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Corte Suprema rechaza recursos contra polémico proyecto Dominga y su futuro queda en manos del Consejo de Ministros

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La Corte Suprema rechazó los recursos interpuestos por organizaciones de pescadores artesanales y la ONG ambiental Oceana contra la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que determinó que el proyecto minero Dominga, propiedad de Andes Iron, propiedad de las familias Délano y Garcés, había presentado pruebas suficientes en su tramitación ambiental.

Con ese, El futuro de la iniciativa, ubicada en La Higuera, Región de Coquimbo y que contempla una inversión de US$2.500 millones, ahora espera el pronunciamiento del Consejo de Ministros, (antes conocido como Comité de Ministros) que preside la titular de Medio Ambiente, María Rojas.

“Este Tribunal debe rechazar los impuestos especiales deducidos, ya que la evolución de este proceso ha determinado que no existe una sentencia firme que pueda ser revisada por este Tribunal, ya que la parte recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre la que recae sino que, por el contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, por lo que, además, no existe perjuicio para los recurrentes que pueda ser reparado por vía de apelación”, dice la sentencia de 45 páginas.

Por ello, agrega “se rechazan los recursos en la forma y fondo deducidos a favor de Oceana Inc.; Javiera Espinoza Jara; y José Zarricueta Campusano, Ernesto Fredes Aguirre y Cristóbal Díaz de Valdés; así como el recurso de apelación sobre el fondo interpuesto a favor de Marcela Alejandra Rey González y Andrew David Fry Carey”.

El fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo tuvo 4 votos a favor y uno en contra, este último del juez Sergio Muñoz.

La resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta del 21 de abril de 2021, que acogió una demanda de Andes Airon, también estableció que era ilegal lo determinado por la Comisión de Evaluación Ambiental, Coeva, de Coquimbo, y el Comité de Ministros al rechazar la iniciativa . , ordenando la repetición de la votación. La comisión votó nuevamente, aprobando ahora la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga.

El fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema se produce luego de que en marzo fracasara el intento de conciliación en el juicio por el permiso ambiental del proyecto.

La iniciativa no cuenta con el apoyo del presidente Gabriel Boric, quien en su primer discurso luego de ser elegido para el cargo reiteró su rechazo al proyecto minero Dominga. Sin embargo, a fines de abril el presidente había señalado que la definición de la iniciativa, que podría tener que ser vista nuevamente por el Consejo de Ministros, debía ser tomada con cuidado.

“Expresé una posición clara, no corresponde hoy profundizar en eso porque eventualmente el proyecto puede llegar al Consejo de Ministros y ahí debemos estar atentos para tomar la decisión correspondiente, pero queremos un desarrollo sustentable y sustentable con el medio ambiente”Boric dijo en abril en una entrevista con radio Guayacán como parte de su gira por las regiones.

El proyecto ha generado tanto el apoyo como el rechazo de los habitantes de La Higuera, incluso entre quienes apoyan al alcalde de la comuna Yerko Galleguillos.

Dominga estima la producción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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