A pesar de que el sector de la construcción está viendo leves indicios de recuperación, los pronósticos de inversión para este 2024 siguen marcados por una tendencia a la baja.
Así lo dio a conocer la Cámara Chilena de la Construcción en su último informe de Macroeconomía y Construcción 65 (MACH), donde se dejó entrever que la inversión del rubro caería un 1,3% en 2024, cifra que supera el anterior pronóstico formulado por el gremio que preveía una disminución de 0,4%.
Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, explicó que la corrección a la baja en las expectativas para este año se debe al menor ritmo de disminución de la inflación y de las tasas de interés, y al aumento del precio de los materiales de la construcción los últimos meses.
En detalle, y de acuerdo a los datos entregados, la inversión en vivienda se contraería 3,2% anual en 2024. Según lo que explicó el gremio, la inversión pública en vivienda muestra cifras récord, con US$ 3.870 millones destinados a la ejecución de programas habitacionales e inversión en ciudad, representando un crecimiento de 9% respecto de 2023. Sin embargo, la inversión en vivienda privada, caería 6,4% en doce meses.
Mientras tanto, la inversión en infraestructura caerá 0,3% anual, “producto de que la inversión en infraestructura pública crecerá 5,3%, pero la inversión productiva disminuirá 6,3%”.
Por su parte, el gremio destacó que el flujo de inversión vía concesiones en 2024 se ubicaría en torno a US$ 780 millones, superando lo observado desde 2018. No obstante para este año se espera una fuerte caída de la inversión y el gasto en construcción de proyectos de infraestructura productiva privada.
Respecto al mercado inmobiliario, el gremio proyectó pocos cambios para 2024 respecto de lo ocurrido en 2023. “Factores como las tasas de interés, el desempleo y la incertidumbre seguirán limitando la capacidad de acceso a una vivienda en propiedad en el mediano plazo, por lo que se espera que este 2024 el sector inmobiliario crezca en torno a 4%, pero con sesgo a la baja”, señaló la institución.
Además, León agregó que, producto de este escenario, la construcción registra actualmente 155.000 trabajadores menos que su potencial, cifra que explicaría un tercio del total de la brecha estimada de empleo a nivel nacional.
Llamado a la industria
En este contexto, el presidente nacional de la CChC, Juan Armando Vicuña, realizó un llamado a los distintos actores sociales a para dejar atrás los conflictos y a priorizar lo que hoy realmente necesitan las personas y el país: impulsar las inversiones, el empleo y el crecimiento para lograr el desarrollo social y material al que todos aspiran.
“Mientras más tiempo perdamos en emplazamientos y en discusiones, menos energía tendremos para volver a crecer”, enfatizó el líder gremial.
Además, Vicuña agregó que para el sector existen dos grupos de medidas en las cuales se debería trabajar para concretarlas en el corto plazo: las propuestas por el gremio en los últimos meses y algunas de las que contiene el “Pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal” que promueve el Gobierno.
“Nuestra industria, y la economía en general, no están en condiciones de soportar mayores impuestos, pero el Pacto que propone la autoridad contiene muchos otros elementos que impulsarían la economía y el bienestar de las personas”, detalló Vicuña.
Finalmente, el presidente detalló que es necesario pasar a la acción lo antes posible, ya que están ante una oportunidad muy relevante, que permitiría, por ejemplo, modernizar el Estado, mejorar el gasto público y el sistema de contratación pública, reducir la informalidad y atraer nuevas inversiones, entre otras cosas.
“No dejemos pasar esta oportunidad. Si se logra concretar muchas de las medias del Pacto, podemos iniciar otra etapa de desarrollo”, concluyó el presidente de la CChC.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.