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¿Cuáles son las reales posibilidades de que Chile vaya al mundial?: abogados deportivos analizan los escenarios

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El ataque emprendido por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA que interpuso una denuncia formal contra Ecuador tiene emocionados a los hinchas chilenos. En el documento acusan a la selección de tener documentación falsificada, porque uno de sus futbolistas, Byron Castillo, tendría nacionalidad colombiana y, por tanto, no podría haber jugado con los colores de esa nación. La embestida tiene como objetivo restarle puntos a esa selección y así dar paso a una clasificación de la -hasta ahora- eliminada Selección Chilena al Mundial de Qatar, que se jugará en noviembre de este año.

Muchos opinólogos han salido al ruedo. Pero la pregunta que importa es si legalmente Chile tiene una posibilidad real de sacar a Ecuador del cuadro y entrar al campeonato internacional. Para “poner la pelota en el suelo”, Tercera Consultó a abogados expertos en materia deportiva, quienes analizaron las claves que definirían el proceso: el tiempo que tarda la FIFA en decidir y las pruebas presentadas por los representantes nacionales.

Importante como punto de partida es tener claro cuál es el reclamo. Chile cuestiona que la selección ecuatoriana Byron Castillo jugó en ocho partidos de clasificación, no pudiendo hacerlo, ya que está prohibido que personas de nacionalidad distinta a la del país formen parte del equipo, salvo que cumplan con los rigurosos trámites para obtener la ciudadanía del país por el cual ese futbolista quiere defender sus colores. Entonces, de aceptarse los cuestionamientos planteados por la ANFP, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro perdería los puntos obtenidos en dichos partidos y luego se los adjudicaría a sus rivales en esas fechas: Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Bolivia. Puntos que le permitirían a la selección llegar a las 24 unidades y así clasificarse directamente al duelo mundial en Medio Oriente.

Lo ocurrido con Castillo, según los abogados de la ANFP, estaría dentro de una infracción al código disciplinario que tiene la FIFA, que se encarga de perseguir todas las faltas a sus normas establecidas. En estos casos hay tres instancias por las que podría pasar el recurso. El primero de ellos, por el que ingresó, está en la Comisión Disciplinaria de la FIFA, después hay una Corte de Apelaciones y finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que sería una especie de máximo tribunal dentro de la institución.

La investigación y análisis jurídico que llevó Chile ante la FIFA está a cargo del abogado Eduardo Carlezzo. El profesional es el mismo que logró dos puntos extra en el caso del boliviano Nelson Cabrera, quien fue acusado por Chile de no tener nacionalidad. Todo esto en las eliminatorias de Rusia 2018.

Pero Carlezzo, en una entrevista con Tercerafue realista respecto a los tiempos que existen actualmente para llevar a cabo el proceso: “En general, si aplicamos los términos generales de procesos como este, probablemente no llegaríamos a una resolución final antes de noviembre, porque hay tres instancias”.

A lo que agregó que “cualquiera de las partes, ya sea nosotros o la federación ecuatoriana, agotará todos los trámites posibles. Por lo tanto, vemos que el asunto llega al TAS.

Por lo tanto, el tiempo es uno de los puntos cruciales en cuanto a la resolución y posible clasificación de Chile. Para el abogado deportivo Daniel OrísAl ser un sistema privado, no hay plazos establecidos. Aunque advierte que “lógicamente, como hay tanta presión mediática, los resultados van a salir rápido”.

“No veo que haya razones de peso por las que podría llevar mucho tiempo. Creo que este es un tema que no solo es legal, sino también político y comunicacional. Así que no sabría decirte cuánto tardaría, eso dependerá de quién lo procese. Dada la gravedad y lo que eso significa para un Mundial, clasificar a un Mundial por la vía administrativa, no veo que sea algo que la FIFA quiera alargar, sino que lo va a querer definir rápido”, agregó. .

Opinión que compartes Francisco Moya, abogado y máster en derecho deportivo, quien sostiene que “cuando se trata de un torneo tan importante como la Copa del Mundo, los tiempos claramente se aceleran. En general tienen sus tiempos, pero aquí estamos hablando del torneo más importante que tiene FIFA. Así que sí, se acelera”.

Finalmente, una fuente conocedora y con experiencia en estos procesos FIFA confirma en lo que coinciden los abogados: habría un procedimiento rápido para no retrasar esta disputa entre equipos.

El jurista brasileño, que encabeza la defensa de Chile, una vez iniciado el proceso de investigación, señaló en entrevista con el New York Times que “el nivel, tanto en cantidad como en calidad, de la información y pruebas que hemos podido recabar Nos sorprendió incluso a nosotros”.

Los abogados consultados para este artículo coinciden en que las pruebas presentadas en este caso serían la clave principal de esta resolución. De hecho, Oris afirma que en este tipo de afirmaciones “no me atrevería a hacer un anticipo de lo que sucede, porque la realidad es la evidencia que determinará el resultado”.

Moya, por su parte, descarta cualquier posibilidad de que este caso tenga relación con lo sucedido con Cabrera, ya que en ese momento se basó en la nacionalidad adoptada por el futbolista. “A diferencia de ese caso, donde era bastante claro que el jugador no cumplía con los criterios de legibilidad, porque no había estado en Bolivia durante cinco años, este no es el caso. Es un jugador que aparentemente no tiene su documentación en regla, pero según he leído en la prensa ecuatoriana, el jugador tendría antecedentes que demuestran que el jugador nació en Ecuador”, sostiene.

Para el profesional, el esfuerzo de ambas partes radicará en demostrar si el lugar donde nació el futbolista es efectivo. Esta sería la principal dificultad de Chile, demostrando lo contrario, que va a defender al Ecuador con todas sus fuerzas.

“Lo que no puede hacer la FIFA, porque no tiene jurisdicción, es definir si el jugador nació o no en Ecuador. Lo que tendrán que hacer las partes es demostrar que una de ellas tiene razón. Chile dice que hay un certificado en Colombia, Ecuador dice ‘tengo el expediente de regularización a través de una sentencia judicial que determinó que jugando nació en el año 98 en Ecuador’, y ante una sentencia judicial de un país, la FIFA No lo iba a cuestionar”, concluye Moya.

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Dos carabineros vinculados a la Alianza Mapuche Lafkenche fueron detenidos

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La Policía de Investigaciones, con apoyo de la Armada, llevó a cabo un megaoperativo esta madrugada para desarticular la agrupación Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) en la macrozona sur.

Varios domicilios fueron allanados en las comunas de Curanilahue y Cañete en el marco de órdenes judiciales de entrada y registro.

Al menos 11 personas que estarían vinculados al liderazgo de la orgánica denominada Resistencia Mapuche Lavkenche fueron detenidas. Además, la policía incautó armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.

Entre los aprehendidos se encontrarían dos carabineros, uno en servicio activo y otro retiro. A los líderes de la organización se les imputan diversos delitos de violencia rural, robo de maderas y atentados incendiarios.

El carabinero en retiro se desempeñaba en la Comisaría de Curanilahue, en tanto, el uniformado en servicio activo realizaba labores en Los Álamos.

Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la PDI en Talcahuano.

Durante la jornada las autoridades policiales de la región del Biobío darán a conocer mayores detalles de este operativo.

El 13 de agosto la PDI detuvo a otro integrante de la organización. El sujeto fue acusado de delitos de violencia rural, registrados en la zona sur de la provincia de Arauco, región del Biobío.

Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) opera en la zona costera y cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en Arauco, Biobío. Su primera aparición pública fue el 13 de abril de 2020, cuando se adjudicó un ataque armado en contra de civiles y Carabineros que se trasladaban por la Ruta P-72S, en Lleulleu, Tirúa. También lo hizo con la detonación de bombas en un auto con el fin de destruir el Puente Lleulleu.

Según antecedentes policiales, se compone de grupos violentos que operarían como crimen organizado, ligados a la comisión de ilícitos comunes, especialmente al robo de madera e infracción a la ley de armas. No habría un mando vertical marcado en su organización y cuando atacan, lo hacen de a cinco a 15 integrantes, encapuchados, armados y vestidos de militares. Los investigadores estiman que buscan mantener el conflicto en la zona para cometer delitos comunes. Sus blancos son generalmente forestales, antenas de comunicaciones, casas de veraneo, además de vehículos civiles y policiales.

Entre los actores relevantes de este grupo que identifican las policías está Ramón Llanquileo Pilquimán, condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta en el sector Puerto Choque, en octubre de 2008. Otro integrante, según fuentes policiales, es Ociel Santi Paine, detenido en febrero de 2013 por agredir a cuatro funcionarios de la PDI en Cañete, luego de un allanamiento a la casa de su familia. También figura Domingo Mariñán Millahual, aprehendido en julio de 2019 por Carabineros tras los disparos que el dueño de una parcela realizó en defensa propia en la localidad de Tranaquepe, en Arauco, dejando a un encapuchado fallecido que sería luego identificado como Lemuel Fernández. Mariñán terminó lesionado por un disparo en el tórax.

A principios de abril de 2022, cuando el gobierno de Gabriel Boric analizaba retomar el estado de excepción que había culminado su vigencia, en Contulmo, 15 viviendas resultaron quemadas en las orillas del Lago Lanalhue luego que 40 encapuchados irrumpieran en un camping efectuando disparos. Robaron vehículos y bloquearon la ruta para facilitar su huida. La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó el ataque.

También se adjudicaron el ataque al molino Grollmus de Contulmo. Allí los atacantes realizaron disparos y procedieron a quemar el molino, así como el Ecomuseo aledaño a la estructura. Tres personas resultaron heridas de gravedad.

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El Banco de Inglaterra decide mantener la tasa

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El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa de interés de referencia para sus operaciones en el 5,25%, su nivel más alto desde abril de 2008, según ha anunciado la institución, muy dividida en la toma de sus decisiones.

De esta forma, se interrumpe la secuencia de catorce reuniones consecutivas de incrementos del precio del dinero. No obstante, el instituto emisor ha comunicado que la votación ha estado muy reñida, con cinco de sus miembros a favor de pausar los tipos frente a los cuatro que abogaban por una nueva subida de 25 puntos básicos, en línea con el alza del anterior cónclave.

En la cita de agosto, la decisión de subir los tipos en 25 puntos básicos contó con seis votos a favor, mientras que otros dos miembros del Comité votaron a favor de elevar la tasa en 50 puntos básicos y uno optó por mantenerla en el 5%, lo que ya apuntaba a la creciente división interna en el órgano de decisión del banco central.

El Comité sigue considerando que los riesgos en torno a la previsión de inflación “están sesgados al alza”, aunque en menor medida que en mayo, lo que refleja la posibilidad de que los efectos de segunda ronda de ‘shocks’ de los costes externos de la inflación sobre los salarios y los precios “tardan más en desplegarse que en aparecer”.

En desarrollo…

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Ley de Usurpaciones: La Moneda se inclina por un veto que sustituya todo el proyecto

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A más tardar el próximo viernes 29 de septiembre el gobierno debe enviar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.

La Constitución le concede un plazo de 30 días al Presidente de la República, Gabriel Boric, para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos” en la jerga legislativa.

En este caso, se trataría de un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.

El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.

En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.

Cómo estará redactado el veto en sus detalles aún no está zanjado. De hecho en el Ejecutivo aseguran que las alternativas están abiertas. Sin embargo, este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, un grupo de diputados oficialistas fue informado de la estrategia, según confirman desde distintas bancadas de la alianza gubernamental.

“Será un veto sustitutivo global”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los asistentes al encuentro. A su juicio, la propuesta gubernamental igualmente “rescata la mayoría de las normas aprobadas por el Congreso en contra de la usurpación, establece procedimientos simplificados de recuperación por parte de la fuerza pública, pero también suprime los aspectos más cuestionables” del texto que aprobó el Parlamento.

De hecho, el objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permitía a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

El diputado Jaime Araya (Independiente PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señala que “será un veto sustitutivo que hemos ido concordando”.

En la cita además participaron los diputados Andrés Giordano (Independiente Frente Amplio) y Lorena Fríes (Convergencia Social), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Raúl Leiva (PS), Marta González (Indep. PPD), además de Soto y Araya.

Junto a la subsecretaria Lobos, en representación del asesor del Ministerio del Interior, estaba el asesor jurídico de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao.

El diputado Giordano comentó que en la reunión también le presentaron al gobierno “una carta suscrita por más de 150 organizaciones, expresando nuestra preocupación por el artículo del actual texto que pone en jaque formas de manifestación (ocupaciones) en el marco del derecho a huelga y pedimos al Ejecutivo que tenga en consideración esto para el veto”.

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