La Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric estuvo marcada por 61 anuncios, de los cuales no todos dejaron contentos al empresariado, específicamente la falta de mayores medidas para impulsar la inversión.
Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), valoraron las prioridades del mandatario en temas como seguridad y crecimiento. “Consideramos oportuno que se reactive un plan de concesiones por US$ 17 mil millones y otros anuncios sobre infraestructura pública”, dijo su presidenta, Rosario Navarro.
Aun así, la dirigenta señaló que le preocupan anuncios como “la negociación ramal o las señales insuficientes para reactivar la inversión, como una baja de impuestos para igualar las condiciones que tienen los inversionistas extranjeros. Tal como dijo el Presidente, nos tenemos que rebelar a un crecimiento de 2%, pero para hacerlo necesitamos medidas concretas que nos permitan al menos duplicar nuestro crecimiento económico”.
Sobre la negociación ramal, el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Fernando García, planteó que “es difícil acoger el llamado a los empresarios a ser optimistas si se anuncia una negociación ramal que atenta contra la competitividad de la industria”.
“Como sector manufacturero, nuestra principal preocupación es el estancamiento de la productividad que exhibe Chile en los últimos 15 años. En su primera Cuenta Pública al país el presidente Boric prometió aumentar la productividad en un 1,5%, pero ya vimos que en 2023 esta cifra volvió a contraerse en alrededor de un 2%. No estamos logrando repuntar en materia de productividad y se hace evidente la necesidad de generar medidas para impulsarla”, añadió García.
Otro gremio que criticó la negociación ramal fue la Asociación de Bancos (ABIF). “En mi experiencia, los procesos más provechosos para ambas partes son aquellos que llevan a cabo sindicatos que conocen bien la empresa y colaboran estrechamente con ella. Además, es importante evitar establecer beneficios promedios que, al final, resultan inviables y perjudican a las empresas más pequeñas”, afirmó su presidente, José Manuel Mena.
En la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también destacaron los anuncios de Boric, pero pusieron la nota en que “el paso siguiente, que esperamos se dé cuanto antes, es que las ideas y los proyectos se concreten en forma urgente. No hay tiempo que perder. Los actuales niveles de actividad y crecimiento simplemente son insuficientes”, declaró el presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña.
“No obstante, es clave responder con más energía a la crisis de acceso a la vivienda e iniciativas como aumentar el impuesto a la renta o instaurar negociaciones colectivas ramales, que causarían graves daños a las pymes, son contrarias a este objetivo”, agregó Vicuña.
Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, afirmó que “el protagonismo otorgado a la seguridad es una buena señal y entregamos nuestro respaldo a la agenda de medidas que ha anunciado el Mandatario, pero todo aquello requiere ser complementado con una estrategia explícita en control, mitigación y combate al comercio informal, que se ha convertido en una vía fundamental para la comercialización de los frutos del delito y el crimen organizado”.
Para la CCS, se debe “abordar prontamente una reforma al sistema político, la que no estuvo considerada en esta Cuenta Pública, ya que para el gremio es una señal que entregaría mayores certezas y seguridad a la inversión en favor del crecimiento y desarrollo del país”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), José Pakomio, manifestó que en materia de crecimiento económico “valoramos el anuncio de que se pondrá mayor foco en la inversión, la que ha continuado cayendo (…) echamos de menos, eso sí, anuncios en beneficio de las pymes que les permitan crecer y generar nuevos empleos formales”.
Sobre negociación ramal, Pakomio expuso que “no podemos seguir presionando al empleo formal, cuando el problema se centra en quienes no cumplen ni siquiera los derechos básicos en materia laboral, como los empleos informales, que se han tomado la vida cotidiana”.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, también se sumó a las críticas por la falta de medidas pro inversión. “La economía muestra un crecimiento modesto, que no debería hacernos sentir satisfechos, y la inversión ha mostrado un significativo retroceso en los últimos años. Nosotros, como gremio que representa a la principal actividad productiva del país, hemos llamado a mejorar el marco institucional, en especial el sistema de permisos, para incrementar la producción minera y generar un millón de toneladas de cobre adicionales”.
Falta de medidas sectoriales
La Sonami también lamentó que los anuncios en minería se hayan limitado al Salar de Atacama. “No vimos nada concreto para avanzar en proyectos privados en otros depósitos de gran importancia. La industria del litio no puede depender sólo del Estado y de que éste finalmente se ponga en movimiento”, aseguran.
“Esperábamos más de la Cuenta Pública para la agricultura. El problema hídrico del país es más profundo de cómo lo planteó el presidente Boric, mencionando el plan de 12 embalses, sin detallar sus avances ni anunciar nuevas obras necesarias para las regiones de Valparaíso y Metropolitana”, dijo, por otra parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.
“En materia de incendios forestales, faltó profundizar en medidas para evitarlos. Esperamos que en la ley de incendios que se tramita en el Congreso logre considerar aspectos fundamentales como prevención, combate, investigación y recuperación”, agregó Walker, quien igualmente respaldó la creación del Ministerio de Seguridad.
El presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, valoró también los anuncios que hizo el mandatario en materia de seguridad, pero declaró que “echamos de menos anuncios de políticas que pueden retomar la inversión importante en industrias para la región y también mayor indicaciones que nos puedan dar mayor certidumbre en el punto de vista regulatorio”.
El presidente de la Multigremial de emprendedores, Juan Pablo Swett, se sumó a destacar la agenda de seguridad propuesta por el mandatario, y los avances en proyectos como la ley de compras públicas y destrabar la permisología. Eso sí, “de igual forma creemos que es negativo que se siga impulsando las negociaciones ramales que generan un daño a las pymes, además de que se siga sin escuchar a nuestro sector en un pacto fiscal que requiere un acuerdo transversal”.
“El Presidente ha señalado que Chile requiere de sus productos forestales y no podemos estar más de acuerdo con ello. Para eso, dado la crisis que atraviesan miles de pequeños productores y afecta fuertemente el empleo en el sector, hay que ingresar con urgencia una Ley de recuperación y creación de nuevos bosques”, postuló, en tanto, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte.
A su vez, el presidente de Alimentos y Bebidas de Chile A.G., Gonzalo Uriarte, calificó la Cuenta Pública como “un duro golpe a las pequeñas y medianas empresas”. “Intentar forzar una igualdad salarial por ley es no conocer la inmensa diversidad dentro del universo de más de un millón y medio de empresas que existen en el país en que más de un millón son micro y pequeñas”.
Muy en línea con lo planteado sobre seguridad, el presidente de la Asociación de Empresas Familiares (AEF), Arturo Palma Matetic,dijo que “faltaron medidas para impulsar el crecimiento económico. Necesitamos urgentemente promover la inversión de lo contrario no saldremos de este estancamiento ni nos acercaremos al desarrollo”.
Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMDG) están en el ojo de todos. Nacieron a mediados de la década pasada como una apuesta para diversificar la matriz energética e impulsar pequeños proyectos de ERNC (de hasta 9 MW), y así eliminar las barreras de entrada, fomentando el ingreso de nuevos actores al sector eléctrico.
Con el tiempo, estos proyectos han ido pasando a manos de grandes inversionistas; fondos internacionales y globales de inversión, situación que los tiene en la mira del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, el 23 de enero de este año, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo, ofició a todas las empresas con el objetivo de conocer sus respectivas estructuras societarias. Hoy tras siete meses, el ente ya tiene el listado, y está trabajando en el proceso de consolidación, con la finalidad de tener una radiografía clara de quienes son y a qué inversionista o grupo controlador pertenecen.
La razón que hay tras esta inquietud, es que a la fecha existen 828 unidades de PMGD en operación en Chile, de las cuales 77,2% son solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de 3.252 MW, que se ubican mayoritariamente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío. A ellos se sumaría otros 2.336 MW que se encuentran en construcción, siendo el 96% solar fotovoltaico.
El punto de mira, es que lo que partió como una apuesta para que pequeños proyectos abrieran las puertas a las renovables, hoy se han convertido en un actor relevante y con ciertas ventajas al contar con un precio garantizado.
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El factor precio
Para los críticos, el precio estabilizado implicaría un subsidio irregular del cual gozan estos desarrollos, lo cual distorsiona el proceso competitivo al aumentarle el costo a un subconjunto de generadores, incluso renovables, que deben pagar a los PMGD.
Dada la gran cantidad de oferta de pequeños generadores que existe en el horario diurno, el costo marginal se está yendo a US$ 0, lo que es una clara señal de mercado que muestra que existe exceso de energía en dicho horario.
Es así como los fotovoltaicos, que representan más del 90% de la capacidad instalada PMGD, acumulan traspasos –por parte de otros generadores- que superan US$ 500 millones anuales.
La alerta para los actores del sistema, que promueven una revisión o adecuación reglamentaria de los Decretos Supremos N88 y N125 (que regulan a estos proyectos) es que, para 2025, existirán casi 5.000 MW de solar fotovoltaico de capacidad instalada en el país, para una demanda máxima a nivel nacional de aproximadamente 10.000 MW durante las horas diurnas. Por lo tanto, en 2025 sobre el 40% de la demanda nacional durante el día se podría abastecer solo con PMGD.
Otra consecuencia, tiene que ver con el aumento del vertimiento de energía en el sistema y el consecuente aumento de los costos marginales nulos en horario diurno, ya que mientras los pequeños tienen un alto precio por su energía, el resto de los generadores debe botar la propia y vender el resto a precio nulo, debiendo asumir además el costo de pagar por la energía PMGD, costo que es traspasado a los clientes.
Al respecto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) asegura que “el cargo por precio estabilizado había sido fluctuante, hoy ha estado subiendo permanentemente y con valores que van desde los 4 a los 7 US$/MWh en el corto plazo y que incluso pueden llegar a cerca de US$ 10 en el mediano plazo, si siguen entrando proyectos con régimen de precio de nudo. En términos comparativos, lo que pagan los clientes (tanto libres como regulados) por precio estabilizado ha sido en algunos meses más de lo que se paga por toda la transmisión nacional. Es urgente que hagamos algo con este tema. Hoy, el cargo por precios estabilizado es uno de los principales cargos sistémicos”.
Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles, explica que esta es una industria atomizada con una variedad de participantes. “Hay empresas internacionales y locales, desarrolladores, PYME y fondos de inversión, de impacto y de pensiones. Esto es un éxito del propósito legislativo de la ley corta que justamente buscaba, con la regulación de PMGD fomentar la entrada de nuevos actores a la industria. Los pequeños generadores por su condición de distribuidos, contribuyen a mejorar y fortalecer la red de distribución existente y constituyen un aporte fundamental a la descarbonización de la matriz”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, Darío Morales, defiende estas iniciativas, señalando que se han invertido más de US$ 3.000 millones en centrales de generación ubicadas estratégicamente cerca de los centros de consumo, además de aproximadamente US$ 100 millones en refuerzos a las redes de distribución. Agrega que es necesario mejorar la regulación en este contexto, “tener generación próxima a los centros de consumo no solo reduce las pérdidas de transporte de energía, sino que también permite a estas unidades ofrecer servicios que mejoran la continuidad y la calidad del suministro para los clientes conectados a las redes de distribución”, explica.
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La otra discusión
En forma paralela, los PMGD también están siendo objeto de discusión ante los cambios que se quieren hacer en el decreto que los regula y que contempla un régimen transitorio que permite continuar vendiendo a un precio estabilizado. A través de una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, se está estudiando la situación de estos proyectos, lo que podría implicar una revisión del precio estabilizado y su formulación. Esto tiene en alerta a los inversionistas de proyectos que han visto en el mercado chileno una opción de inversión relevante, toda vez que existe un precio estabilizado (y para algunos asegurado) de US$ 70 MWh. En paralelo, la CNE anunció cambios en la norma técnica de conexión.
Pero la industria también está en alerta por otro punto no menor. En el marco de la estabilización tarifaria, surgió la idea de que los PMGD le vendan energía a las empresas distribuidoras, es decir, a clientes regulados. El problema que levantan con esta propuesta, es que hace ya varios años que las generadoras no logran vender toda la energía que está comprometida en sus contratos con regulados, por lo cual, abrirle espacio a los PMGD no tiene a nadie contento; ni a los incumbentes, ni a las renovables que tienen de esos contratos, por tanto, desde todos los sectores anticipan que se vienen tiempos de nuevas discusiones y batallas en el sector eléctrico.
EL MAPA DE LOS PMGD, QUIÉNES ESTÁN TRAS LOS PROYECTOS
Más allá de la discusión, el desarrollo de los PMGD ha implicado el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, lo que ha ido cambiando el mapa y diversificando las empresas e inversionistas. Partieron como proyectos de pequeños inversionistas, pero con el tiempo, su atractivo precio estabilizado, comenzó a llamar la atención de los grandes. Estos son:
Carbon Free: firma canadiense, que en Chile cuenta con alrededor de 361 MW en 50 proyectos.
Aediles: La canadiense gestiona la cartera de 47 proyectos PMGD de BlackRock en Chile, que suman 297 MW.
CVE Group (Cap Vert Énergie o Changing Visions of Energy): de origen francés, cuenta con una cartera de proyectos PMGD por 255,8 MW en operación y construcción.
oEnergy: fundada en 2013 por los ingenieros chilenos Ricardo Sylvester y Yuri Andrade para el desarrollo, construcción y operación de plantas fotovoltaicas en el segmento PMGD. Cuenta en la actualidad con 49 proyectos y 173 MW en operación y construcción.
Matrix Renewables: empresa española cuenta en Chile con una cartera de PMGD de aproximadamente 430 MW en 79 proyectos de energías renovables en operación, desarrollo y construcción. Respaldada por el Grupo TPG, plataforma global de inversión de impacto que gestiona en el mundo activos por unos US$ 18.000 millones a través de The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund y cuyos fundadores son el cantante de U2 Bono y Jeff Skoll, exfundador de eBay, y cuenta entre sus accionistas a Jim Coulter, Richard Branson (Virgin Group) y Paul Polman (exChairman de Unilever).
Solek: es una empresa de origen checo que explota y tiene en construcción cerca de 40 centrales fotovoltaicas en Chile con una capacidad de 250 MW.
Grenergy: empresa española que en Chile cuenta con 80 plantas y unos 146 MW en operación y construcción. Hace unos meses inauguró el proyecto a Gran Teno de 240 MW (la planta con baterías más grande de Chile) y Oasis Atacama el proyecto de almacenamiento que tiene una capacidad de más de 4,1GWh, y cerca de 1GW solares, actualmente en construcción.
Reden: cuenta con 180 MW. Sus dueños son el consorcio formado por los grupos financieros administradores de fondos: Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG).
Sonnedix: de propiedad del fondo de inversión estadounidense JPMorgan Asset Management -en Chile su presidente es el exsubsecretario de Energía y presidente de Acera, Sergio del Campo-, cuenta con 125 MW en Chile.
Toesca Asset Management: fundada en 2016 por Alejandro Reyes, Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Alejandro Montero, ex Celfin Capital, ha incursionado en los PMGD contando con alrededor de 109 MW.
Otros actores son: Inter Energy asociado al fondo de inversión Brookfield (45 MW), S-Energy de capitales coreanos (65,7 MW), Prime Energía de EnfraGen (126 MW), Chile Solar (27 MW),Inversiones Consorcio Energético Nacional (45 MW), Sun Grow Power (31 MW), Langa (27 MW), Next Energy (27 MW), Solar Pack (27 MW), Enel Green Power (24,5 MW).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.