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Demanda de Javiera Blanco en contra del Estado: Peribonio admite presiones mediáticas y afirma que presidenta del CDE no tenía facultad para pedir renuncia

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En septiembre de 2022, la exministra del Trabajo y de Justicia, Javiera Blanco, en una acción judicial inédita demandó al CDE, a quien acusó por falta de servicio al haber permitido que su expresidenta María Eugenia Manaud desplegara conductas que ella califica como “abusivas” y que generaron una presión indebida e ilegal para obligarla a renunciar como consejera del CDE en octubre de 2018, menos de dos años de haber sido designada en el codiciado puesto por la expresidenta Michelle Bachelet.

Desde la interposición del libelo, poco había avanzado el juicio civil, hasta esta semana, cuando se activó en tribunales dar inicio a la etapa probatoria. Hasta el Cuarto Juzgado Civil de Santiago tuvieron que comparecer testigos de ambas partes. Por el lado de Blanco, fue su íntimo amigo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y los abogados Johanna Heskia y Alejandro Espinoza, quienes la representaron en las causas penales que debió enfrentar en el pasado y que -actualmente- todas están cerradas o sobreseídas. La presencia de ellos fue para dar cuenta de cómo vivió emocionalmente esa etapa y la afectación que tuvo en su entorno familiar y laboral lo ocurrido en el CDE.

Otros de los convocados fueron los consejeros del CDE Juan Peribonio y Mariana Valenzuela, quien en la época de Blanco era abogada jefa de litigación.

Juan Peribonio, consejero del CDE.

Los principales argumentos de la demanda son las presiones consideradas indebidas por parte de Manaud. En el libelo, patrocinado por el abogado Andrés Astudillo, la exsecretaria de Estado acusa que “la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado desempeñó sus funciones sin ecuanimidad e impartió instrucciones particulares y subjetivas, dificultando o derechamente impidiendo la concurrencia de condiciones adecuadas para que mi representada cumpliera con sus funciones en el Consejo y, por ende, del servicio”.

Agrega que “la animosidad de la entonces presidenta y jefa superior del servicio hacia mi representada la llevaron, además, a desplegar conductas abiertamente abusivas, considerando su posición, ignorando e infringiendo las pautas legales para su cargo, y que de haber actuado con sujeción a ellas, no habría presionado injustamente a la demandante para obtener su renuncia, pues sus obligaciones como jefatura limitaban su actuación a pedir explicaciones por las imputaciones que se formulaban a mi representada y a ordenarle formular descargos públicos”.

El abogado Astudillo explicó a La Tercera que “la demanda reprocha el comportamiento del CDE, que es el órgano llamado a hacer valer el cumplimiento de la ley y de las garantías procesales, como lo son el principio de inocencia, y el trato justo y digno a sus propios miembros. En el caso de Javiera Blanco, tales garantías y protección no se cumplieron, vulnerándose el derecho a la estabilidad en el empleo, siendo víctima de una verdadera destitución irregular”.

Junto con esto y tras la primera semana de testificación, sostuvo que “en relación al trato dado por el CDE a Javiera Blanco, nos llama poderosamente la atención la incidencia de los medios de comunicación en la adopción por parte de dicho órgano de medidas internas relevantes contra ella. Eso pone dudas sobre la independencia y capacidad de la entidad, para resolver situaciones complejas en base a sus reales méritos”.

EUGENIA-MANAUD--WEB
María Eugenia Manaud, expresidenta del CDE, quien renunció al cargo.

Uno de los puntos que debió contestar Peribonio, quien también ejerció como presidente del CDE, es si ese cargo permitía solicitar la renuncia de otro consejero. Al respecto, el abogado respondió que “como ya me referí anteriormente, el presidente del CDE no tiene facultad alguna ni de control ni de supervisión respecto de los consejeros, estamos en un plano de igualdad con el presidente, quien solo asume temporalmente y en un periodo acotado de tres años, como jefe de servicio para efectos administrativo internos”.

Blanco alega que Manaud se apartó del principio de probidad administrativa, ya que no tuvo -a su juicio- una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto como les exige la ley a los jefes de servicio. “Esta infracción se materializó en definitiva mediante la actuación de la presidenta, quien presionó ilegítimamente a la demandante para que renunciara a su cargo, y a los consejeros para que, por su lado, también la presionaran en el mismo sentido”, se consigna en la demanda.

Juan Peribonio expresó además que “los consejeros tienen lo que denominamos la inamovilidad y permanecemos en el cargo hasta los 75 años y cesan en este por las causales que están en el estatuto administrativo y por petición del Presidente de la República, quien debe recurrir al acuerdo del Senado, en consecuencia, el presidente del CDE no tiene facultad y nunca la ha tenido para pedir la renuncia del cargo de algún consejero”.

Sobre la carta que la expresidenta del CDE envió a Blanco, Peribonio dijo que no sabía de su existencia hasta que la consejera renunció y dio a conocer dicha misiva a través de una entrevista. “Puedo señalar que se trataba de una carta que manda la presidenta Manaud en un contexto estrictamente personal, en la cual le manifiesta su opinión respecto a estos sucesos que rodeaban a estas imputaciones penales y lo que significada también para el CDE toda vez que estas imputaciones penales podían estar dentro de la órbita de la competencia como legitimando activo para perseguir la responsabilidad penal de los partícipes de dichas conductas en donde también se encontraba la consejera Blanco”, dice.

Javiera Blanco, exconsejera del CDE.

Junto con esto, Peribonio expresa que en el documento Manaud hace ver “su preocupación personal por la imagen de una institución centenaria como es el consejo” y hace alusión a presiones mediáticas de la prensa. A esta situación, dice, se sumaba “de alguna manera también mucha tensión a los funcionarios, porque incluso recuerdo que durante largas jornadas grupos de periodistas se apostaban en las inmediaciones del consejo con cámaras de televisión grabando a los que entraban y salían del edificio”.

Pese a admitir esto, el consejero sostuvo que a él no le parecía que la carta “constituyera presión ilegítima, simplemente fue la forma de transmitir la opinión personal sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento, puesto que de manera alguna el presidente puede obtener la renuncia de un consejero, el que puede pedir la renuncia de un consejero es el Presidente con acuerdo del Senado. Me da la impresión que fue una carta dirigida más bien con el ánimo de reflexionar de lo que estaba sucediendo, dejándole enteramente a decisión de la consejera su futuro en el consejo, para que ella lo meditara”.

El alcalde Carter, que mantiene una amistad de 33 años con Blanco, a quien conoció en Derecho UC, manifestó ante el tribunal el daño que él mismo presenció que tuvo la abogada durante la época en que asegura fue presionada a dimitir.

“Fui testigo directo del nivel de angustia que ella vivió en el periodo en que allí se desempeñó”, sostuvo. Junto con esto, agregó que “las presiones son las que Javiera me comentaba, referidas a su entorno profesional, a sus colegas en el Consejo, que la hacían sentir una profunda incomodidad por su presencia en la institución. Esto era precisamente lo que le provocaba angustia y decepción, porque no se lo espera por el nivel profesional de sus colegas. Y el periodo, esto debe haber sido el segundo semestre del 2018, por ahí, fue antes del estallido social”, declaró.

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida.

FOTO PEDRO RODRÍGUEZ

Junto con esto, dijo ante el tribunal que “Javiera Blanco llevaba muchos años sufriendo un acoso comunicacional y judicial y para más de alguien era muy incómodo que ella estuviera en el Consejo. Además es que era un hecho público y notorio que la forma en que se generan los nombramientos, tiene una clara connotación política y dicho sistema ha sido cuestionado en el último tiempo. Eso implica, desde luego, una situación controvertida por el Consejo, en cuanto a su nombramiento y funcionamiento y en ese contexto, Javiera Blanco se había convertido, y así lo sentía ella, en un chivo expiatorio mucho más profundo”.

Finalmente, el jefe comunal expresó que él creía que en Chile los procesos penales se ganaban en la arena mediática y que eso ocurrió en el caso de su amiga Javiera, ya que recibió una serie de querellas que abrieron procesos penales pero que no tuvieron futuro más allá del menoscabo. “Como he señalado precedentemente, nunca en 30 años de conocimiento recíproco había visto tan afectada a Javiera en términos humanos. Nos hemos acompañado en duelos familiares, en pérdidas personales que han implicado pena para ambos, pero nunca había visto tanta decepción y sensación de injusticia como en esta ocasión”, sostuvo.

La próxima semana continuarán los testimonios de ambas partes, en un contragolpe de la exconsejera que pide al Fisco ser indemnizada, considerando el daño moral provocado, pero también el económico al haber dimitido a un cargo que le reportaría una remuneración permanente hasta los 75 años. En el libelo, al que accedió La Tercera, la exministra pide una compensación económica de $ 387.733.776, o -en subsidio- lo que la justicia determine procedente conforme a derecho.

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Solicitan evacuar sector en Rancagua por desborde de estero

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En la mañana de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar un sector de Rancagua, Región de O’Higgins.

Se trata del sector Santa Elena, que se vio afectado por el desborde del Estero La Cadena.

El organismo instó a la comunidad a actuar con calma y acatar las indicaciones proporcionadas por las autoridades.

En las últimas horas, Senapred también ha solicitado evacuar sectores de otras comunas de la región –Codegua, Las Cabras, Graneros y San Vicente– por los desbordamientos de caudales que han provocado las precipitaciones.

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Rescatan a 3 adultos mayores tras remoción de masa en Codegua

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Durante la madrugada de este sábado, las precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra que afectó a una familia en Codegua.

En específico, la remoción de masa ocurrió en la Quebrada de Los Salas, ubicada en el sector precordillerano de la comuna.

El fenómeno motivó que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitara evacuar el sector.

Tres adultos mayores fueron rescatados por Bomberos, luego de que el barro cayera sobre una de las viviendas en el sector y posteriormente fueron atendidos por personal de salud.

El alcalde de la comuna, José Flores hizo un llamado a evitar acercarse a la quebrada e informó que esta jornada se efectuará una reevaluación de las condiciones del sector.

Foto: Municipalidad de Codegua.

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Bonos verdes: crece popularidad como alternativa de empresas

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En el mundo bursátil, los bonos verdes, usados por los emisores para financiar proyectos con fines medioambientales, están robándose las miradas.

Para los analistas, abundan las razones de su creciente atractivo. Pablo Bawlitza, gerente de finanzas corporativas de BCI, explica que la creciente importancia mundial por el cambio climático ha desarrollado la proliferación de fondos de inversión destinados a cartera de activos con calificación verde o ESG; y al mismo tiempo, los esfuerzos medioambientales han derivado en una gran cantidad de convenios y acuerdos internacionales que han puesto restricciones relevantes a la inversión en bonos no vinculados a actividades ESG.

“Los bonos verdes corresponden a instrumentos financieros de renta fija que califican en una de las categorías ESG (sustentables). Bonos cuyo uso de fondos o los compromisos asumidos por el emisor, están vinculados a actividades de protección y control de contaminantes provocados por las actividades de las empresas emisoras o sus filiales”, dice Bawlitza.

Raimundo Alcalde, jefe de ESG de LarrainVial Asset Management, destaca el rol de los SLB (bonos vinculados a la sostenibilidad por sus siglas en inglés), ya que las compañías que los emiten se comprometen a llevar a cabo ciertas metas predefinidas de sostenibilidad. “Si alguno de estos objetivos no se cumple, la empresa aumentará la tasa de interés del bono, beneficiando a los inversionistas y también presionando a la empresa para mejorar su desempeño en sostenibilidad”, asegura.

Bonos verdes: su creciente popularidad y por qué son una buena alternativa para las empresas

Basándose en la emisión de los bonos sostenibles por parte de las empresas, Alcalde asegura que los denominados verdes ocupan un papel preponderante: entre enero y marzo los SLB representaron casi un 11% de todos los bonos corporativos en circulación en Latinoamérica. “De todas las emisiones del primer semestre, el 27% fueron sostenibles, y los (bonos) verdes dominan”, agrega.

Así, casi un 70% tanto de los SLB en circulación como de las nuevas emisiones en el primer semestre, son bonos verdes. “Su popularidad puede ser explicada por el apetito que ha tenido el mercado por ellos, dada la urgencia de mitigar los efectos del cambio climático en la región y la relevancia que ha cobrado para las empresas el impacto ambiental de sus operaciones en la sociedad. Por otro lado, y ligado a esto último, cada vez más inversionistas han comenzado a integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus análisis de inversión”, señala.

Chile, Brasil y México son líderes del mercado de bonos en Latinoamérica, mediante la emisión de bonos sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. Según un reporte de S&P Global de febrero, los SLB siguen siendo relativamente más frecuentes en A. Latina que en otras regiones.

Reinalina Chávarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile, está convencida de que los bonos verdes estimulan la participación de las entidades financieras e inversionistas institucionales, a través de sus estrategias de negocios, para contribuir a la descarbonización de la economía.

Esta herramienta cuenta con la posibilidad de ofrecer inversiones a mayor plazo en actividades o proyectos con bajo impacto en emisiones de gases de efecto invernadero y que, al mismo tiempo, generan resultados positivos en el medioambiente y sobre las personas. Para la académica, estos principios sirven para orientar las decisiones de inversión de una compañía o un conglomerado de negocios: “Es lo que conocemos como finanzas sostenibles”, puntualiza.

Según Chávarri, a corto plazo la sustentabilidad es una definición estratégica de las firmas: mirar el largo plazo con sus impactos y riesgos: “Lo anterior, permite diseñar e implementar estrategias con metas e indicadores que muestran de manera objetiva que, al adherir a tales principios de inversión, es posible crecer y desarrollarse a la vez”.

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