La comisión de Ayotzinapa que investiga la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normativa rural en 2014 confirmó el miércoles que un grupo criminal tenía cooptada a las fuerzas públicas mexicanas y mantenía vínculos con miembros de la Fuerza Armada, y que ese control fue clave en uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos que ha sacudido a México.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, presentó las conclusiones de la investigación gubernamental en un informe -el segundo desde que se creó en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia- sobre los últimos avances, cuando se cumplen nueve años de la desaparición de los jóvenes, sin que hasta ahora se haya recuperado más que los restos de tres de ellos.

El esclarecimiento del caso enfrenta desde hace un año una crisis, tras la renuncia del fiscal especial que dirigía el proceso y la salida del país de un grupo de expertos internacionales que llevaba una investigación paralela.

También por los recientes cuestionamientos al gobierno mexicano por parte de los familiares de los estudiantes por no entregar archivos clave que están en manos del Ejército. El martes, en el noveno aniversario de la desaparición, realizaron una multitudinaria marcha de protesta en la capital mexicana.

Según el informe de la Comisión de la Verdad presentado un día después, en una exposición de más de tres horas, el grupo criminal Guerreros Unidos recibió de los policías locales a los estudiantes que habían sido detenidos y los dividió en tres grupos para posteriormente desaparecerlos y ejecutarlos.

Encinas, también subsecretario de Gobernación, indicó que las decenas de miles de pruebas recabadas permitieron determinar que el grupo criminal Guerreros Unidos “mantenía una importante cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región” y que eso fue clave para que los policías locales les entregaran a los jóvenes de Ayotzinapa.

Además, hizo alusiones a testimonios en los que también involucran a las fuerzas armadas entre los cuerpos sobre los que tenía influencia el grupo criminal. De las 51 órdenes de detención que están pendientes de ejecución, precisó que seis corresponden a militares, pero no ofreció detalles.

Por el caso se ha apresado en el último año al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, así como a 19 policías estatales y municipales.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de la Verdad añadió un nuevo elemento a la crisis que rodea al caso al quejarse de las “decisiones contradictorias” y trabas que se han enfrentado desde el Poder Judicial por la liberación de algunos de los presuntos implicados.

Reprochó también otras medidas judiciales como la que acordó esta semana un tribunal local al conceder un amparo a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, en el que se prohíbe mencionarlo e identificarlo como uno de los supuestos torturadores de los detenidos.

Zerón huyó hace cuatro años a Israel tras ser acusado de presuntos actos de tortura y tiene pendiente una orden de extradición.

El presidente de la Comisión de la Verdad fue enfático en descartar cualquier vínculo entre los estudiantes y Guerreros Unidos.

La difusión del informe se dio una semana después de habérselo presentado a los familiares de los 43 desaparecidos en un encuentro en el palacio presidencial, que desató fricciones entre el gobierno y los padres.

A pesar de las 138 acciones de búsqueda en campo que se han realizado en los últimos meses, Encinas admitió que es muy poco lo que se ha avanzado para ubicar a los normalistas que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad sureña de Iguala, estado de Guerrero. De los 43 estudiantes solo se han recuperado los restos de tres.

La comisión gubernamental catalogó el caso, en su primer informe de agosto del año pasado, como un “crimen de Estado”.

Reconoció que fue organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y funcionarios de justicia.

Este segundo informe también incluyó las posibles causales que llevaron a la desaparición de los 43 jóvenes. Planteó tres hipótesis: la primera, que el grupo criminal Guerreros Unidos estuviera confundido sobre la presunta infiltración de miembros de la banda rival Los Rojos entre los jóvenes; la segunda, un posible escarmiento del alcalde de Iguala de ese entonces, José Luis Abarca, y los Guerreros Unidos por unas protestas; y la tercera, la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses en los que se movilizaban los estudiantes cuando fueron interceptados.

Encinas informó que fueron enviados al Laboratorio de la Universidad de Innsbruck dos restos óseos encontrados durante operaciones de búsqueda en Guerrero para determinar si corresponden a alguno de los estudiantes desaparecidos.

Al ser preguntado sobre los cuestionamientos que han realizado los familiares al proceso de investigación, el subsecretario de Gobernación descartó que existan fricciones con los padres de los estudiantes. Aseguró que desde su comisión se ha insistido para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue el mayor número de intercepciones de llamadas telefónicas.

De igual forma rechazó que se haya protegido a los militares durante las investigaciones. Como prueba, mencionó la detención en los últimos meses de catorce uniformados, entre ellos, el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

También aludió al caso del general Rafael Hernández, quien era el comandante de uno de los batallones de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones y que recientemente obtuvo una medida cautelar para llevar su proceso en libertad.

Sobre la situación del exfiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, que renunció al cargo en septiembre del año pasado tras la suspensión de una serie de ordenes de captura, el subsecretario de Gobernación reveló que el exfuncionario se fue a Estados Unidos por amenazas a su vida.

El caso de Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 110.000 desaparecidos y donde todavía imperan altos niveles de impunidad, corrupción y violencia.