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Corte Suprema cita a pleno tras polémica compra de 22 Lexus

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El 2 de febrero entraron por calle Bandera tres autos marca Lexus a los estacionamientos del Palacio de Tribunales. No eran de ningún funcionario, ni tampoco de nadie que fuera a alegar alguna causa. La razón tenía que ver con que los ministros de la Corte Suprema debían escoger el color de los 22 vehículos que usarían para este año.

Entre las opciones estaban el color negro, gris y grafito. No hubo una decisión entonces, sin embargo, la entrada en escena de los vehículos generó un debate interno entre los magistrados, quienes finalmente, decidieron ejecutar la compra, tal como lo reveló La Tercera.

La decisión se tomó luego de una serie de análisis y conforme al presupuesto que se les había asignado para el ítem. El Consejo Superior de la Corporación visó la compra de los vehículos, específicamente los modeles ES300h, cuyo precio de lista va desde los $56.990.000, según se observa en las páginas de las automotoras que los comercializan.

Pero el cómo la Corte llegó a esta decisión tiene su origen el 15 de diciembre del 2022, cuando el Consejo Superior de la Corporación Administrativa aprobó solicitar el presupuesto para la renovación de los 22 autos del máximo tribunal, dado las fallas de los actuales modelos (Toyota Camry, 2014), que estaban presentando fallas en sus baterías.

Sin embargo, no fue hasta mediados del 2023 que la determinación se vio por primera vez en el pleno de la Corte Suprema, cuando los ministros aprobaron la renovación, pero no así el detalle de la compra. Eso sí, como comentan altas fuentes de tribunales, a finales del mismo del año se les informó a los jueces que ya existía un presupuesto de más de $1.300 millones, y que había sido visado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Ya el 2 de febrero, y luego de ver los modelos en los estacionamientos, se realizaron dos plenos. El primero durante la mañana, donde tres ministros manifestaron reproches a la millonaria compra: el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco; la ministra Andrea Muñoz; y el ministro Mauricio Silva.

Este último -cuentan en el Poder Judicial- estaba en contra. Sin embargo, para el pleno de la tarde de ese día, donde se votó la decisión, su sufragio quedó incluido como a favor en el acta de la reunión.

Luego de que este medio revelara la decisión de la millonaria compra, en tribunales comenzaron las recriminaciones internas. Y, por lo mismo, si citó un pleno extraordinario para debatir nuevamente esta situación.

El quién autorizó los recursos para esta compra es algo que aún resta despejar. En el Poder Judicial aseguran que los recursos para la compra fue autorizada por la Dipres, lo que fue negado a este medio por la institución que lidera Javiera Martínez (RD).

Desde la Dipres señalan que “la Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Además, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel (Ind) sostuvo que “el Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo del gobierno, el gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma de ellos”.

Marcel agregó que “no tengo mucho más que decir, quizás simplemente hacer un contraste”, aunque también lanzó un sutil dardo: “Yo tengo un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”.

El requerimiento de una compra de este tipo no es nueva. Es más, a principios de agosto 2020, en la preparatoria de la ley de presupuestos 2021, ocurrió algo similar, reveló el exministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evopoi).

“Llegó una solicitud del Poder Judicial para renovar 100 autos de lujo. Con la deferencia del caso, llamé al Presidente de la Corte Suprema y gentilmente le señalé que, por razones obvias, no accederíamos a esa solicitud. Supongo que no le gustó mucho mi llamado”, explicó a La Tercera.

Matías Acevedo, jefe de la Dipres en 2020, en tanto, recordó que “no se autorizo el presupuesto y el exministro Briones se lo comunicó gentilmente al presidente de la Corte Suprema”.

En esa misma línea, agregó que “con los recursos públicos y en especial las autoridades, deben cuidar el fondo como también las formas. Y dándoles el beneficio de la duda de que necesitan vehículos (y renovarlos), no veo como se justificaba una compra de vehículos de por ese valor. Y creo que la reacción de rechazo a esta medida de la ciudadanía lo confirma”.

El pleno de hoy estará divido. Algunos magistrados señalan que la decisión de compra debe mantenerse, pues todo está correctamente justificado, en tanto, otros de los ministros, van por revocarla. Los Lexus, por ahora, esperan a sus supremos nuevos dueños.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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