Un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a presentar su interés (“RFI”por su sigla en inglés, Request for Information) para explorar o explotar yacimientos de litio en Chile realizará el Ministerio de Minería a partir de abril de este año y por 60 días. Los resultados de este proceso se darán a conocer en el mes de julio próximo.
Así lo informó ayer martes la ministra Aurora Williams en La Moneda, quien detalló que estos procesos se llevarán a cabo priorizando una explotación ambientalmente sostenible; y respetando las obligaciones en materia de consulta indígena, y las Áreas Protegidas del Estado, tanto las actuales como las nuevas que resulten del proceso que dará origen a la Red de Salares Protegidos.
En Chile hay 63 ambientes salinos (45 salares y 18 lagunas salinas) y se resguardará un 30%. Algunos que no están en la lista de protegidos son Llamara, Punta Negra, Huasco, Laguna Negro Francisco, entre otros.
La información obtenida a partir de este proceso de llamado a inversionistas será utilizada por el Ministerio de Minería para diseñar licitaciones u otro mecanismo que resulte adecuado para la celebración de contratos especiales de operación de litio y definir los yacimientos prioritarios para ello, “de modo de promover la implementación de proyectos privados de exploración y explotación de dicho mineral”, dijeron en Minería.
De acuerdo al Gobierno, quedarán excluidos de esta convocatoria los salares que han sido definidos por este comité como estratégicos, es decir, el Salar de Atacama y el Salar de Maricunga, así como el Salar de Pedernales, encomendado a Codelco para que lidere el desarrollo de proyectos implementando alianzas público-privadas. A ello se suman los salares Grande, Infieles, Aguilar y La Isla, en donde se le ha pedido a Enami para que lidere el desarrollo de proyectos implementando alianzas público-privadas.
Tampoco podrán ser susceptibles de ser explotados los espacios geográficos que tengan categoría de parques, reservas o monumentos naturales y los sistemas salinos altoandinos que figuran en la lista propuesta por el Comité del Litio y Salares al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Sobre esta propuesta, se iniciará un proceso de creación de la Red de Salares Protegidos.
La ministra se refirió a este modelo tras sesionar el Comité de Litio y Salares, conformado por la titular de Minería; Mario Marcel, de Hacienda; Alberto Van Klaveren, de Relaciones Exteriores; Nicolás Grau, de Economía, Fomento y Turismo; Maisa Rojas, de Medio Ambiente, y Aisén Etcheverry, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Los resultados de la convocatoria a inversionistas privados se darán a conocer en julio de 2024.
Empresas públicas
La ministra señaló que “nuestras empresas públicas, Codelco y Enami, han avanzado en el desarrollo de tres de los principales proyectos de litio en Chile”.
Por un lado, Codelco ha logrado un memorándum de entendimiento con SQM para la continuidad y aumento de la producción de litio en el Salar de Atacama, con el ingreso -a partir del año 2025- del Estado en la producción y asegurando una participación mayoritaria desde el 2031 en adelante.
Al mismo tiempo, resaltó que en el Salar de Maricunga, Codelco ha consolidado su posición mediante la adquisición del proyecto Salar Blanco, y prontamente se iniciará un proceso de consulta indígena para la modificación del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que se encuentra en tramitación.
Enami, por su parte, ha avanzado con el proyecto Salares Alto Andinos, en la región de Atacama, con un proceso Consulta Indígena por su solicitud de CEOL en curso. En paralelo, Enami está realizando una campaña de sondajes y próximamente iniciará el proceso de búsqueda de un socio.
Estos tres proyectos, junto al Salar de Pedernales, constituyen aproximadamente el 49% de la superficie de los salares del país y representan, con la información disponible, los salares con mayor potencial productivo en Chile, señaló. “Estos proyectos serán impulsados, en un esfuerzo conjunto, por empresas públicas y privadas: la colaboración público-privada es la forma de aprovechar esta oportunidad histórica para Chile”, dijo la ministra Williams.
Red de salares protegidos
Cabe señalar que el Comité de Litio y Salares sesionó ayer después de que se reuniera el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que aprobó el inicio del proceso para crear una Red de Salares Protegidos, es decir, donde no se permitirá la actividad productiva y la extracción de litio.
Actualmente, menos del 8% de los salares y lagunas salinas andinas y pre-andinas se encuentran protegidas. Con la creación de la red, se aumentarán estas áreas a un nivel por sobre el 30%.
En la Región de Tarapacá, se protegerá la laguna Lagunillas; en Antofagasta quedan resguardadas las lagunas Chivato Muerto, La Azufrera, Hedionda, Helada, Lejía, Trinchera, Tuyaíto, así como los salares Aguas Calientes, Capur o Talar, Carcote, Loyoques, Pujsa y Tara. En la región de Atacama, los sectores que inician su protección son las lagunas Escondida, del Valle, Bravas, Del Jilguero, de Las Parinas y Redonda. En los salares de la región de Atacama, se protegen los salares Eulogio, La Laguna y Las Parinas y parcialmente el salar de Maricunga y el salar Pedernales.
Los criterios de exclusión son la presencia de faenas mineras, proyectos de empresas del Estado en cualquier etapa de desarrollo y salares fronterizos, dado que un país vecino puede estar desarrollando productivamente algún proyecto.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.