sistema de pensiones y ya son muchas las comisiones e informes redactados por expertos. En este contexto y a la luz del reciente informe de la Comisión Técnica de Pensiones, cabe preguntarse cuáles de las propuestas que se discuten son necesarias, cuáles son convenientes y cuáles son innecesarias o inconvenientes.
Para empezar, es importante insistir en que un buen sistema es aquél que entrega altas tasas de reemplazo y no necesariamente altas pensiones. Una pensión de $200 mil para alguien que gana $100 mil es un muy buen resultado, pero una pensión de $500 mil para una persona que gana $2 millones es un mal resultado (tasas de reemplazo de 200% y 25%, respectivamente). Si las pensiones son bajas porque los sueldos lo son, el problema se resuelve impulsando buenas políticas con foco en crecimiento, creación de empleo y, especialmente, educación y no a través del sistema de pensiones.
¿Por qué las tasas de reemplazo en Chile son bajas? Porque dadas las expectativas de vida post retiro (aprox. 30 años para las mujeres y 25 para los hombres) ahorramos muy poco ¿Cómo podemos ahorrar más? Hay varias opciones: (1) subiendo la tasa de cotización (10% del sueldo es muy poco; en países de la OECD esta tasa es casi el doble); (2) subiendo la edad de jubilación (65 años para los hombres y 60 para las mujeres es muy temprano); (3) entregando incentivos para que las personas ahorren/coticen más; y (4) aumentando la densidad de cotización o, lo que es lo mismo, disminuyendo las lagunas previsionales. Cabe destacar que el promedio de años cotizados para el total de pensionados en 2015-2022 alcanzó los 19,2 años (14,9 años para las mujeres y 24,7 para los hombres; gráfico 1).
De estas opciones sólo la primera está en discusión. Subir la edad de jubilación, además de ser impopular, requiere de otras reformas que aumenten la empleabilidad de las personas después de los 60 años. Y para aumentar la densidad de cotizaciones se requiere reformas que promuevan el trabajo formal (la informalidad laboral en Chile alcanza alrededor de 30% y es mayor entre las mujeres; gráfico 2). Además, se requiere dar apoyo a las personas que deben salir del mercado laboral, por ejemplo, porque asumen labores de cuidado de terceros, especialmente las mujeres. Pero estas son políticas sociales y/o relativas al funcionamiento del mercado laboral.
LO BUENO. Subir la tasa de cotización de 10% a 16%, con la mayor parte de este incremento yendo a las cuentas de ahorro de los cotizantes, es necesario y debería aprobarse. Esto va a permitir alcanzar mayores tasas de reemplazo en el mediano y largo plazo para las generaciones futuras de pensionados, resolviendo el problema en su origen. Este incremento fue respaldado por la Comisión Técnica. El proyecto también propone otros cambios que implementados correctamente son bienvenidos. Estos son (1) permitir el ingreso de nuevos administradores de fondos, como cooperativas y otros, y (2) crear un gestor de fondos estatal. Estos ajustes aumentarían la competencia en la industria, lo que per se es deseable pues bajarían las comisiones cobradas por la administración de los fondos, pero requiere asegurarse que el administrador estatal compita en igualdad de condiciones con los gestores privados de fondos.
LO MALO. El proyecto considera la creación de un seguro social para hacer redistribución entre distintos pensionados, actuales o futuros, quienes, por distintos motivos, acceden a una pensión autofinanciada muy baja. Esta redistribución se financiaría con un impuesto al trabajo formal –sí, la parte del 6% de cotización adicional que no va a las cuentas de capitalización individual es un impuesto al trabajo–. Esta propuesta es contraproducente porque fomenta la informalidad laboral y las lagunas previsionales. La redistribución debe atacarse con otros instrumentos, como la PGU o con transferencias directas del Estado, y como cualquier política social debe financiarse con ingresos generales y no con impuestos específicos. El sistema de pensiones no es el instrumento más apropiado para hacer políticas sociales. Ignorando en su análisis los efectos sobre el mercado laboral, esta propuesta fue respaldada por la Comisión Técnica, aunque de la lectura del Informe se desprende que su diseño debe revisarse cuidadosamente.
Además, el proyecto propone separar la industria entre gestores de inversión de fondos y un administrador previsional único, a cargo de todas las tareas relacionadas con la administración de las cuentas de los afiliados (actualmente las AFP realizan ambas funciones). Esta separación no tiene una justificación técnica sólida y puede acarrear muchas complicaciones. Por lo pronto, se crea un monopolio a cargo de todas las labores de apoyo; ¿se imagina cómo hubiera sido el pago de los retiros de fondos si hubiera habido un único ente a cargo de la administración de cuentas, como son el Registro Civil o Fonasa? Por último, el proyecto permite los autopréstamos, lo que abre las puertas a retiros disfrazados (por presiones políticas para eximirlos de devolución) en cada ciclo electoral. La Comisión Técnica recomendó no promover la separación de la industria (y no se pronuncia sobre los autopréstamos).
LO FEO. Estos son elementos que requieren un tratamiento de belleza profundo (análisis muy cuidadoso) antes de considerar su implementación. En particular, el proyecto propone cambiar el método de cobro por la gestión de los fondos, desde una comisión sobre flujo (un porcentaje del sueldo) a una sobre saldo. Esto no tiene una justificación teórica sólida y puede generar muchas injusticias entre quienes tienen saldos más altos, están próximos a jubilar y ya pagaron por la administración de sus fondos cuando aportaron a sus cuentas de capitalización individual. La Comisión Técnica recomendó no innovar en el mecanismo de cobro.
El proyecto también propone licitar un 10% de la cartera de afiliados antiguos todos los años para aumentar la competencia. Esta propuesta, como ha sido discutido extensamente en distintos medios, presenta riesgos altos con efectos importantes para la industria y el mercado de capitales. Por de pronto, podría ser contrario a la creación de un gestor de fondos estatal, llevar a licitaciones desiertas y/o demandas en el Ciadi. La Comisión Técnica recomendó la creación de una comisión técnica transversal que estudie en profundidad este tema antes de proceder.
En resumen, sí a lo bueno, no a lo malo y lo feo. El aumento de la tasa de cotización debe ir mayoritariamente a las cuentas de ahorro de los cotizantes y ser paulatino, para no exacerbar el problema del desempleo que porfiadamente se mantiene sobre el 8% por meses. Insistir en propuestas que confunden el fin de un sistema de pensiones, exigiéndole que sirva de instrumento para hacer políticas sociales (redistribución) que deben financiarse con impuestos generales, pone en riesgo poder avanzar en una reforma que es necesaria.
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En sólo dos meses, la mirada optimista sobre el desempeño del precio del cobre quedó en nada. Esta semana cerró con una caída de casi 18%, pasando desde un máximo de US$ 4,9 dólares la libra en mayo pasado, a un valor de US$ 4,04 este jueves, en la Bolsa de Metales de Londres (BML).
No se puede entender la caída en la valorización del metal rojo de las últimas jornadas sin revisar lo que pasó en mayo. Unas semanas antes de que se produjera el peak, había buenos augurios para 2024. El 3 de mayo Goldman Sachs elevó su precio objetivo de fin de año a US$ 12.000 dólares por tonelada (US$ 5,44 por libra), desde su proyección previa de US$ 10.000 dólares por tonelada (US$ 4,54 por libra). Para el banco de inversiones, el metal “es el nuevo petróleo” y su precio está sólo en “las faldas de lo que será su Everest en los próximos año”, como dijo acá en Chile, en la Cescoweek de abril pasado, su estratega Nicholas Snowdon. ¿La razón? Un muy importante déficit de metales refinados. Pero este ascenso, al parecer, será más lento. Hace dos semanas Goldman bajó su proyección para este segundo semestre a US$4,55 por libra. Mientras, el precio sigue cayendo.
La especulación
Los expertos coinciden en que el rally de mayo se debió principalmente a factores especulativos y financieros. El fenómeno conocido como ‘short squeeze’ o ‘apretón’ de posiciones cortas -es decir, apuestas a la baja- habría sido clave. Con un número récord de contratos futuros abiertos sobre el cobre, incluso pequeñas fluctuaciones en el precio obligan a muchos inversionistas a cerrar sus posiciones, lo que resulta en una gran volatilidad en el precio.
De hecho, Cochilco advertía en su informe semanal del 20 al 24 de mayo, que la escalada del precio “ha estado fuertemente determinada por componentes especulativos”, apoyado por las positivas perspectivas de demanda del metal debido a su rol en sectores como la construcción, la electrónica y las energías renovables.
China, siempre China
Cuando China estornuda, todos nos resfriamos. Tanto a nivel internacional como en Chile, la actual baja en el precio del metal se atribuye principalmente a lo que está pasando en ese país, el mayor consumidor mundial de materias primas. La percepción del mercado sobre el Tercer Pleno del Partido Comunista, que se reunió la semana pasada para delinear su política económica para los próximos cinco años, habría sido la principal razón de la caída. La falta de anuncios concretos, especialmente en cuanto al crecimiento y el apoyo a la infraestructura, decepcionó a los inversionistas, dijo el gerente general de GEM, Juan Ignacio Guzmán, porque “reduce las expectativas sobre la demanda de los minerales básicos, especialmente del cobre”. Esto ocurrió a pesar del anuncio del Banco Central chino de recortes en las tasas de interés.
“En el corto plazo está claro que el precio ya bajó y la pregunta es si podría seguir bajando y yo creo que la respuesta es sí”, aseveró Guzmán, pues se aprecia que China “va a mantener su tendencia de fortalecimiento político en lugar del económico y si eso ocurre el precio va a seguir cayendo”.
Según explica la directora de Estudios de Vantaz Group, Daniela Desormeaux, “China es y seguirá siendo el principal motor del crecimiento no sólo para el cobre, sino que también para todos los minerales; el mercado es tan grande que aunque sean tasas de crecimiento menores, en términos de volumen, el impacto es muy grande”, afirma.
¿Y los inventarios?
Los inventarios son reflejo de la oferta y la demanda de corto plazo. Y dan señales. En su informe de mayo, Cochilco también daba cuenta de un punto que, visto hoy día, muestra que la actual baja de precio no debiese ser tan inesperada: el volumen de inventarios acumulados en bodegas de la Bolsa de Futuros de Shanghái estaba cerca de los máximos de cuatro años, 290.376 toneladas, muy por sobre las 33.130 acopiadas a comienzos de año; la semana pasada las existencias en Shangái llegaban a 301.203 toneladas, pero con tendencia decreciente.
El impacto de los inventarios en el mediano y largo plazo no es relevante, ya que su capacidad para cubrir el consumo global es mínima. Las cifras hablan por sí solas: la semana pasada, el volumen total de inventarios alcanzó las 550.159 toneladas en las bodegas de las tres bolsas oficiales (Londres, Shangái y Comex) y, según cálculos de Cochilco, sólo alcanzaría para abastecer al mundo durante 8,8 días.
No obstante, como explica Desormeaux, siempre juegan un rol en la determinación de los precios de mercado, tanto los inventarios operacionales como los especulativos. “Estos últimos son más complejos de anticipar o predecir y no necesariamente están correlacionado con el ciclo económico, sobre todo cuando se trata de China. Sabemos que pueden estar explicando el actual ciclo de precios, pero es muy difícil determinar en cuánto”, explica.
Mediano y largo plazo: falta cobre
Si se mira más allá del corto plazo, entre los analistas hay más certezas. Sin cobre no puede haber descarbonización. La participación de las tecnologías verdes dentro de la matriz de consumo representó el año 2022 un 25,7% y al 2040 llegaría a un 32% del total, afirma la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa. Detalla que el cobre está presente en la mayor parte de las tecnologías verdes (autos eléctricos, energía solar, eólica, redes de transmisión, data centers, entre otros), pero “la tasa de crecimiento ha sido más moderada de lo esperado”.
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), para 2040, la demanda de cobre aumentaría en 11 millones de toneladas en comparación con 2022, con un crecimiento anual promedio del 2%. El principal impulsor será la construcción de redes eléctricas, (9 millones de toneladas), seguido por la industria de autos eléctricos (3,2 millones de toneladas, en comparación con 370 mil toneladas en 2022. “La verdad no se sabe de dónde van a venir esas 11 millones de toneladas, pero en todo el mundo se está buscando cobre, porque se necesita”, dice Guzmán.