la comisión del sistema político En general, aprobó sus propuestas de normas transitorias para la implementación de los cambios establecidos por la nueva Constitución y que dan forma a un nuevo parlamento llamado bicameralismo asimétrico, integrado por un Congreso de los Diputados y una Cámara de Regiones y un presidencialismo atenuado, cambios que comenzarían a partir de 2026, es decir, al término de casi todos los mandatos de las actuales autoridades.
Ahora las normas pasaron a su discusión en particular a la comisión de Normas Transitorias que las analizará en particular y podrá ratificarlas o modificarlas, antes de ser sometidas al pleno.
Se propone que el 11 de marzo de 2026 entren en vigor los artículos referidos al Poder Legislativo, así como los referidos al Presidente de la República..
Se propone que la disposición establecida sobre la reelección del cargo de Presidente por una sola vez, no será aplicable al actual presidenteno pudiendo ser reelegido inmediatamente.
Asimismo, en el plazo de dos años contados a partir de la aprobación de esta Constitución, se dictará una ley que introducirá todas las modificaciones que sean necesarias en las normas electorales para que se eligen los escaños reservados a los pueblos y naciones indígenas.
El coordinador de la comisión, Ricardo Montero (PS), explicó que la propuesta respeta cuatro años base para todas las autoridades, senadores, diputados y el presidente. Como los diputados terminan su mandato en cuatro años, será necesario elegir el nuevo Congreso de los Diputados. En cuanto a los senadores, la mitad del Senado va a cumplir su mandato en este periodo, y la otra mitad se va a quedar con cuatro años pendientes, y como Colectivo Socialista propone que “la Cámara de Regiones tenga un periodo transitorio de tres años y que la mitad de los senadores se incorporen a esta Cámara y la otra mitad sean elegidos por una sola vez junto con el Presidente y los diputados, por transcurridos esos tres años entre todo el sistema en régimen”.
Derechos fundamentales
En la Comisión de Derechos Fundamentales también se aprobaron propuestas generales de normas transitorias, como en el sistema de salud, donde el Presidente deberá presentar un proyecto de ley que tenga por objeto la creación e implementación del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la integración a la red de proveedores públicos a los actuales hospitales y centros médicos de las Fuerzas Armadas y del Orden Público, en un plazo de dos años contados a partir de la vigencia de la Constitución.
Expropiación
Mientras no se promulgue una nueva ley que regule lo dispuesto en la nueva Constitución sobre expropiaciones “a precio justo” Éstas se regirán por las normas vigentes al momento de la entrada en vigor de la Constitución.. Las expropiaciones en procesoasí como las reclamaciones sobre los mismos y todos los trámites que se encuentran pendientes continuarán su trámitesegún lo establecido en la normativa vigente.
Trabajo Decente y DT
Se propone que el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley que tenga por objeto adecuar la normativa sobre trabajo digno y otro sobre libertad sindical, en el plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de esta Constitución. Lo mismo para los ajustes de Dirección de trabajo.
Si de temas urgentes se trata, el 2023 tiene un punto gravitante en el Congreso: la Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas, que culmina su primer proceso en las comisiones mixtas de Defensa y Seguridad Pública del Senado.
La norma busca según el mensaje del Ejecutivo “establecer la institucionalidad necesaria para fortalecer la ciberseguridad, ampliar y fortalecer el trabajo preventivo, la formación de una cultura pública en materia de seguridad digital, enfrentar contingencias en los sectores público y privado, y salvaguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio”.
El Senador por Renovación Nacional Kennet Pugh señala que Se ha avanzado un 75% en la tramitación, en particular de las 185 indicaciones ingresadas por el Gobierno y parlamentarios, las que abordan definiciones, competencias, ámbito de actuación y creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
“Llegó a la indicación 140 y Estamos programados para el día 7 del próximo mes. Si seguimos avanzando a buen ritmo, podría aprobarse en la comisión durante marzo y en la Cámara en abril”, dijo Pugh.
Destacó que la creación de una ANCI “es una necesidad actual en el mundo completamente digitalizado. Equivale a desplegar capacidades de prevención y reacción en el ciberespacio. Es muy relevante que todos los sectores regulados cooperen entre sí, entregando información oportuna y completa, ya que en ciberseguridad no hay competencia, sino colaboración”.
se debe notar que ANCI tiene como objetivo asesorar al Presidente de la República en la protección del ciberespacio nacional y coordinar las diferentes instituciones encargadas de la ciberseguridad del país, regulación que existe en varios países europeos.
El senador espera queesta ley puede ser promulgada este año, ojalá durante el mes de octubre, mes nacional de la ciberseguridad. El gobierno ya tiene asignado el presupuesto para empezar a comprar equipos y contratar a los mejores”.
El informe financiero de la nueva normativa establece que el gasto fiscal en que incurrirá la aplicación del proyecto a partir de la contratación de 19 personas para integrar la agencia y otras divisiones, para lo cual se estima un gasto de $578 millones al año, más un costo anual de alquileres y servicios básicos de $200 millones.
Para el senador Gastón Saavedra (PS), este proyecto “es una necesidad de país, se avanza en consenso para tener un organismo, pero también para instalar la ciberseguridad como uno de los puntos clave para ayudar a cuidar al Estado, a las personas y también a las empresas. Ya nos pasó con los hechos donde el Estado conjunto fue intervenido por atentados y los riesgos que eso también tiene para el país en ámbitos como la banca, Codelco o hasta Carabineros”.
Del Ministerio del Interior, El coordinador nacional de ciberseguridad, Daniel Álvarez, señaló que “las obligaciones generales y particulares en el ámbito de la ciberseguridad, especialmente para servicios esenciales y para operadores de vital importancia, que son los que podrían afectar el funcionamiento del país en caso de un incidente grave de ciberseguridad”.
Lo anterior implica que La dependencia podrá emitir reglamentos técnicos generales y normas mínimas de ciberseguridad y dar instrucciones a los organismos estatales y privados cuya infraestructura de información sea calificada como crítica, la cual podrá ser para algunos servicios básicos, actividades económicas o financieras, telecomunicaciones y otros.
Explicó que la necesidad de crear una agencia se debe a que en ciberseguridad debe haber un agente líder tanto para el sector público como para el privado, “porque mejora la capacidad de prevención de incidentes o ataques, así como de respuesta, porque En ciberseguridad se habla de que más que ser infalible, lo importante es ser resiliente, y si contamos con una autoridad pública con competencia en materia pública y privada, se incrementará la capacidad de resiliencia del sistema para una respuesta coordinada”.
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Mediante comunicación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Empresas CMPC informó que, a la fecha, el área de las plantaciones afectadas por los incendios forestales superarían las 10.000 hectáreas, aunque adivinó que por ahora no se puede precisar la cantidad con exactitud.
Asimismo, la forestal y papelera vinculada al grupo Matte señaló que aún no se dan las condiciones para evaluar el daño efectivo de cada una, ya que esto depende de la intensidad del incendio y sus capacidades de recuperación, por lo que ha aún no se ha podido determinar.
“Por lo anterior, es que en este momento No estamos en condiciones de precisar los efectos que generará la situación descrita en los estados financieros de CMPC, información que se entregará en la medida en que se supere la emergencia actual y se puedan realizar las estimaciones antes mencionadas”, escribió al regulador Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de Empresas CMPC.
Sobre las instalaciones industriales de la empresa en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, agregó que no han sido afectadas directamente por el fuego, pero que han tenido que parar en varios momentos para “garantizar la protección de su personal y de las comunidades aledañas”. .
Asimismo, la empresa forestal afirmó que sus 1.200 brigadistas y 22 aeronaves se encuentran desplegadas activamente en los territorios en cuestión, combatiendo a la fecha más de 640 incendios.
“A pesar de los medios de combate disponibles, la dedicación de las brigadas especializadas y el trabajo coordinado con Bomberos, autoridades y organismos técnicos, el número de fuegos simultáneos; la multiplicidad de focos que presentan; Su extensión y rápido avance, así como las adversas condiciones meteorológicas presentes, han hecho muy difícil su combate y extinción”cuenta Ruiz-Tagle.
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El 26 de enero, los abogados Fabiola García Waak y Ricardo Riesco Eyzaguirre. asumieron como nuevos miembros de la Junta Directiva del Centro de Arbitraje y Mediación CAM Santiago.
Actualmente el cuerpo está formado por Manuel José Vial (Presidente); María Agnes Salah (Vicepresidente), Hermann Chadwick (Antiguo presidente), los abogados Nicole Duclos, María Soledad Krause y marcela radovicy los abogados José Pedro Silva, Juan Pablo Schaeffer, Felipe Correa, santiago monte, Víctor Vial y Luis Alberto Aninat. García y Riesco vienen a completar los 15 integrantes.
Tras su nombramiento, Fabiola García comentó: “Agradezco este nombramiento, muy en sintonía con las alianzas en las que he participado activamente junto con el CAM Santiago y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).”.
García es abogado de la Universidad del Desarrollo, Licenciado en Derecho Económico Administrativo con mención en Recursos Naturales y Magíster en Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es mediadora civil y mercantil, formada en la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. En los últimos años ha sido Socia Directora de Waak SpA, Vicepresidenta del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción desde 2020 y Vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción desde 2021, así como miembro del Colegio de Mediadores de Chile y de la Fundación de la Junta de Resolución de Disputas (DRBF).
Por su parte, el abogado Ricardo Riescoes Árbitro del CAM Santiago desde 2009 y havisto cómo esta institución “ha fortalecido, diversificado, rejuvenecido y profundizado el uso del arbitraje y otros métodos apropiados de solución pacífica de controversias, como la mediación, lo que constituye una invaluable labor para democratizar el acceso a una justicia eficiente y oportuna en Chile, especialmente en estos convulsos veces”, agregando que espera contribuir en ese mismo camino.
Arriesgado Es abogado, Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Derecho de la Universidad de Columbia, donde fue profesor invitado en 2017 y 2018. Además, es profesor asistente adjunto en el Departamento de Derecho Procesal. de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se desempeñó como director entre 2015 y 2017. Entre 2018 y 2022 se desempeñó como Fiscal Nacional Económico. Adicionalmente, fue socio de Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner (ahora Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría) y abogado de Claro & Cía. y en Clifford Chance.
De acuerdo con los Estatutos del CAM Santiago (cuya última edición fue protocolizada en diciembre de 2021), el Consejo es el órgano de gobierno del Centro y le corresponde todas las funciones señaladas en los estatutos. El Consejo está integrado por 15 miembros (actualmente 13), quienes serán designados por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santiago AG (CCS), quienes deberán tener presente en las postulaciones realizadas, para lograr la mayor representación de las diversas actividades económicas del país y el ámbito jurídico vinculado a la institución arbitral. Asimismo, el Consejo integrará, de pleno derecho, los Antiguo presidente.
Son funciones del Consejo, entre otras, la elaboración, mantenimiento y actualización de listas de árbitros (as) y mediadores (as); los nombramientos del árbitro o árbitros y mediadores que deban conocer de un asunto determinado cuando las partes hayan delegado dicha facultad en la CCS; y servir como órgano decisorio en materia de reclamaciones en contra de los afiliados a la planilla de CAM Santiago.