Cada año, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social llevan a cabo un proceso de monitoreo de la oferta de programas en el sector público, con el foco en evaluar las distintas políticas implementadas por el Gobierno en busca de lograr eficiencias y mejoras en el uso de los recursos públicos.
En el proceso finalizado este año, y que contempla programas que ejecutaron gasto durante el 2023, las reparticiones revelaron que 26 programas serán descontinuados de la oferta programática, mientras que otros 13 serán fusionados con otras iniciativas. ¿La razón? La nula ejecución de fondos durante el año pasado.
En esta ocasión, la evaluación consideró 689 programas públicos, lo que equivale a un 45% del Presupuesto ejecutado durante el año pasado.
Además del cierre y la fusión de programas, el número de programas con gastos menores a $ 2.000 millones anuales bajó de 303 a 292. Esto último es relevante para el Ejecutivo en sus esfuerzos por reducir la dispersión de programas y eficientar.
Sobre el tema, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, señaló que “estos resultados, son un primer paso en racionalización y menor fragmentación de la oferta pública, lo que va en línea con los esfuerzos que por años se han realizado para optimizar la oferta de programa públicos”.
“De todos modos, todavía hay importantes espacios de mejora en los programas de baja cobertura efectiva y relevante gasto administrativo. El objetivo es que los programas públicos se ejecuten con evidencia en sus resultados y de manera eficiente y eficaz de los recursos públicos”.
El detalle de las iniciativas que no siguen
En un informe, la Dipres incluye el detalle de las iniciativas que se descontinuaron de la oferta programática por su nula ejecución en 2023.
Así, hay dos ligados a fundaciones dependientes del área sociocultural de La Moneda. Ambos pertenecen a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), en específico el programa de Desarrollo de Competencias Laborales, y el de Apoyo a la Dinámica Familiar.
Asimismo, hay tres relacionados con el Ministerio de Bienes Nacionales que no continúan en la oferta de programas: Normalización de Denuncias de Herencias Vacantes en la Seremía de la Región Metropolitana; el de fortalecimiento a la fiscalización de la propiedad fiscal y los bienes nacionales de uso público; y Normalización de la Cartera de Postulaciones a Propiedad Fiscal.
En la cartera de Desarrollo Social, son cinco los programas descontinuados: Activo Joven Territorial; Creamos; Voluntariado País de Mayores; Comunas Amigables con las Personas Mayores; y Subsidio a la Cédula de Identidad.
Hay seis iniciativas ejecutadas por organismos dependientes del Ministerio de Economía que ya no serán parte de su oferta: Innovación Sostenible; Programa de Fomento a la Industria Audiovisual; Apoyo a Instituciones de Garantía Recíproca; Becas para CFT en Lebu y Lota Arauco; el Programa de Subsidio a la Operación de Oferta de Atención al Emprendimiento; y el Programa de Educación para el Consumo Sostenible.
Luego, hay cinco relacionados a la cartera de Educación: Escuelas Arriba; Estrategia Digital-Educar para el Futuro; Plan Nacional Leo Primero y Sumo Primero; Educación Media; y Formación Integral.
En Energía, sale de la oferta el Plan de Eficiencia Energética Sector Artefactos; en Culturas, el Bono para Trabajadoras y Trabajadores Culturales; en Trabajo, el Bono Chile Apoya Invierno y el Subsidio al Empleo: Línea Regresa y Línea Contrata; y en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), la Formación Inicial para la Dirigencia Social.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.