La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y envió al Senado -a segundo trámite- el proyecto impulsado por el Gobierno sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, el cual establece un procedimiento excepcional para el levantamiento del secreto bancario, modifica la Norma General Antielusiva (NGA), se crea el denunciante anónimo y se fortalecen las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, entre otros aspectos.
El texto, que según el Ministerio de Hacienda, busca recaudar 1,5% del PIB, contó con el apoyo mayoritario del oficialismo y la derecha votó, con algunas excepciones, en contra de las modificaciones al secreto bancario y la NGA.
Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de problemas para que el Ejecutivo lograra las mayorías necesarias. Es así que como si bien se aprobó gran parte de la propuesta de Hacienda, hubo normas que no alcanzaron el quórum.
En el levantamiento por norma general del secreto bancario, se rechazó el procedimiento judicial; y en la Norma General Antielusiva se rechazó “transformar al SII en juez y parte, porque el articulado que habilitaba al SII a declarar una conducta como elusiva no prosperó”, explicó el diputado Guillermo Ramírez (UDI).
El parlamentario planteó que “si le vamos a dar al SII más atribuciones en particular la NGA, tenemos que fortalecer la institucionalidad y hacerla más profesional y menos influenciable por el gobierno de turno para no tener problemas en la interpretación de estas normas. Espero que en el Senado se perfeccione”.
En contraposición, para el diputado Jaime Sáez (RD) el texto “entrega garantías a los contribuyentes respecto a una adecuada defensa y es importante que no se caiga en caricaturas de un supuesto súper poder incontrolable del SII, eso es mentira; es un servicio que en pocos casos ha caído en arbitrariedades y, cuando eso ha ocurrido, ha sido sancionado”.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que las normas rechazadas generan incongruencias en el texto que espera resolver en el Senado, pero que gran parte de lo propuesto por el Ejecutivo se aprobó generando una señal de que no se van a permitir fraudes tributarios y los responsables serán perseguidos.
Respecto a la norma excepcional aprobada -que no alertará a los contribuyentes de la apertura de sus cuentas hasta que el banco haya entregado la información al SII- dijo que “levantar el secreto bancario para alguien que está incurriendo en un delito tributario y pensar que hay que defender a aquel que es sospechoso de un delito tributario es un contrasentido total, por qué en caso de delito tributario habría que avisarle al delincuente que se le va a levantar el secreto bancario”.
La autoridad sostuvo que el proyecto “no solo contempla sanciones, sino que apoyo a contribuyentes” y vinculó la importancia de la norma con casos como el llamado “mega fraude tributario con más de 100 mil facturas falsas emitidas por cerca de 60 empresas; este proyecto tiene normas que podrían haber colaborado a una detección temprana” de esos hechos.
Afirmó que se trata de “un proyecto equilibrado que busca hacer que se cumpla con obligaciones tributarias, pero teniendo los mecanismos de transparencia y contrapeso que permitan evitar cualquier tipo de abusos en esta materia”.
A continuación, el detalle de los principales contenidos de la ley.
Secreto bancario
Se establece un procedimiento excepcional de levantamiento del secreto bancario para procedimientos de fiscalización respecto a materias como delitos tributarios y de elusión en operaciones internacionales, en línea con la tendencia abrumadoramente mayoritaria a nivel OCDE. Este procedimiento se podrá accionar solamente una vez que se ha notificado al contribuyente que el SII ha abierto una fiscalización y por lo tanto, posee indicios de posibles faltas a la normativa tributaria, y requiere siempre la autorización de un juez para acceder a la información. El proyecto se orienta a focalizar los esfuerzos institucionales en aquellos casos que presenten señales de irregularidad.
Norma General Antielusiva
Siguiendo la tendencia de todos los países en el mundo (salvo Chile y Suiza), se establece que la calificación de la elusión corresponde a una facultad del SII a nivel administrativo, previa consulta a un Consejo Asesor Consultivo (CAC) de carácter externo y compuesto por personas con reconocida experiencia en materia tributaria o económica. Además, se mejora la regulación de la carga de la prueba, estableciendo que acreditar el abuso o simulación es responsabilidad del SII, mientras que acreditar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes será responsabilidad del contribuyente. Asimismo, y a solicitud de las Pymes, se eleva el mínimo para la aplicación de la NGA desde 250 a 1.000 UTM (casi $70 millones) de diferencia de impuestos, por lo que en la práctica esta herramienta se enfoca en grandes contribuyentes.
Denunciante anónimo
Se introduce la figura del Denunciante Anónimo para perseguir delitos tributarios, tal como ya se implementó en el mercado de valores. Quienes denuncien estos delitos tendrán garantizado su anonimato para evitar posibles represalias. Sin embargo, realizar denuncias anónimas maliciosamente falsas será un delito con sanciones penales e importantes multas.
Apoyo PYME
Se reduce la tasa de interés de deudas tributarias desde 18% a una tasa variable que oscilará en torno a 6-7%. Se establece la posibilidad de realizar convenios preferentes de pago de deudas tributarias para las Pymes, en 18 cuotas, con un pie de 5%, y condonación de intereses y multas.
Se implementa una nueva norma que permite la declaración de incobrabilidad de deudas tributarias, y una medida para solicitar de oficio la prescripción de deudas. Se establecen normas transitorias en materia de convenios de pago, incobrabilidad y prescripción de deudas antiguas; y se fortalece la Defensoría del Contribuyente (Dedecon).
Combate informalidad
Se mejora legislación para que todas las plataformas digitales extranjeras deban quedar sujetas al pago del IVA por los bienes que comercializan. Se obliga a los bancos a reportar al SII la cantidad de transacciones de RUT distintos que recibe un contribuyente, si es que ha recibido más de 50 transacciones en el mes o 100 en el semestre desde RUT distintos, existiendo indicios de una actividad comercial. Se faculta al SII para implementar sistemas de trazabilidad sobre cualquier tipo de bien, señalando expresamente que el mayor costo de la implementación de estos sistemas es de costo fiscal.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.