Señor Director:

Un reciente estudio sobre el comercio ambulante en la Región Metropolitana reveló un crecimiento significativo de este ilícito, que crece ante la falta de empleos formales, agravada por el estallido social y la crisis del Covid-19. Esto lleva a personas de todas las edades y niveles educativos a recurrir a esta actividad para complementar sus ingresos, destacando la urgencia de abordar el desempleo en el país.

Lo cierto es que el comercio ambulante afecta negativamente la seguridad pública con robos y extorsiones a vendedores y transeúntes, creando una constante percepción de inseguridad en las zonas donde se practica. Además, obstaculiza el espacio público, dificulta la vigilancia y genera conflictos urbanos. También se ha vinculado al crimen organizado, mediante la venta de productos ilegales como réplicas de ropa y cigarrillos de contrabando, lo que exige una atención inmediata.

La falta de coherencia en las regulaciones existentes causa confusión y dificulta su aplicación. Para abordar este problema de manera integral, se requiere una regulación más clara, la promoción del empleo formal y una colaboración efectiva entre las instituciones para combatir el crimen organizado.

Carlos Gajardo

Abogado y exfiscal