Después de casi cinco meses de trabajo, la Comisión Especial Investigadora sobre eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos y Comisión para el Mercado Financiero, más conocida como casi Audios, de la Cámara de Diputados, este lunes la instancia votó las conclusiones de dicha investigación que resultaron demoledoras.
El presidente de la comisión, el socialista Daniel Manouchehri, dio a conocer algunas de las conclusiones a las que se llegó en el informe que fue probado por la unanimidad de los presentes, anunciando además que estas serán remitidas al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado.
Según el diputado oficialista, “finalmente, esta comisión pudo llegar al convencimiento que son evidentes las faltas a la probidad del señor (Luis) Hermosilla. Su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país, como la Policía de investigaciones, los tribunales de justicia y el Servicio de Impuestos Internos”.
Del documento, de 17 carillas evacuado por la comisión, se concluye que se detectaron irregularidades cometidas en la investigación de delitos económicos, evasión y elusión de impuestos (SII), que habrían beneficiado en particular a las empresas de Daniel Sauer. En este sentido, respecto al Servicio de Impuestos Internos, el texto hace hincapié en “el brusco cambio en la decisión de los funcionarios del SII, entre la resolución que negó la apelación en diciembre de 2017 y la que la aceptó apenas un mes después (en enero de 2018)”; en que “existieron evidentes falencias en la fiscalización y levantamiento de alertas de posibles irregularidades por parte del SII”.
A esto se añade que “existen deficiencias en los procedimientos administrativos aplicados por el SII en las reclamaciones administrativas, falta de dotación y exceso de carga de trabajo”; que se habría comprobado que, “efectivamente, existió filtración de información reservada, por parte de funcionarios del SII, a la abogada Leonarda Villalobos” e incluso que se habrían detectado “falencias en el proceso de investigación desarrollado actualmente”.
“Pedir cuenta a la CMF”
En lo que respecta a la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el caso investigado, el documento detalla que según señaló su presidenta Solange Berstein, las alertas en el organismo se levantaron antes que se hiciera público el audio grabado al abogado Hermosilla, ya que la fiscalización que el organismo estaba realizando respecto de STF Capital Corredores de Bolsa comenzó en febrero de 2023; luego, en el mes de marzo de 2023 el consejo suspende de actividades a STF por 30 días o mientras no se subsanen las deficiencias y, en el mes de mayo de 2023, se le suspendió la inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa.
Por lo que, a juicio de la comisión investigadora, la CMF realizó las actuaciones que dentro del ámbito de sus competencias corresponde aplicar; sin embargo, “dado el tiempo transcurrido cabe pedir cuenta a la CMF respecto del resultado de esa investigación interna, con el detalle del resultado y posibles responsabilidades administrativas que se aplicaron. Además, cabe pedir cuenta respecto del estado de avance de las denuncias penales realizadas por la CMF ante el Ministerio Público”, plantea el informe.
Además de referirse a otros organismos, el texto hace 17 recomendaciones entre las que plantea la necesidad de respaldar el proyecto de Inteligencia Económica que actualmente se encuentra en el Congreso, en primer trámite en el Senado; ampliar la gama de sujetos obligados a declaración de patrimonio e intereses; publicitar la ley N° 21.592, denominada estatuto del denunciante; ampliar las facultades normativas de control de la Contraloría General de la República respecto a la Comisión para el Mercado Financiero; y, promover una reforma constitucional que contemple la colegiatura obligatoria para los colegios profesionales, entre otras propuestas.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.