En su última sesión realizada la tarde de este viernes, la cuarta de este año, el Comité de Ministros -presidido por la titular del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- se pronunció respecto a los recursos de reclamación en dos proyectos: Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Lican Ray de Aguas Araucanía, y Línea 7 de Santiago de la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A. Ambos suman una inversión cercana a los US$ 2.540 millones.
En la reunión -que en esta ocasión tuvo carácter de extraordinaria-, se decidió rechazar el recurso de reclamación presentado por la Municipalidad de Santiago en contra de la resolución exenta del 26 de julio de 2021 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que aprobó el proyecto Línea 7 del Metro de Santiago.
“En base a los pronunciamientos previos del mismo Comité de Ministros y el análisis del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el órgano colegiado estuvo por rechazar el recurso de reclamación y mantener la calificación ambiental favorable del proyecto”, se informó en un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente.
El proyecto, que involucra una inversión de US$ 2.528 millones, consiste en la construcción y operación de una nueva línea a nivel subterráneo de Metro, de aproximadamente 26 km de longitud, que contará con 19 estaciones y conectará en sus extremos las comunas de Renca y Vitacura. La iniciativa contempla la construcción y operación del recinto de talleres y cocheras de la nueva línea, que se emplazará en la comuna de Renca, destinada para el estacionamiento y mantenimiento de los trenes de la nueva línea de Metro.
La municipalidad, liderada por Irací Hassler, había sostenido en su recurso que el municipio apoya la construcción de modos de transporte público como Metro y “está consciente de los múltiples beneficios que conlleva a la ciudadanía y al desarrollo de los territorios al mejorar la accesibilidad y conectividad”. Pero, advirtió, “su diseño y construcción debe ser efectuado de manera de minimizar los impactos ambientales y sociales”.
Según explica la entidad, en este caso, no se cumple dicha condición y eso se ve reflejado -dijeron- en que 10 de los 11 municipios que participaron en el proceso de evaluación de impacto ambiental de Línea 7 se pronunciaron con observaciones a la última Adenda, las que “no fueron consideradas en la elaboración del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE), lo que refleja la escasa importancia que se otorga a los municipios en el SEIA, aun cuando, los proyectos de desarrollan e los territorios administrados por éstos y la legislación vigente los hace solidariamente responsables por los daños ambientales que puedan generar las actividades que se generan en las comunas.
El vuelco
Un destino distinto tuvo el recurso de reclamación presentado por la empresa Aguas Araucanía S.A. en contra de la resolución de calificación ambiental desfavorable emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía por el proyecto Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Lican Ray.
En base a los informes de los organismos técnicos con competencia ambiental y el análisis del SEA, informó la cartera, “el Comité de Ministros estuvo por acoger el recurso de reclamación, ordenando retrotraer el procedimiento de evaluación con el objeto de que se pueda emitir un nuevo Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), dando la oportunidad de que se complemente el proyecto en base a las observaciones de los Servicios con competencia ambiental, entregando una nueva oportunidad de evaluación al proyecto”.
El proyecto, con una inversión de US$ 8,7 millones, consiste en la construcción y operación del sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas tratadas de la localidad de Lican Ray. En detalle, se considera la construcción y habilitación de un colector troncal, dos plantas elevadoras de aguas servidas que permitirán la impulsión de las aguas servidas hacia una planta de tratamiento de aguas servidas en base a lodos activados.
El reclamante, en su escrito presentado el 27 de enero del año pasado, aseguró que se evidencian en la evaluación ambiental del proyecto “errores de procedimiento que finalmente llevan a las causales de rechazo descritas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.