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Confirman arresto domiciliario a 3 imputadas por megafraude

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Domicilios, giros y mandatarios que se repetían, además de altas cifras de facturación fueron algunas de las alertas que las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII) no escucharon en 2017.

Estos antecedentes han comenzado a quedar expuestos en la comisión investigadora de la Cámara, que preside la diputada Camila Musante (independiente), encargada de indagar responsabilidades políticas y administrativas a partir del “Megafraude Tributario”.

Por este caso -hoy en manos de la justicia y que involucra a más de 100 empresas, que desde 2014 emitieron miles de facturas ideológicamente falsas-, ya fueron arrestadas 50 personas, al constatarse delitos por más de $240 mil millones.

Sin embargo, respecto de la Cámara, los primeros testimonios han expuesto situaciones graves, a juicio de los parlamentarios integrantes de la comisión investigadora.

Una de las declaraciones más impactantes fue la de la exdirectora regional metropolitana del Servicio de Impuestos Internos, Silvia León, quien señaló a los diputados que ella personalmente denunció en diciembre de 2017, ante sus superiores la existencia de una red de contribuyentes que estaba defraudando al Fisco, a partir de alertas levantadas por el propio equipo de fiscalización a su cargo.

“No vengo preparada, pero sí tengo toda la información que puedo compartir con ustedes”, dijo la exdirectora regional, al exponer, el pasado lunes en la noche ante la comisión investigadora, donde señaló que entonces el servicio no le dio el peso a las sospechas que generaba la repetición de giros, de mandatarios y de domicilios. “Estas empresas (conformadas para defraudar al Fisco) funcionaban en tres meses con una alta facturación. $6.300 millones en tres meses facturaba una empresa, sin ser filial de la Coca Cola. Mil quinientos documentos emitía una empresa que recién había partido, en tres meses. Sin que el SII reaccionara”.

“Estoy en condiciones de decir que los propios funcionarios del servicio pusimos el conocimiento de la alta dirección el comienzo de estas redes ilícitas”, dijo.

“Hace 3 años me retiré del servicio, pero me tocó en mi calidad de directora regional ser la persona que alertó a las autoridades del servicio de la conformación, las primeras interacciones que estaban teniendo los contribuyentes, a raíz de las distintas facilidades… para que las personas pudiesen constituir su empresa rápidamente (la llamada Ley Empresa en un Día de 2013, que simplificaba el régimen de constitución de sociedades comerciales)”, relató León.

“Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa”, argumentó.

“Rápidamente se comenzó a ver, de los propios funcionarios, los propios funcionarios de primera línea de atención, los fiscalizadores de la primera línea de atención. Fueron ellos los que fueron detectando con esta interacción diaria, que tenían con las personas que concurrían a hacer trámites. Fueron ellos los que empezaron a darse cuenta. Ese olfato que lamentablemente por la modernidad hoy día se perdió”, precisó.

La exfuncionaria explicó que al “tener a una persona al frente que viene a ser un trámite y que estaba tremendamente nervioso, tremendamente incómodo ante las preguntas del funcionario de primera línea, fue generando estos indicios de que algo no estaba bien”.

“Los propios funcionarios empiezan a juntar antecedentes y a ponerlo en conocimiento de su jefatura de la primera línea de atención”, agregó.

“Cuando en la dirección regional Santiago centro se observa lo que estaba apareciendo detrás, los montos que se estaban involucrando, que no eran menores, procedí en cumplimiento de la labor que desarrollaba, a comunicarlo a las altas autoridades del servicio, en forma absolutamente oficial y formal, no solo indicando la detección de estas redes ilícitas que se estaban generando, sino que además indicándole al director del servicio cuáles eran las medidas de fiscalización, que estábamos tomando”.

Silvia León informó a los diputados que la primera alerta se realizó mediante un correo del 6 de diciembre de 2017. Luego, el 15 y 18 de enero de 2018, se envían nuevas comunicaciones con “un detalle pormenorizado al director del servicio y con copia a todos los subdirectores pertinentes”, informando montos, la cantidad de empresa y “documentos de dudoso origen”.

En vista de estas revelaciones, la diputada Musante tomó el acuerdo de la comisión para enviar directamente al Ministerio Público los nuevos antecedentes que apuntan a la posible responsabilidad del exdirector del SII, Fernando Barraza.

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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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Rubilar confirma candidatura a la alcaldía de Puente Alto

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Mediante una declaración en video, Karla Rubilar (Ind.-RN) confirmó su candidatura a la alcaldía de Puente Alto.

“Como el alcalde Germán Codina bien sabe, he vivido semanas de una situación familiar de salud muy dura que me ha mantenido alejada de la comuna y ha ocupado gran parte de mi tiempo, además de generarme una reflexión sobre mi futuro político”, dice en el registro.

De acuerdo a la ex ministra vocera de gobierno de la segunda administración de Sebastián Piñera, durante estas semanas recibió además “el ofrecimiento formal para ser candidata a la Gobernación Metropolitana, porque existen encuestas que dicen que yo ganaría esa elección”.

Y luego agregó: “Y si bien ser intendenta de la Región Metropolitana ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida y agradezco enormemente a todos quienes creen que yo podría ser una gran gobernadora, lo cierto es que después de conversar con mi familia, con mis amigos e incluso yo que soy creyente de pedirle ayuda a Dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto”.

“Yo quiero ser alcaldesa de la comuna. Voy a vivir en Puente Alto para vivir sus sueños y sus dolores y para compartir con ellos este sueño de tener un Puente Alto mucho mejor para todos”, expresó.

Para finalizar, apuntó que es por eso que agradece enormemente a todos quienes la han acompañado y han comprendido el proceso que ha vivido. “Quiero pedirle a ellos también que me ayuden a tener la fuerza para enfrentar este desafío y para lograr convertirme el 27 de octubre en la primera mujer alcaldesa de Puente Alto. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr”.

La declaración de Rubilar se da luego de un quiebre con el actual jefe comunal puentealtino, Germán Codina (RN), que había puesto en duda la candidatura de la ex secretaria de Estado.

Es que según detalló La Tercera, el distanciamiento entre ambas figuras se originó hace cerca de un mes a propósito de una petición que hizo Rubilar a Codina: incorporar personas de su confianza al municipio, lo que implicaría despedir a actuales trabajadores, situación a la que el alcalde RN se negó. Es por eso que Codina ya no estaría dispuesto a seguir respaldándola para llegar a la alcaldía.

No solo eso. Desde la misma coalición de derecha transmitieron que la situación escaló a tal punto, que Rubilar amenazó en un momento con dejar de ser candidata, y por ello, personeros del bloque habrían hablado con la exministra para convencerla de que no desista de competir.

Ahora, el escenario eleccionario vuelve a tener a la exministra como una de las postulantes fuertes para los comicios de octubre de este año. Solo resta saber si lo hará con el apoyo de Codina o sin éste.

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