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Convencional Cubillos pide reabrir debate sobre duración del mandato “del actual Presidente” Boric y solicita que se discuta en las normas transitorias

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La recta final de la obra del Convención Constitucional. El órgano redactor deberá entregar la propuesta de nueva Constitución el próximo 5 de julio, pero antes de oficializarse, el texto deberá pasar por la revisión de tres comisiones: Armonización, Preámbulo Y Reglas Temporales.

Esta última instancia, estará a cargo de aquellos reglamentos que establezcan el procedimiento y los términos de implementación de las normas que contendrá la nueva Carta Fundamental, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida de la 4 de septiembre.

Ad portas de ese proceso, a las 9:30 de esta mañana, el Comisión del Sistema Político en el ex Congreso Nacional para iniciar el estudio y deliberación de la propuesta de unidades temáticas que exigir de las normas constitucionales transitorias.

Durante la discusión, el convencional marcela cubillos (A Chile Unido) manifestó que los artículos transitorios deben discutir la duración del mandato presidencial actuales decir, de presidente gabriel boric.

“Creo que también debería estar en la discusión de la fugacidad la duración del mandato del actual Presidente y de las autoridades del Poder Ejecutivo”, precisó, ya que, a su juicio, “todo el sistema político está siendo cambiado”.

“Y en virtud del artículo 138, que dice que cuando una institución cambie sustancialmente, la Convención tiene poderes para modificar el período de la misma”, agregó.

En ese escenario, explicó que “el poder ejecutivo también cambia sustancialmente, la presidencia cambia sustancialmente en sus atribuciones con respecto a lo que tiene hoy, cambia el gabinete, cambian los ministros. No solo el tema de incorporar al ministro de los pueblos originarios, sino cambiar completamente las atribuciones del Presidente de la República, cambia todo el sistema”. Una idea que fue respaldada por la corriente principal Constanza Hube (UDI).

Las palabras de Cubillos se basan en lo establecido por la actual sigue vigente el artículo 138 de la Constituciónque establece que “la Convención podrá establecer disposiciones especiales para la entrada en vigor de cualquiera de las normas o capítulos de la Nueva Constitución”.

Agrega además que la nueva Carta Fundamental”no podrá poner término anticipado al período de las autoridades de elección popular, salvo que se supriman o modifiquen sustancialmente las instituciones que lo integran.y que “debe establecer la forma en que cesarán o continuarán en sus funciones las demás autoridades que establece esta Constitución”.

La tesis de Cubillos, en ese sentido, plantea que cuando se modifican las facultades del Ejecutivo, entonces hay que discutir si se está modificando de alguna manera”sustancial” la institución de la Presidencia de la República. De ser así, el mandato del presidente Boric podría ser modificado en alguna norma transitoria si esa idea obtiene el apoyo de la comisión ad hoc y, posteriormente, de los 2/3 del pleno.

Sin embargo, la propia Cubillos había expresado otra posición en noviembre del año pasado, cuando tuiteó lo siguiente: “La Convención debe dar seguridad a los ciudadanos que acaban de elegir diputados y senadores y al Presidente que elegirá el 19 el período para el cual fueron elegidos no se modificará, independientemente de la definición que se adopte sobre el régimen de Gobierno”.

No solo eso. En diciembre de 2021, el constituyente de Un Chile Unido, junto a otros 15 convencionalistas de derecha, presentó una propuesta de norma transitoria para que los mandatos del Presidente y Congreso electos ese año no se ven afectados según determina la nueva Constitución si se aprueba.

Lo anterior, menos de tres semanas antes de la segunda vuelta presidencial -19 de diciembre-instancia en la que el entonces candidato de Aprueba Dignidad se enfrentó al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Para esa fecha, una de las cuestiones dentro del órgano constituyente era precisamente si se mantuviera el período de cuatro años del Presidente y los diputados, y ocho en el caso de los senadores.

Sin embargo, para entonces la discusión no era nueva. En septiembre de 2021 el ex vicepresidente de la Convención Jaime Bassa (Frente Amplio) fue el primero en abrir este debate, ya que planteó que si se modificaba el sistema político “sustancialmente”, la Constitución vigente faculta a la Convención a abreviar los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular.

“Si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que dice que, por ejemplo, al año de su vigencia, el gobierno va a convocar elecciones, el gobierno tendrá que convocar elecciones”, dijo la convencional en ese momento.

Sin embargo, con el tiempo Bassa matizó sus palabras. En diciembre del año pasado, en una entrevista con TerceraRetrocedió ante su idea.

“Me parece razonable que el primer período de implementación de estos cambios se dé a lo largo de todo el período que signifique la próxima legislatura ordinaria, y que le permita al Presidente, cualquiera que sea, cumplir todo su mandato con esa función primera de implementar la nueva Constitución. Lo mismo para el período legislativo ordinario, que también va de marzo de 2022 a marzo de 2026”, comentó en esa ocasión el exmiembro de la junta directiva de la Convención.

De hecho, en la instancia también abordó el indicio presentado por la derecha y lo calificó de “irregular”, “oportunista” e “impertinente”.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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